Caso Venegas: ofensiva, sobresalto, repliegue
por Jorge Raventos
El viernes 11 de febrero, a la misma hora que en Egipto millones de ciudadanos celebraban el fin del gobierno de Hosni Mubarak, en la Argentina decenas de movilizaciones simultáneas, en distintos puntos del país, protestaban contra la detención de Gerónimo Venegas, el secretario general de UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales.
Esa mañana, los diarios argentinos lucieron en sus primeras planas la foto de Venegas –que ejerce la titularidad de las 62 Organizaciones gremiales peronistas- rodeado de hombres de la Policía Federal que lo conducían esposado a un calabozo.
La orden de detención había sido librada por el juez Norberto Oyarbide. Este magistrado ha alcanzado notoriedad pública por muchos motivos, pero uno de los que más se evocan últimamente es el fallo de su autoría que desestimó en tiempo record la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner.
En el caso de Venegas, Oyarbide pareció superarse a sí mismo al dictar el encarcelamiento del dirigente sin siquiera haberlo indagado, en una medida que tomó inclusive de sorpresa al fiscal actuante, Luis Comparatore: el magistrado privó a Venegas de su libertad el jueves 10 y prometió indagarlo (es decir: darle la primera oportunidad de defensa) recién el sábado 12.
El hecho de que el secretario general de UATRE haya respaldado en 2008 el reclamo de los productores agrarios contra la Resolución 125, haya sido en 2009 un armador fundamental del triunfo electoral de Francisco de Narváez sobre Kirchner y sea hoy uno de los pilares de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde inevitablemente provocó la suspicacia de que la resolución y los ásperos modales jurídicos exhibidos por Oyarbide constituían la manifestación judicial de una represalia política motorizada por el gobierno.
Que el juez atendiera el viernes 11 una sugerencia de la Casa Rosada (transmitida por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini) y decidiera adelantar a ese mismo día la indagatoria no hizo más que intensificar las sospechas: si hora aceptaba el consejo de frenar, ¿no había acelerado antes por la misma influencia oficial?
Lo cierto es que el gobierno se asustó entre el jueves y el viernes por las reacciones que había producido la agresión contra Venegas. El líder del UATRE es un dirigente gremial muy estimado, que convirtió a su organización en una de las más numerosas en afiliados (y más eficaz en sus prestaciones) y, quizás porque es un hombre que prefiere los tonos moderados y el perfil bajo, hace falta una circunstancia como el castigo instrumentado por Oyarbide para apreciar la solidaridad que irradia. A partir de su arresto no sólo se movilizó su gremio, sino buena parte de la oposición política (desde el Pro hasta la UCR, empezando por las distintas expresiones del peronismo federal, claro, pero llegando inclusive hasta expresiones de la Coalición Cívica), las entidades rurales (que en muchas localidades de provincias salieron a la vera las rutas junto al sindicato de peones) y todas las carpas del sindicalismo, obviamente la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo (que coincide con Venegas en el peronismo federal), pero también la CTA y –dato que terminó de desconcertar a la Casa Rosada- hasta la CGT que encabeza Hugo Moyano.
No hay duda de que sectores del gobierno venían alentando los ataques contra Venegas: su acción se venía desplegando desde unas semanas antes y era notoria en una campaña sobre “el trabajo esclavo” difundida por los medios oficiales y paraoficiales en la que se apuntaba contra la organización de los trabajadores rurales (y contra el campo en general). La decisión de pasar de esa fase de propaganda a la represalia no fue acompañada unánimemente en el seno del gobierno. Un cargo destacado de Balcarce 50, que trabajó junto a los Kirchner desde el principio, no vaciló en atribuir este curso de acción a “los termocéfalos”, palabra con la que designa a algunos sectores progresistas del kirchnerismo (“no a todos”) , que “promueven guerras que nos llevan a la derrota”.
Al parecer, esta ofensiva se vendía como multifuncional: no sólo se proponían desacreditar a “un socio de las patronales agropecuarias” como Venegas, golpearlo y descalificar a Eduardo Duhalde (aliado seguro de Mauricio Macri), sino también, de paso, esgrimir una espada de Damocles sobre el conjunto del sindicalismo, al que consideran “retobado” en materia salarial con miras a las paritarias, con reclamos "insostenibles"
El plan de “los termocéfalos” descripto en ese relato no careció de consecuencias. Veamos.
Por un lado le ofreció a Duhalde la oportunidad de ubicarse en el centro del ring y de exhibir sus cualidad como jefe político. Mientras el procesamiento del recaudador de la campaña presidencial de Cristina Kirchner, Héctor Capacciolli, mostró a un oficialismo que trataba de tomar distancia del procesado, endosándolo al primero que se cruzara (“Capacciolli era de Alberto Fernández”, batía, por ejemplo, Carlos Kunkel), Duhalde no dudó un instante en salir en defensa de Venegas, en articular las protestas contra su detención y en apuntar al oficialismo: “Con este gobierno todos los opositores estamos en libertad condicional”.
La ofensiva contra Venegas, por otra parte, enfrentaba al gobierno con dos sectores estratégicos: el campo y el movimiento obrero. Los productores rurales ya estaban alertados de que la campaña contra Venegas y el UATRE formaba parte de una acometida más amplia contra el sector y reaccionaron de sobrepique, ofreciendo su solidaridad al UATRE e integrándose a los reclamos por la libertad del dirigente arrestado. En cuanto al movimiento obrero, aunque Hugo Moyano mañereó antes de allanarse a citar de urgencia al Consejo Directivo de la CGT, como le reclamaron varios miembros del cuerpo, finalmente puso su firma en el documento de solidaridad con Venegas, que resumía: “No caemos en la ingenuidad de no advertir la intención manifiesta que busca debilitar al movimiento obrero”.
En fin, el presunto plan de operaciones de “los termocéfalos” ofreció también la chance de que se observara la velocidad de la reacción en apoyo de Venegas. En estos días tan influidos por las crónicas del Egipto sacudido por movilizaciones de la generación de Twitter, la rapidez de reflejos así como la extensión agilidad y simultaneidad de los respaldos callejeros a Venegas introducen datos a tomar en consideración.
En cualquier caso, esa suma de consecuencias imprevistas sobresaltó a la Casa Rosada. La ofensiva se transformó en repliegue. Se modificó la trayectoria de Oyarbide. Venegas fue liberado.
Los cambios de rumbo, las alarmas, el tránsito rápido del ataque a la retirada, de la euforia a la depresión, cuando ocurren en el poder son manifestaciones de confusión política.
El gobierno no termina de definir dónde quiere estar parado ni cuál será su base de sustentación electoral y su fuente de inspiración política. Algunos de sus miembros, con el argumento de que necesitan sumar votos al caudal de la señora de Kirchner (insuficiente para eludir la necesidad de segunda vuelta), se esfuerzan por darle presencia a candidatos de la izquierda y el progresismo, a riesgo de que esa presunta suma termine alejando el voto peronista que fue en 2007 la fuente principal de los sufragios que llevaron a la señora a Balcarce 50.
El progresismo oficialista insiste (ahora, al parecer, con el apoyo de la propia Presidente y de Hugo Moyano) en emplear el mecanismo de las llamadas “listas colectoras” para que la izquierda le dé su sufragio a Cristina Kirchner y compita con el resto de los candidatos peronistas en la provincia de Buenos Aires.
El devaluado jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tal vez buscando algún palenque hospitalario, salió a respaldar las colectoras y citó para apuntalarlas el ejemplo de Perón en 1973. “Perón las inventó”, dijo Fernández. No es así.
En septiembre de 1973 Perón y su esposa, María Estela Martínez, fueron candidatos con la boleta del FREJULI y también con la boleta del Frente de Izquierda Popular. Pero la boleta del FIP no era una “colectora”, sólo contenía los nombres de la fórmula presidencial; ponía, no sacaba: sumaba votos de izquierda a esa fórmula pero no llevaba candidatos a cargos menores que compitieran con los candidatos de la estructura propia del peronismo. Esa es la diferencia sustancial con las colectoras que el progresismo oficialista propone ahora: estas colectoras están hechas para competir con los candidatos del peronismo en los niveles provincial y municipal.
Sería distinto si se separaran temporalmente la elección a presidente de la elección provincial: en ese caso seguramente el justicialismo bonaerense no tendría inconveniente en que otras fuerzas llevaran en sus propias boletas el nombre del candidato presidencial peronista, si están dispuestas a competir por los cargos provinciales en otra fecha y sin usar aquel paraguas común para generar una competencia desleal.
A diferencia de lo que afirmó el jefe de gabinete, el inventor de las listas colectoras no fue Perón, sino otro general: Pedro Eugenio Aramburu. En las presidenciales de 1963 (que ganó finalmente el radical Arturo Illia con dos fórmulas peronistas proscriptas) Aramburu fue candidato en la boleta de UDELPA, su partido, y en la del Partido Demócrata Progresista. En cada boleta llevaba distinto acompañante a vice: Héctor Sandler en una, Horacio Thedy en la otra. En fin, también empleó colectoras Eduardo Angeloz en 1989: ese año se postuló con el ticket de la UCR y también con el de una alianza federal que orientaba la jujeña Cristina Guzmán. Ninguna de estas experiencias con colectoras fue exitosa.
El sábado próximo -19 de febrero- en las instalaciones del sindicato de camioneros en Sierra de los Padres, el Consejo del justicialismo bonaerense discutirá de política actual y sin duda tratará el tema de las colectoras. Hugo Moyano, a cargo de la conducción de ese órgano por la enfermedad que aqueja a su titular, Alberto Balestrini, escuchará las voces del peronismo de la provincia. Esa reunión promete hacerse oír. Va a hacer ruido.
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12 feb 2011
5 feb 2011
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Abril, el mes más cruel
por Jorge Raventos
Curiosidades: hasta el primer día de febrero, el partido del presidente egipcio Hosni Mubarak (Partido Nacional Democrático) militaba en la misma organización política internacional que dos fuerzas argentinas que seguramente consolidarán su alianza en el comicio presidencial de octubre: el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. El PND egipcio formaba parte de la Internacional Socialista hasta hace menos de una semana, cuando fue separado porque esta corporación descubrió que su sección egipcia “no cumplía con los objetivos políticos” que proclama. Poco antes había separado a otra fuerza de la región, cuando expulsó a la Reagrupación Constitucional Democrática de Túnez, del depuesto presidente Zine El Abidine Ben Alí.
Como se ve, en el territorio de la política en todos lados se cuecen habas: la convivencia en un mismo envase de corrientes que, juzgadas por sus proclamas, parecen muy diferentes, contradictorias y hasta opuestas entre sí no es un rasgo excepcional. Algún factor que momentáneamente eclipsa las purezas principistas y las intransigencias sostiene esa cohabitación durante períodos de duración indefinida, hasta que irrumpe un hecho fuerte y quiebra la coexistencia.
El oficialismo está empezando a experimentar este deletéreo proceso. Hasta el 27 de octubre, aunque cada vez con mayores dificultades, la presencia dominante de Néstor Kirchner conseguía contener en ese mismo redil fuerzas, corrientes e intereses dispares, encontrados, antitéticos. La muerte de Kirchner fue el hecho fuerte a partir del cual, y pese a la cautela con que la mayoría de los actores trata de moverse para no aparecer como el culpable de una ruptura, el proceso de centrifugación se ha ido acentuando.
La declinación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, es un reflejo menor de esa tendencia. Las divergencias públicas sobre temas de seguridad, otro, más significativo. La actitud a asumir frente a las candidaturas de octubre uno que crece a la sombra, como los hongos, pero que no tardará en iluminar con su explosión todo el paisaje.
Esta semana se conocieron –merced a la indiscreción de Wikileaks- opiniones que (con Kirchner aún en vida) sostenía una figura importante del oficialismo como el vicegobernador bonaerense Alberto Balestrini, que todavía no había sido golpeado por el ACV que hasta ahora lo mantiene fuera de juego.
Balestrini, superando una renuencia que compartía con la mayoría de los jefes territoriales bonaerenses había aceptado formar parte de las llamadas listas testimoniales, con las que Kirchner labró en 2009 la derrota electoral del PJ en la provincia. “La estrella de los Kirchner se apagó”, sostenía entonces Balestrini –según el cable revelado por Wikileaks-, y agregaba que “la única razón” por la que Néstor Kirchner recibió votos en el comicio del 28 de junio de 2009 fue porque “se ató a los principales intendentes y los obligó a ser candidatos”. El vicegobernador –que llegó a ese cargo desde la intendencia de La Matanza- conocía y reflejaba con precisión la opinión de los jefes territoriales del conurbano, de quienes era un referente insoslayable.
Esos jefes territoriales –y sin duda también el gobernador de la provincia- se oponen a la idea que florece en la Casa Rosada de habilitar listas “colectoras” en el distrito, es decir, boletas que compartan con el PJ la fórmula presidencial pero compitan con él por las candidaturas provinciales y municipales. Ya Néstor Kirchner, que evaluaba esta posibilidad, había sido avisado por los jefes territoriales de que no debía intentarla.
Ahora la idea de impulsar colectoras ha sido retomada por la llamada “corriente progresista” del oficialismo que, al parecer, orientan con diferente peso, responsabilidad e influencia, el periodista-consejero Horacio Verbitsky, la ministra Nilda Garré y el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini. Ellos aspiran a ofrecerle al diputado Martín Sabbatella (ex intendente de Morón, con estación de origen en el Partido Comunista) una franquicia sobre la fórmula mayor del oficialismo, para que él se presente como candidato a gobernador bonaerense y enganche en ese convoy a fuerzas de izquierda y a peronistas que no alcancen a colocarse en las boletas del PJ de diputados nacionales y provinciales, intendentes y concejales de los distintos municipios bonaerenses). La especulación aritmético-política de sus impulsores supone que de ese modo una candidatura presidencial de Cristina Kirchner sumaría los votos justicialistas que acompañan a los jefes territoriales bonaerenses y los del sedicente progresismo que sea seducido por Sabbatella.
En este cálculo, los votos bonaerenses de la eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner superarían, por definición, a los que reciba Daniel Scioli, a quien el progresismo oficialismo combate … pero necesita si es que quiere tener una boleta presidencial ganadora en el vital distrito. Para esta postura la prioridad (casi podría decirse, la preocupación exclusiva) es garantizar la reelección de Cristina de Kirchner, más allá de (o, mejor: desentendiéndose de) la suerte electoral que corran los candidatos del PJ a la gobernación, a las intendencias y a las concejalías. La segunda prioridad: que Scioli, a quien sólo admiten como candidato a gobernador porque la necesidad tiene cara de hereje, obtenga menos (muchos menos, es la intención) sufragios que Cristina de Kirchner. Esto porque ya están pensando en el período político posterior.
La simple aritmética y la política no van siempre de la mano, sin embargo: en este terreno, dos más dos a menudo no suman cuatro. A veces lo que se imagina como una adición termina convertido en una división.
Los jefes territoriales del conurbano ya están avisando que no soportarán las listas colectoras, a las que consideran una manifestación de competencia desleal y parasitismo político. “Los que quieran competir, que vengan a las internas”, dicen. La mención a las elecciones internas puede ser entendida como un amable recordatorio: la ley prescribe la elección primaria de candidatos presidenciales en agosto y una insistencia de la Casa Rosada en facilitar las colectoras “progresistas” podría determinar que los jefes territoriales sugieran, de cara a agosto, una alternativa a la postulación de la actual presidente. Secreto a voces: Daniel Scioli mide mejor que la señora de Kirchner.
El sector del kirchnerismo “progresista” vive la situación actual como potencialmente catastrófica. En un paisaje en el que figuras como Daniel Scioli o Mauricio Macri, el reaparecido nombre de Carlos Reutemann, Eduardo Duhalde, Julio Cobos y hasta Ernesto Sanz aparecen como considerables amenazas electorales , ese sector teme la frustración de lo que definen como su “proyecto”. Para los más veteranos, que ya sufrieron cuando Juan Perón apartó al camporismo en los años 70, esa sensación de deja vu se torna insoportable e induce a la pelea desesperada.
La Presidente se mueve en este mundo de tensiones tratando de hacer gestos bonapartistas, procurando aparentar posiciones de equilibrio, tratando de conducir sin disgustar a nadie.
El bonapartismo –o cesarismo, en la denominación de Antonio Gramsci- es una conducción arbitral que se empina sobre “ una situación en la cual las fuerzas en lucha se equilibran de una manera catastrófica, de manera tal que la continuación de la lucha no concluiría en destrucción recíproca”. Claro está, no alcanza con los gestos, conducir implica tener la fuerza y el empuje para contener a los extremos y conducirlos. Cuando se discutió el tema de la imputabilidad criminal de menores, por ejemplo, la señora de Kirchner quiso manejarse desde el centro entre la posición del gobernador bonaerense (favorable a dar vigencia legal al proyecto ya aprobado en el Senado, que incorpora la penalización a partir de los 14 años) y la de su ala progresista, que rechaza la disminución de la edad. En rigor, ninguna de las alas retrocedió de sus posturas anteriores.
El tema de la seguridad volvió a emerger esta semana, cuando el Canciller Héctor Timerman (casi un fundador del cristinismo y miembro adscripto al club progresista) se lanzó contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, acusándolo de enviar a miembros de la Policía Metropolitana a estudiar a El Salvador en la International Law Enforcement Academy (ILEA), un centro mundial de formación de fuerzas policiales creado por iniciativa del ex presidente norteamericano Bill Clinton como contribución de su país a la lucha mundial contra el crimen organizado y el delito en general.
En su ataque contra Macri (probable candidato opositor) Timerman embistió, sin demasiada diplomacia, contra los Estados Unidos, imputándole, por sostener esta academia, la financiación de “cursos de tortura” y “técnicas golpistas”. Podría suponerse que la reacción del Canciller era un modo de sangrar por la herida, tras la noticia de que Barack Obama visitará Chile y Brasil en Marzo, pero sólo sobrevolará Argentina. No obstante, Timerman informó que esta diferencia con Estados Unidos es más antigua: "Tal vez la gente debería saber que el Presidente Néstor Kirchner en 2006 prohibió que miembros del Ejército y de la Policía Federal atiendan las sucesoras de la Escuela de las Américas", reveló.
Es probable que, deseoso de exponer su kirchnerismo progresista, Timerman haya incrementado los problemas del gobierno con su expansión verbal. Porque desde La Plata el ministro de seguridad provincial, Ricardo Provincial puso de manifiesto que no sólo la policía de la Ciudad de Buenos Aires ha enviado efectivos a la Academia de El Salvador, sino también la Bonaerense y la propia Policía Federal, que depende del gobierno Nacional. "El año pasado –abundó Casal- fueron la Policía Federal, la metropolitana, la Prefectura, la policía de Córdoba, de Chile, de la provincia de Buenos Aires, del Uruguay, del Paraguay y del Brasil".
Se supone que un ministro de Relaciones Exteriores es una figura empinada y representativa en un gobierno. El discurso de Timerman sobre este punto se convierte, pues, en una manifestación del barullo interno que reina en el oficialismo. Aun para desplegar una política de confrontación se puede actuar con eficacia. ¿Era necesario, para atacar a un eventual candidato presidencial opositor como Macri, ofender a los Estados Unidos y a los países que envían efectivos a la Academia de marras? ¿Era preciso dejar mal parada a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que tiene efectivos de la Federal en la cuestionada institución en El Salvador? ¿Era imprescindible colocar a provincias e instituciones de Seguridad en la virtual situación de acusados de enviar personal a instruirse “en técnicas golpistas o métodos de tortura”?
En fin, puesto que tantas fuerzas nacionales y provinciales acuden a El Salvador a recibir instrucción en estas materias pese a la “prohibición” de Néstor Kirchner en 2006, Timerman ha puesto al gobierno ante la necesidad de explicar si aquél úkase del entonces presidente sigue en vigencia o si esa política ha sido debidamente modificada. Y por quién.
Más allá de las palabras, lo que se observa es que el gobierno zigzaguea, practica la danza y la contradanza, como si hubiera perdido el sentido de la orientación: por un lado alienta bloqueos de calles o de empresas , por otro, exhorta a que las manifestaciones se hagan “en la vereda y en el cordón, para que la gente pueda circular y llegue a la escuela, al trabajo, para que pueda llegar”.
Es probable que vacilaciones y tensiones crezcan en las semanas próximas, cuando el año electoral comienza a ganar temperatura. Néstor Kirchner todavía era capaz de mantener más o menos atado el paquete del oficialismo y sus aliados. Sin él, su viuda tendrá muy pronto que tomar decisiones que la involucran directamente y que, resuelva lo que resuelva, dejarán heridas y provocarán reacomodamientos importantes. Nunca después de abril, el mes donde, como decía T.S. Elliot, “se mezclan la memoria y el deseo”.
por Jorge Raventos
Curiosidades: hasta el primer día de febrero, el partido del presidente egipcio Hosni Mubarak (Partido Nacional Democrático) militaba en la misma organización política internacional que dos fuerzas argentinas que seguramente consolidarán su alianza en el comicio presidencial de octubre: el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. El PND egipcio formaba parte de la Internacional Socialista hasta hace menos de una semana, cuando fue separado porque esta corporación descubrió que su sección egipcia “no cumplía con los objetivos políticos” que proclama. Poco antes había separado a otra fuerza de la región, cuando expulsó a la Reagrupación Constitucional Democrática de Túnez, del depuesto presidente Zine El Abidine Ben Alí.
Como se ve, en el territorio de la política en todos lados se cuecen habas: la convivencia en un mismo envase de corrientes que, juzgadas por sus proclamas, parecen muy diferentes, contradictorias y hasta opuestas entre sí no es un rasgo excepcional. Algún factor que momentáneamente eclipsa las purezas principistas y las intransigencias sostiene esa cohabitación durante períodos de duración indefinida, hasta que irrumpe un hecho fuerte y quiebra la coexistencia.
El oficialismo está empezando a experimentar este deletéreo proceso. Hasta el 27 de octubre, aunque cada vez con mayores dificultades, la presencia dominante de Néstor Kirchner conseguía contener en ese mismo redil fuerzas, corrientes e intereses dispares, encontrados, antitéticos. La muerte de Kirchner fue el hecho fuerte a partir del cual, y pese a la cautela con que la mayoría de los actores trata de moverse para no aparecer como el culpable de una ruptura, el proceso de centrifugación se ha ido acentuando.
La declinación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, es un reflejo menor de esa tendencia. Las divergencias públicas sobre temas de seguridad, otro, más significativo. La actitud a asumir frente a las candidaturas de octubre uno que crece a la sombra, como los hongos, pero que no tardará en iluminar con su explosión todo el paisaje.
Esta semana se conocieron –merced a la indiscreción de Wikileaks- opiniones que (con Kirchner aún en vida) sostenía una figura importante del oficialismo como el vicegobernador bonaerense Alberto Balestrini, que todavía no había sido golpeado por el ACV que hasta ahora lo mantiene fuera de juego.
Balestrini, superando una renuencia que compartía con la mayoría de los jefes territoriales bonaerenses había aceptado formar parte de las llamadas listas testimoniales, con las que Kirchner labró en 2009 la derrota electoral del PJ en la provincia. “La estrella de los Kirchner se apagó”, sostenía entonces Balestrini –según el cable revelado por Wikileaks-, y agregaba que “la única razón” por la que Néstor Kirchner recibió votos en el comicio del 28 de junio de 2009 fue porque “se ató a los principales intendentes y los obligó a ser candidatos”. El vicegobernador –que llegó a ese cargo desde la intendencia de La Matanza- conocía y reflejaba con precisión la opinión de los jefes territoriales del conurbano, de quienes era un referente insoslayable.
Esos jefes territoriales –y sin duda también el gobernador de la provincia- se oponen a la idea que florece en la Casa Rosada de habilitar listas “colectoras” en el distrito, es decir, boletas que compartan con el PJ la fórmula presidencial pero compitan con él por las candidaturas provinciales y municipales. Ya Néstor Kirchner, que evaluaba esta posibilidad, había sido avisado por los jefes territoriales de que no debía intentarla.
Ahora la idea de impulsar colectoras ha sido retomada por la llamada “corriente progresista” del oficialismo que, al parecer, orientan con diferente peso, responsabilidad e influencia, el periodista-consejero Horacio Verbitsky, la ministra Nilda Garré y el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini. Ellos aspiran a ofrecerle al diputado Martín Sabbatella (ex intendente de Morón, con estación de origen en el Partido Comunista) una franquicia sobre la fórmula mayor del oficialismo, para que él se presente como candidato a gobernador bonaerense y enganche en ese convoy a fuerzas de izquierda y a peronistas que no alcancen a colocarse en las boletas del PJ de diputados nacionales y provinciales, intendentes y concejales de los distintos municipios bonaerenses). La especulación aritmético-política de sus impulsores supone que de ese modo una candidatura presidencial de Cristina Kirchner sumaría los votos justicialistas que acompañan a los jefes territoriales bonaerenses y los del sedicente progresismo que sea seducido por Sabbatella.
En este cálculo, los votos bonaerenses de la eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner superarían, por definición, a los que reciba Daniel Scioli, a quien el progresismo oficialismo combate … pero necesita si es que quiere tener una boleta presidencial ganadora en el vital distrito. Para esta postura la prioridad (casi podría decirse, la preocupación exclusiva) es garantizar la reelección de Cristina de Kirchner, más allá de (o, mejor: desentendiéndose de) la suerte electoral que corran los candidatos del PJ a la gobernación, a las intendencias y a las concejalías. La segunda prioridad: que Scioli, a quien sólo admiten como candidato a gobernador porque la necesidad tiene cara de hereje, obtenga menos (muchos menos, es la intención) sufragios que Cristina de Kirchner. Esto porque ya están pensando en el período político posterior.
La simple aritmética y la política no van siempre de la mano, sin embargo: en este terreno, dos más dos a menudo no suman cuatro. A veces lo que se imagina como una adición termina convertido en una división.
Los jefes territoriales del conurbano ya están avisando que no soportarán las listas colectoras, a las que consideran una manifestación de competencia desleal y parasitismo político. “Los que quieran competir, que vengan a las internas”, dicen. La mención a las elecciones internas puede ser entendida como un amable recordatorio: la ley prescribe la elección primaria de candidatos presidenciales en agosto y una insistencia de la Casa Rosada en facilitar las colectoras “progresistas” podría determinar que los jefes territoriales sugieran, de cara a agosto, una alternativa a la postulación de la actual presidente. Secreto a voces: Daniel Scioli mide mejor que la señora de Kirchner.
El sector del kirchnerismo “progresista” vive la situación actual como potencialmente catastrófica. En un paisaje en el que figuras como Daniel Scioli o Mauricio Macri, el reaparecido nombre de Carlos Reutemann, Eduardo Duhalde, Julio Cobos y hasta Ernesto Sanz aparecen como considerables amenazas electorales , ese sector teme la frustración de lo que definen como su “proyecto”. Para los más veteranos, que ya sufrieron cuando Juan Perón apartó al camporismo en los años 70, esa sensación de deja vu se torna insoportable e induce a la pelea desesperada.
La Presidente se mueve en este mundo de tensiones tratando de hacer gestos bonapartistas, procurando aparentar posiciones de equilibrio, tratando de conducir sin disgustar a nadie.
El bonapartismo –o cesarismo, en la denominación de Antonio Gramsci- es una conducción arbitral que se empina sobre “ una situación en la cual las fuerzas en lucha se equilibran de una manera catastrófica, de manera tal que la continuación de la lucha no concluiría en destrucción recíproca”. Claro está, no alcanza con los gestos, conducir implica tener la fuerza y el empuje para contener a los extremos y conducirlos. Cuando se discutió el tema de la imputabilidad criminal de menores, por ejemplo, la señora de Kirchner quiso manejarse desde el centro entre la posición del gobernador bonaerense (favorable a dar vigencia legal al proyecto ya aprobado en el Senado, que incorpora la penalización a partir de los 14 años) y la de su ala progresista, que rechaza la disminución de la edad. En rigor, ninguna de las alas retrocedió de sus posturas anteriores.
El tema de la seguridad volvió a emerger esta semana, cuando el Canciller Héctor Timerman (casi un fundador del cristinismo y miembro adscripto al club progresista) se lanzó contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, acusándolo de enviar a miembros de la Policía Metropolitana a estudiar a El Salvador en la International Law Enforcement Academy (ILEA), un centro mundial de formación de fuerzas policiales creado por iniciativa del ex presidente norteamericano Bill Clinton como contribución de su país a la lucha mundial contra el crimen organizado y el delito en general.
En su ataque contra Macri (probable candidato opositor) Timerman embistió, sin demasiada diplomacia, contra los Estados Unidos, imputándole, por sostener esta academia, la financiación de “cursos de tortura” y “técnicas golpistas”. Podría suponerse que la reacción del Canciller era un modo de sangrar por la herida, tras la noticia de que Barack Obama visitará Chile y Brasil en Marzo, pero sólo sobrevolará Argentina. No obstante, Timerman informó que esta diferencia con Estados Unidos es más antigua: "Tal vez la gente debería saber que el Presidente Néstor Kirchner en 2006 prohibió que miembros del Ejército y de la Policía Federal atiendan las sucesoras de la Escuela de las Américas", reveló.
Es probable que, deseoso de exponer su kirchnerismo progresista, Timerman haya incrementado los problemas del gobierno con su expansión verbal. Porque desde La Plata el ministro de seguridad provincial, Ricardo Provincial puso de manifiesto que no sólo la policía de la Ciudad de Buenos Aires ha enviado efectivos a la Academia de El Salvador, sino también la Bonaerense y la propia Policía Federal, que depende del gobierno Nacional. "El año pasado –abundó Casal- fueron la Policía Federal, la metropolitana, la Prefectura, la policía de Córdoba, de Chile, de la provincia de Buenos Aires, del Uruguay, del Paraguay y del Brasil".
Se supone que un ministro de Relaciones Exteriores es una figura empinada y representativa en un gobierno. El discurso de Timerman sobre este punto se convierte, pues, en una manifestación del barullo interno que reina en el oficialismo. Aun para desplegar una política de confrontación se puede actuar con eficacia. ¿Era necesario, para atacar a un eventual candidato presidencial opositor como Macri, ofender a los Estados Unidos y a los países que envían efectivos a la Academia de marras? ¿Era preciso dejar mal parada a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que tiene efectivos de la Federal en la cuestionada institución en El Salvador? ¿Era imprescindible colocar a provincias e instituciones de Seguridad en la virtual situación de acusados de enviar personal a instruirse “en técnicas golpistas o métodos de tortura”?
En fin, puesto que tantas fuerzas nacionales y provinciales acuden a El Salvador a recibir instrucción en estas materias pese a la “prohibición” de Néstor Kirchner en 2006, Timerman ha puesto al gobierno ante la necesidad de explicar si aquél úkase del entonces presidente sigue en vigencia o si esa política ha sido debidamente modificada. Y por quién.
Más allá de las palabras, lo que se observa es que el gobierno zigzaguea, practica la danza y la contradanza, como si hubiera perdido el sentido de la orientación: por un lado alienta bloqueos de calles o de empresas , por otro, exhorta a que las manifestaciones se hagan “en la vereda y en el cordón, para que la gente pueda circular y llegue a la escuela, al trabajo, para que pueda llegar”.
Es probable que vacilaciones y tensiones crezcan en las semanas próximas, cuando el año electoral comienza a ganar temperatura. Néstor Kirchner todavía era capaz de mantener más o menos atado el paquete del oficialismo y sus aliados. Sin él, su viuda tendrá muy pronto que tomar decisiones que la involucran directamente y que, resuelva lo que resuelva, dejarán heridas y provocarán reacomodamientos importantes. Nunca después de abril, el mes donde, como decía T.S. Elliot, “se mezclan la memoria y el deseo”.
30 ene 2011
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
No está todo dicho sobre las urnas de octubre
por Jorge Raventos
La Coalición Cívica ya ha definido su fórmula máxima para el comicio de octubre: Elisa Carrió y Adrián Pérez. En el Pro el nombre de Mauricio Macri es número puesto. El Proyecto Sur ya tiene su candidato presidencial, Fernando Solanas. Los radicales elegirán el suyo a fines de abril, entre Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz. El Peronismo Federal, pese a la deserción de Felipe Solá, se dispone a realizar internas escalonadas semanalmente por regiones entre abril y mayo, en las que competirán Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Saa y, quizás, el chubutense Mario Das Neves. El oficialismo ya elevó su clamor para que Cristina Kirchner reincida.
Con esos datos, todo parecería indicar que el paisaje preelectoral ya está dispuesto, que sólo resta aguardar algunos detalles, a develarse en doce a quince semanas, y que las elecciones primarias abiertas y obligatorias, que legalmente deben consumarse en el mes de agosto, pintan apenas como una ceremonia redundante, en las que sólo conservan ilusiones o tienen interés el vicepresidente Julio Cobos y Felipe Solá.
Sin embargo, puede ocurrir que lo que parece no sea; es posible que lo que luce ya atornillado sufra desajustes, que se produzcan variantes significativas. En Argentina, ya se sabe, la política (más que el fútbol) es la dialéctica de lo impensado, de lo sorpresivo y hasta de lo asombroso.
Por ejemplo, si bien es verdad que -con mayor o menor volumen, espontaneidad o franqueza- las voces del oficialismo se alzan para aclamar, proclamar (y, en algunos casos, reclamar) el nombre de la Presidente como cabeza de la boleta presidencial en octubre, lo cierto es que ella misma posterga una definición, lo cual induce a las interpretaciones y las conjeturas. En la última semana se han reiterado versiones originadas en las proximidades de la Casa Rosada que sugieren una reticencia de la señora a la búsqueda de la reelección. Se mencionan varios motivos: el insistente consejo de sus hijos (que la exhortarían a que termine el período y tome distancia), su estrés (que a veces se refleja en señales como sus repetidos episodios de lipotimia) y, sobre todo, un marcado decaimiento de su entusiasmo a partir de la muerte de su esposo. “Cristina nunca fue un cuadro ligado a solidaridades orgánicas o a vínculos militantes –describe una persona que la conoce desde hace mucho-; su aventura fue siempre la de ser compañera política de Néstor. Vivían una complicidad compartida y excluyente, y era con él con quien gozaba triunfos, logros, conquistas y venganzas. Aunque ella se esfuerza por mantener la llama encendida en homenaje a la memoria de Néstor, la ausencia de él le quita placer a todas esas cosas, les quita motivación”.
Junto con esas conjeturas que evocan la posibilidad de que la presidente resuelva no candidatearse, florecen otras que niegan radicalmente esa perspectiva y que insisten en que su postulación está garantizada, tanto subjetivamente (la intención de la interesada) como por condiciones objetivas (aluden aquí a encuestas que le asegurarían un triunfo electoral inapelable y a la “retirada” de otras alternativas, adjudicadas, según esas construcciones a “una combinación propiciada por la Asociación Empresaria Argentina”). Probablemente acentuado para influir sobre el debate interno del oficialismo, el énfasis de esta versión “optimista” refuerza, sin embargo, la incertidumbre: tanta insistencia sugiere que es la misma postulada la que debe ser persuadida.
Por cierto, que la señora de Kirchner decidiera no presentar su candidatura no sería un dato insignificante. A esta altura, fuera de ella, la única figura del oficialismo con posibilidades competitivas es Daniel Scioli. El gobernador tiene un respaldo en la opinión pública que se ha mantenido más estable que el de la señora de Kirchner: cayó menos que ella en tiempos del conflicto con el campo, quedó alto, pero rezagado en relación a ella durante las primeras semanas posteriores a la muerte del ex presidente, en las que la señora fue acompañada por la sociedad en su duelo, y ahora, cuando la tendencia vuelve a normalizarse y ese efecto se desvanece, ambos vuelven a estar parejos.
Sucede, sin embargo, que Scioli no está apoyado sobre el mismo conjunto de opinión que la señora de Kirchner y, de hecho, muchos de los que reclaman la candidatura de ella lo combaten a él y no lo acompañarían, circunstancia que podría beneficiar, por ejemplo, al Proyecto Sur de Fernando Solanas. En cambio, si Scioli fuera candidato podría ejercer una atracción sobre el electorado y los cuadros peronistas e independientes que hoy buscan un rumbo junto al peronismo federal, sin descontar la posibilidad de que terminara decantándose a partir de ese hecho una reunificación del peronismo.
Así, la idea de que el paisaje electoral de octubre está básicamente delineado puede ser una ilusión óptica. Otro dato: aunque ya no son tantos los que lo aguardan, hay no obstante un núcleo de convencidos de que aún vale la pena esperar la frugal palabra de Carlos Reutemann. El hermético santafesino prometió no hablar de candidaturas presidenciales hasta marzo, y sus creyentes consideran que no está cerrada la alternativa de que él se postule. Entretanto, es interesante observar lo que está ocurriendo en su provincia en relación con el Partido Justicialista: allí el kirchnerismo, conducido por el jefe del bloque oficialista de diputados, Agustín Rossi, decidió competir por fuera del PJ, convencido de que sería derrotado adentro por los seguidores de Reutemann y Jorge Obeid. Este, a su vez, después de declararse partidario del peronismo federal, rechazó la posibilidad de participar en la interna abierta que organiza esta tendencia. “Yo soy peronista federal, pero no concibo a éste como un partido aparte del PJ, sino como una tendencia interna”, dijo. La línea de Reutemann reclama unidad del peronismo, tanto en el país como en su poca provincia, donde la división equivale a entregarle el triunfo a las fuerzas que sostienen al gobernador socialista Hermes Binner.
En fin, la posibilidad, abierta por lo menos hasta principios de abril, de que Carlos Reutemann juegue su candidatura, la incertidumbre sobre la fórmula oficialista y hasta la incógnita sobre el juego de alianzas en que piensa sostenerse Mauricio Macri son otros tantos factores que obligan a no caer en simplificaciones en torno a las urnas de octubre. O, al menos, a postergarlas por un tiempo: lo que se ignora electoralmente atañe a las personalidades políticas que hasta el momento cuentan con mejores números en las encuestas. Así como se ignoran las consecuencias de algunos hechos que este somero cuadro no mencionó: inseguridad, inflación, desorden, efecto Moyano.
por Jorge Raventos
La Coalición Cívica ya ha definido su fórmula máxima para el comicio de octubre: Elisa Carrió y Adrián Pérez. En el Pro el nombre de Mauricio Macri es número puesto. El Proyecto Sur ya tiene su candidato presidencial, Fernando Solanas. Los radicales elegirán el suyo a fines de abril, entre Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz. El Peronismo Federal, pese a la deserción de Felipe Solá, se dispone a realizar internas escalonadas semanalmente por regiones entre abril y mayo, en las que competirán Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Saa y, quizás, el chubutense Mario Das Neves. El oficialismo ya elevó su clamor para que Cristina Kirchner reincida.
Con esos datos, todo parecería indicar que el paisaje preelectoral ya está dispuesto, que sólo resta aguardar algunos detalles, a develarse en doce a quince semanas, y que las elecciones primarias abiertas y obligatorias, que legalmente deben consumarse en el mes de agosto, pintan apenas como una ceremonia redundante, en las que sólo conservan ilusiones o tienen interés el vicepresidente Julio Cobos y Felipe Solá.
Sin embargo, puede ocurrir que lo que parece no sea; es posible que lo que luce ya atornillado sufra desajustes, que se produzcan variantes significativas. En Argentina, ya se sabe, la política (más que el fútbol) es la dialéctica de lo impensado, de lo sorpresivo y hasta de lo asombroso.
Por ejemplo, si bien es verdad que -con mayor o menor volumen, espontaneidad o franqueza- las voces del oficialismo se alzan para aclamar, proclamar (y, en algunos casos, reclamar) el nombre de la Presidente como cabeza de la boleta presidencial en octubre, lo cierto es que ella misma posterga una definición, lo cual induce a las interpretaciones y las conjeturas. En la última semana se han reiterado versiones originadas en las proximidades de la Casa Rosada que sugieren una reticencia de la señora a la búsqueda de la reelección. Se mencionan varios motivos: el insistente consejo de sus hijos (que la exhortarían a que termine el período y tome distancia), su estrés (que a veces se refleja en señales como sus repetidos episodios de lipotimia) y, sobre todo, un marcado decaimiento de su entusiasmo a partir de la muerte de su esposo. “Cristina nunca fue un cuadro ligado a solidaridades orgánicas o a vínculos militantes –describe una persona que la conoce desde hace mucho-; su aventura fue siempre la de ser compañera política de Néstor. Vivían una complicidad compartida y excluyente, y era con él con quien gozaba triunfos, logros, conquistas y venganzas. Aunque ella se esfuerza por mantener la llama encendida en homenaje a la memoria de Néstor, la ausencia de él le quita placer a todas esas cosas, les quita motivación”.
Junto con esas conjeturas que evocan la posibilidad de que la presidente resuelva no candidatearse, florecen otras que niegan radicalmente esa perspectiva y que insisten en que su postulación está garantizada, tanto subjetivamente (la intención de la interesada) como por condiciones objetivas (aluden aquí a encuestas que le asegurarían un triunfo electoral inapelable y a la “retirada” de otras alternativas, adjudicadas, según esas construcciones a “una combinación propiciada por la Asociación Empresaria Argentina”). Probablemente acentuado para influir sobre el debate interno del oficialismo, el énfasis de esta versión “optimista” refuerza, sin embargo, la incertidumbre: tanta insistencia sugiere que es la misma postulada la que debe ser persuadida.
Por cierto, que la señora de Kirchner decidiera no presentar su candidatura no sería un dato insignificante. A esta altura, fuera de ella, la única figura del oficialismo con posibilidades competitivas es Daniel Scioli. El gobernador tiene un respaldo en la opinión pública que se ha mantenido más estable que el de la señora de Kirchner: cayó menos que ella en tiempos del conflicto con el campo, quedó alto, pero rezagado en relación a ella durante las primeras semanas posteriores a la muerte del ex presidente, en las que la señora fue acompañada por la sociedad en su duelo, y ahora, cuando la tendencia vuelve a normalizarse y ese efecto se desvanece, ambos vuelven a estar parejos.
Sucede, sin embargo, que Scioli no está apoyado sobre el mismo conjunto de opinión que la señora de Kirchner y, de hecho, muchos de los que reclaman la candidatura de ella lo combaten a él y no lo acompañarían, circunstancia que podría beneficiar, por ejemplo, al Proyecto Sur de Fernando Solanas. En cambio, si Scioli fuera candidato podría ejercer una atracción sobre el electorado y los cuadros peronistas e independientes que hoy buscan un rumbo junto al peronismo federal, sin descontar la posibilidad de que terminara decantándose a partir de ese hecho una reunificación del peronismo.
Así, la idea de que el paisaje electoral de octubre está básicamente delineado puede ser una ilusión óptica. Otro dato: aunque ya no son tantos los que lo aguardan, hay no obstante un núcleo de convencidos de que aún vale la pena esperar la frugal palabra de Carlos Reutemann. El hermético santafesino prometió no hablar de candidaturas presidenciales hasta marzo, y sus creyentes consideran que no está cerrada la alternativa de que él se postule. Entretanto, es interesante observar lo que está ocurriendo en su provincia en relación con el Partido Justicialista: allí el kirchnerismo, conducido por el jefe del bloque oficialista de diputados, Agustín Rossi, decidió competir por fuera del PJ, convencido de que sería derrotado adentro por los seguidores de Reutemann y Jorge Obeid. Este, a su vez, después de declararse partidario del peronismo federal, rechazó la posibilidad de participar en la interna abierta que organiza esta tendencia. “Yo soy peronista federal, pero no concibo a éste como un partido aparte del PJ, sino como una tendencia interna”, dijo. La línea de Reutemann reclama unidad del peronismo, tanto en el país como en su poca provincia, donde la división equivale a entregarle el triunfo a las fuerzas que sostienen al gobernador socialista Hermes Binner.
En fin, la posibilidad, abierta por lo menos hasta principios de abril, de que Carlos Reutemann juegue su candidatura, la incertidumbre sobre la fórmula oficialista y hasta la incógnita sobre el juego de alianzas en que piensa sostenerse Mauricio Macri son otros tantos factores que obligan a no caer en simplificaciones en torno a las urnas de octubre. O, al menos, a postergarlas por un tiempo: lo que se ignora electoralmente atañe a las personalidades políticas que hasta el momento cuentan con mejores números en las encuestas. Así como se ignoran las consecuencias de algunos hechos que este somero cuadro no mencionó: inseguridad, inflación, desorden, efecto Moyano.
22 ene 2011
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Delito y política
por Jorge Raventos
El debate sobre la imputabilidad criminal de los menores que ha florecido en el seno del arco oficialista es, probablemente, una manifestación de diferencias que ya agrietaban el llamado “proyecto” o “modelo” K en vida de Néstor Kirchner, pero que empiezan a adquirir una envergadura mayor a partir de su desaparición.
Aunque no es el único terreno de divergencias, el de la seguridad es seguramente el más importante, por al menos dos motivos. El primero, casi obvio, es que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de la sociedad, según lo que registran unánimemente los estudios demoscópicos. El segundo, igualmente significativo, está relacionado con los rasgos de identidad que el kirchnerismo describe como propios y que se vinculan a los derechos humanos o, dicho con más precisión (ya que no es lo mismo) a la ideología de los derechos humanos.
Para esta ideología son sospechosos los conceptos ligados al orden, al ejercicio de la legítima autoridad y a la preservación de la disciplina social (así como muchos de los instrumentos del Estado destinados a garantizarlos en última instancia, desde las instituciones y agencias con las que el Estado debe ejercer el monopolio de la fuerza hasta el rigor de las leyes, el dictado judicial de penas y su cumplimiento en establecimientos adecuados).
La sospecha sobre estos conceptos, normas e instituciones, si bien se mira, está a menudo restringida a los límites de la Argentina o se aplica extensivamente sólo a sociedades cuyos gobiernos esta corriente ideológica condena, pero no a otros que este sector juzga con benevolencia porque les asigna carácter “progresista”. Una cosa es, digamos, la intención de aplicar penas más severas en Argentina y otra, por caso, su aplicación efectiva en Cuba, Nicaragua o la Venezuela de Chávez. Para no hablar del pasado y recordar la justificación (y hasta la apología) de los métodos represivos que se empleaban en la ya disuelta Unión Soviética.
Se establece, pues una tensión fuerte entre las pulsiones de la opinión pública, que ante la inseguridad ciudadana aspiran a la acción firme y eficaz del Estado, y estas corrientes que las resisten y que, desde la presidencia de Néstor Kirchner (por una combinación de realismo pragmático y de inseguridad y flojedad de papeles para explicar su propio pasado en los años de plomo, de parte del ex presidente) fueron entronizadas como jueces de la ética política y proveedores de culpas y absoluciones.
Mientras Néstor Kirchner ejerció el manejo del arco oficialista, él pudo arreglárselas para que esos sectores –que en su gran mayoría no provienen del peronismo- fueran admitidos y considerados (así fuera con resignación) en su sistema de fuerzas por las estructuras y corrientes de origen y pertenencia justicialista. Pero con la muerte de Kirchner el sistema de autoridad del oficialismo quedó fatalmente resentido y las tensiones preexistentes y las recíprocas suspicacias empezaron a expresarse más abiertamente.
De un lado, los sedicentes sectores progresistas, temerosos de que el vacío generado por la ausencia de Kirchner fuera cubierto desde el peronismo territorial, personificaron en el gobernador de la provincia de Buenos Aires (y en su política de seguridad, incluido el ministro bonaerense Ricardo Casal) su propio eje del mal: allí golpearon desde Luis D’Elía hasta Horacio Verbitsky, pasando por el diputado Martín Sabatella, postulante a reemplazar a Scioli en alianza con el kirchnerismo progre. Del otro, al comprender los sectores del poder territorial de origen peronista que la terquedad ideológica tiende a enfrentar al conjunto con el talante sobre el tema seguridad que predomina en la sociedad (lo que, en especial para los que ejercen el gobierno o aspiran a ejercerlo en los distritos, puede ser especialmente riesgoso en un año electoral), empezó a presionarse por una postura realista: ya había hecho bastante mal la actitud que en su momento encarnara Aníbal Fernández al tratar de minimizar los problemas hablando de “sensación de inseguridad”.
Es en ese contexto en el que debe interpretarse la frase con la que Daniel Scioli insistió esta semana en la necesidad de una ley que encuadre y penalice el delito de menores, bajando la edad de imputabilidad. “"Yo no puedo quedar bien con todo el mundo, quedo bien con la gente que quiere cuidar la vida y que quiere proteger la integridad física, que quiere vivir más segura", dijo el gobernador. Ese llamado a tomar en cuenta el reclamo ciudadano estaba dando expresión a los sectores con responsabilidades de gobierno frente a las corrientes atadas al ideologismo, porque, parece obvio, no se puede “quedar bien” con ambas.
Por cierto, la tensión que se expresa en el arco oficialista en relación con el tema seguridad encubre otros recelos, en particular los que surgen de la falta de definiciones sobre la candidatura presidencial oficialista. Muchos ‘claman’ por la postulación de Cristina Kirchner, pero ella todavía calla. Y esa ambigüedad es vivida por las corrientes ideológistas del arco K como un peligro, ya que el único candidato alternativo posible con que cuenta ese arco es Daniel Scioli, para ellos “una calamidad”.
Pero el tema de la inseguridad y de la actitud a adoptar frente al delito y frente a los crímenes cometidos por menores no es una cuestión exclusiva del gobierno, sino un debate alimentado desde la base de la sociedad. Eso queda clarísimo al observarse cómo recalentó también las relaciones en el espacio del llamado peronismo federal. Eduardo Duhalde, precandidato a presidente, se había identificado con la idea de restablecer el orden social (“Seré el presidente del orden”, declaró). Uno de sus competidores internos, Felipe Solá, calificó ese planteo como “una muletilla derechosa”. Duhalde le respondió de sobrepique, con un shot vigoroso : “Hay imbéciles que creen que el orden es de derecha”.
En rigor, la idea de que el orden social es “de derecha” pertenece a la misma familia de juicios que aquél que expuso el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando aseveró que “la inflación sólo perjudica a los ricos”.
Y no está mal mentar a esta altura a la inflación, porque ese es el segundo fantasma que recorre la Argentina. El incremento de los precios es el producto de una tenaza que manipula el gobierno: con uno de sus dientes, enciende y calienta el consumo y la demanda, incrementando el circulante (aunque esto coexista, por ineficiencia, con la escasez de billetes), por el otro, paraliza la oferta e inhibe la inversión, en virtud de la arbitrariedad de sus decisiones, de falta de transparencia y controles institucionales y la inseguridad jurídica. En esas condiciones empieza a acentuarse como un mecanismo perverso la puja distributiva –que a su vez realimenta la inflación- y tiende a elevarse la conflictividad.
Esto no ocurre en un momento de caída económica, sino (aunque se esté desacelerando) en un momento de ascenso determinado por la oportunidad que el mundo ofrece a todo un batallón de países emergentes. No debería sorprender que, habiendo motivos, la conflictividad crezca en instantes de relativa holgura: la estrechez determina obediencia y sometimiento o explota en desesperación; el desahogo relativo permite la lucha por reformas y mejoras, más allá del cortísimo plazo.
El renacido conflicto del campo es una expresión de esto: hay muy buenos precios, por fortuna llegaron las lluvias y las cosechas serán buenas y los silos-bolsa permiten retener el producto y tener espaldas cubiertas mientras sigue la pelea por el precio pleno y por la libertad y transparencia de los mercados, sin la intervención deformante que sigue corporizando Guillermo Moreno.
Entretanto, los sindicatos, que expresan al contingente de los asalariados en blanco (sólo 6 de cada 10, el resto sufre la precariedad), navegan hoy en la excitación social del consumismo y en las tranquilas aguas de un virtual pleno empleo: se sienten fuertes y deben responder a unas bases que hoy tienen más altos sueldos nominales pero que sienten cómo la inflación los erosiona velozmente. Los reclamos de aumento no tienen nada que ver, por cierto, con las fantasiosamente minimalistas cifras de inflación que proporciona el INDEC y atemorizan a aquellas empresas que sufren por la virtual inmovilidad del tipo de cambio, que golpea su competitividad. Así, la ilusión del pacto social alentada desde el gobierno, por el momento se está ahogando en la sopa. El 11 de este mes se iban a reunir este mes para empezar a hablar del tema formalmente: la reunión fracasó, prometieron hacerla la semana siguiente pero desde aquel día reina sobre este tema, como diría Alfio Basile, silenzio stampa.
Donde hubo más ruido que silencio en el gobierno fue en el asunto de la cocaína descubierta en Barcelona, trasladada por argentinos y –ahora no hay dudas- desde la Argentina. El ruido derivó de la persistente insistencia de influyentes voces oficiales en afirmar que los casi mil kilos de droga en panes, multicolormente empacados, no habían salido del país, sino de la Isla de Sal, en Cabo Verde. La garganta más alta, en ese sentido, fue la del ministro de Interior, Florencio Randazzo, quien declaró eso ya avanzada la semana que concluye. ¿Cuáles eran las fuentes (si es que había alguna) en las que se basaba el funcionario. ¿O se trataba más bien de una operación de defensa preventiva? Probablemente las mismas fuentes (o la misma jefatura operativa) alimentó a los medios oficiales y oficialistas que también sostuvieron esa postura.
La Justicia argentina, con los elementos con que cuenta (que son sensiblemente incompletos aún, porque los Tribunales españoles todavía no han provisto información relevante, por ejemplo el contenido de la computadora del avión Challenger que trasladó la cocaína a Cataluña) ya no duda de que la droga fue cargada acá, seguramente no en Ezeiza, quizás en Mar del Plata, donde los hermanos Juliá pasaron un día antes de su travesía a España pero más que probablemente en Morón, en un aeródromo en el que coexisten jurisdicciones civiles y militares.
La poco fundada declaración de Randazzo tiene el defecto de su inconsistencia, pero poseía para el gobierno la virtud de sacar la pelota afuera de todas las jurisdicciones oficiales. La culpa la tenían los hermanos Juliá y el copiloto Miret, hijos de jefes castrenses de otras épocas. Nadie más. Una teoría ingeniosa, pero de vida más breve que un lirio.
Ante la caída de ese argumento, el reflejo oficial parece ser ahora descargar las responsabilidades sobre la Fuerza Aérea y hacer rodar varias cabezas militares. Una especialidad de la casa. En verdad, hasta el momento ninguna autoridad con responsabilidades sobre estos asuntos (Aduana, Aviación Civil, Seguridad Aeronáutica, etc.) ha sido suspendida ni afectada. El único que fue golpeado por el comodoro Guillermo Juliá, un oficial de Aeronáutica altamente calificado, quien fue pasado a disponibilidad por ser hermano de dos de los argentinos presos en Barcelona por este tema. Cayó por portación de apellido, un delito por el que ya han sido castigados decenas de oficiales de las tres armas bajo este gobierno, durante la gestión de Nilda Garré en el ministerio de Defensa. Esta semana, la doctora Garré, hablando del tema inseguridad, con el que se inició esta nota, enunció un principio que probablemente no aplicó, sin embargo, a los portadores de apellido: "Si garantismo es respetar a rajatabla los derechos y garantías de la Constitución Nacional, deberíamos ser todos garantistas y lo grave sería no serlo". Es que, parafraseando a Orwell, seremos todos iguales, pero algunos son menos iguales que otros.
por Jorge Raventos
El debate sobre la imputabilidad criminal de los menores que ha florecido en el seno del arco oficialista es, probablemente, una manifestación de diferencias que ya agrietaban el llamado “proyecto” o “modelo” K en vida de Néstor Kirchner, pero que empiezan a adquirir una envergadura mayor a partir de su desaparición.
Aunque no es el único terreno de divergencias, el de la seguridad es seguramente el más importante, por al menos dos motivos. El primero, casi obvio, es que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de la sociedad, según lo que registran unánimemente los estudios demoscópicos. El segundo, igualmente significativo, está relacionado con los rasgos de identidad que el kirchnerismo describe como propios y que se vinculan a los derechos humanos o, dicho con más precisión (ya que no es lo mismo) a la ideología de los derechos humanos.
Para esta ideología son sospechosos los conceptos ligados al orden, al ejercicio de la legítima autoridad y a la preservación de la disciplina social (así como muchos de los instrumentos del Estado destinados a garantizarlos en última instancia, desde las instituciones y agencias con las que el Estado debe ejercer el monopolio de la fuerza hasta el rigor de las leyes, el dictado judicial de penas y su cumplimiento en establecimientos adecuados).
La sospecha sobre estos conceptos, normas e instituciones, si bien se mira, está a menudo restringida a los límites de la Argentina o se aplica extensivamente sólo a sociedades cuyos gobiernos esta corriente ideológica condena, pero no a otros que este sector juzga con benevolencia porque les asigna carácter “progresista”. Una cosa es, digamos, la intención de aplicar penas más severas en Argentina y otra, por caso, su aplicación efectiva en Cuba, Nicaragua o la Venezuela de Chávez. Para no hablar del pasado y recordar la justificación (y hasta la apología) de los métodos represivos que se empleaban en la ya disuelta Unión Soviética.
Se establece, pues una tensión fuerte entre las pulsiones de la opinión pública, que ante la inseguridad ciudadana aspiran a la acción firme y eficaz del Estado, y estas corrientes que las resisten y que, desde la presidencia de Néstor Kirchner (por una combinación de realismo pragmático y de inseguridad y flojedad de papeles para explicar su propio pasado en los años de plomo, de parte del ex presidente) fueron entronizadas como jueces de la ética política y proveedores de culpas y absoluciones.
Mientras Néstor Kirchner ejerció el manejo del arco oficialista, él pudo arreglárselas para que esos sectores –que en su gran mayoría no provienen del peronismo- fueran admitidos y considerados (así fuera con resignación) en su sistema de fuerzas por las estructuras y corrientes de origen y pertenencia justicialista. Pero con la muerte de Kirchner el sistema de autoridad del oficialismo quedó fatalmente resentido y las tensiones preexistentes y las recíprocas suspicacias empezaron a expresarse más abiertamente.
De un lado, los sedicentes sectores progresistas, temerosos de que el vacío generado por la ausencia de Kirchner fuera cubierto desde el peronismo territorial, personificaron en el gobernador de la provincia de Buenos Aires (y en su política de seguridad, incluido el ministro bonaerense Ricardo Casal) su propio eje del mal: allí golpearon desde Luis D’Elía hasta Horacio Verbitsky, pasando por el diputado Martín Sabatella, postulante a reemplazar a Scioli en alianza con el kirchnerismo progre. Del otro, al comprender los sectores del poder territorial de origen peronista que la terquedad ideológica tiende a enfrentar al conjunto con el talante sobre el tema seguridad que predomina en la sociedad (lo que, en especial para los que ejercen el gobierno o aspiran a ejercerlo en los distritos, puede ser especialmente riesgoso en un año electoral), empezó a presionarse por una postura realista: ya había hecho bastante mal la actitud que en su momento encarnara Aníbal Fernández al tratar de minimizar los problemas hablando de “sensación de inseguridad”.
Es en ese contexto en el que debe interpretarse la frase con la que Daniel Scioli insistió esta semana en la necesidad de una ley que encuadre y penalice el delito de menores, bajando la edad de imputabilidad. “"Yo no puedo quedar bien con todo el mundo, quedo bien con la gente que quiere cuidar la vida y que quiere proteger la integridad física, que quiere vivir más segura", dijo el gobernador. Ese llamado a tomar en cuenta el reclamo ciudadano estaba dando expresión a los sectores con responsabilidades de gobierno frente a las corrientes atadas al ideologismo, porque, parece obvio, no se puede “quedar bien” con ambas.
Por cierto, la tensión que se expresa en el arco oficialista en relación con el tema seguridad encubre otros recelos, en particular los que surgen de la falta de definiciones sobre la candidatura presidencial oficialista. Muchos ‘claman’ por la postulación de Cristina Kirchner, pero ella todavía calla. Y esa ambigüedad es vivida por las corrientes ideológistas del arco K como un peligro, ya que el único candidato alternativo posible con que cuenta ese arco es Daniel Scioli, para ellos “una calamidad”.
Pero el tema de la inseguridad y de la actitud a adoptar frente al delito y frente a los crímenes cometidos por menores no es una cuestión exclusiva del gobierno, sino un debate alimentado desde la base de la sociedad. Eso queda clarísimo al observarse cómo recalentó también las relaciones en el espacio del llamado peronismo federal. Eduardo Duhalde, precandidato a presidente, se había identificado con la idea de restablecer el orden social (“Seré el presidente del orden”, declaró). Uno de sus competidores internos, Felipe Solá, calificó ese planteo como “una muletilla derechosa”. Duhalde le respondió de sobrepique, con un shot vigoroso : “Hay imbéciles que creen que el orden es de derecha”.
En rigor, la idea de que el orden social es “de derecha” pertenece a la misma familia de juicios que aquél que expuso el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando aseveró que “la inflación sólo perjudica a los ricos”.
Y no está mal mentar a esta altura a la inflación, porque ese es el segundo fantasma que recorre la Argentina. El incremento de los precios es el producto de una tenaza que manipula el gobierno: con uno de sus dientes, enciende y calienta el consumo y la demanda, incrementando el circulante (aunque esto coexista, por ineficiencia, con la escasez de billetes), por el otro, paraliza la oferta e inhibe la inversión, en virtud de la arbitrariedad de sus decisiones, de falta de transparencia y controles institucionales y la inseguridad jurídica. En esas condiciones empieza a acentuarse como un mecanismo perverso la puja distributiva –que a su vez realimenta la inflación- y tiende a elevarse la conflictividad.
Esto no ocurre en un momento de caída económica, sino (aunque se esté desacelerando) en un momento de ascenso determinado por la oportunidad que el mundo ofrece a todo un batallón de países emergentes. No debería sorprender que, habiendo motivos, la conflictividad crezca en instantes de relativa holgura: la estrechez determina obediencia y sometimiento o explota en desesperación; el desahogo relativo permite la lucha por reformas y mejoras, más allá del cortísimo plazo.
El renacido conflicto del campo es una expresión de esto: hay muy buenos precios, por fortuna llegaron las lluvias y las cosechas serán buenas y los silos-bolsa permiten retener el producto y tener espaldas cubiertas mientras sigue la pelea por el precio pleno y por la libertad y transparencia de los mercados, sin la intervención deformante que sigue corporizando Guillermo Moreno.
Entretanto, los sindicatos, que expresan al contingente de los asalariados en blanco (sólo 6 de cada 10, el resto sufre la precariedad), navegan hoy en la excitación social del consumismo y en las tranquilas aguas de un virtual pleno empleo: se sienten fuertes y deben responder a unas bases que hoy tienen más altos sueldos nominales pero que sienten cómo la inflación los erosiona velozmente. Los reclamos de aumento no tienen nada que ver, por cierto, con las fantasiosamente minimalistas cifras de inflación que proporciona el INDEC y atemorizan a aquellas empresas que sufren por la virtual inmovilidad del tipo de cambio, que golpea su competitividad. Así, la ilusión del pacto social alentada desde el gobierno, por el momento se está ahogando en la sopa. El 11 de este mes se iban a reunir este mes para empezar a hablar del tema formalmente: la reunión fracasó, prometieron hacerla la semana siguiente pero desde aquel día reina sobre este tema, como diría Alfio Basile, silenzio stampa.
Donde hubo más ruido que silencio en el gobierno fue en el asunto de la cocaína descubierta en Barcelona, trasladada por argentinos y –ahora no hay dudas- desde la Argentina. El ruido derivó de la persistente insistencia de influyentes voces oficiales en afirmar que los casi mil kilos de droga en panes, multicolormente empacados, no habían salido del país, sino de la Isla de Sal, en Cabo Verde. La garganta más alta, en ese sentido, fue la del ministro de Interior, Florencio Randazzo, quien declaró eso ya avanzada la semana que concluye. ¿Cuáles eran las fuentes (si es que había alguna) en las que se basaba el funcionario. ¿O se trataba más bien de una operación de defensa preventiva? Probablemente las mismas fuentes (o la misma jefatura operativa) alimentó a los medios oficiales y oficialistas que también sostuvieron esa postura.
La Justicia argentina, con los elementos con que cuenta (que son sensiblemente incompletos aún, porque los Tribunales españoles todavía no han provisto información relevante, por ejemplo el contenido de la computadora del avión Challenger que trasladó la cocaína a Cataluña) ya no duda de que la droga fue cargada acá, seguramente no en Ezeiza, quizás en Mar del Plata, donde los hermanos Juliá pasaron un día antes de su travesía a España pero más que probablemente en Morón, en un aeródromo en el que coexisten jurisdicciones civiles y militares.
La poco fundada declaración de Randazzo tiene el defecto de su inconsistencia, pero poseía para el gobierno la virtud de sacar la pelota afuera de todas las jurisdicciones oficiales. La culpa la tenían los hermanos Juliá y el copiloto Miret, hijos de jefes castrenses de otras épocas. Nadie más. Una teoría ingeniosa, pero de vida más breve que un lirio.
Ante la caída de ese argumento, el reflejo oficial parece ser ahora descargar las responsabilidades sobre la Fuerza Aérea y hacer rodar varias cabezas militares. Una especialidad de la casa. En verdad, hasta el momento ninguna autoridad con responsabilidades sobre estos asuntos (Aduana, Aviación Civil, Seguridad Aeronáutica, etc.) ha sido suspendida ni afectada. El único que fue golpeado por el comodoro Guillermo Juliá, un oficial de Aeronáutica altamente calificado, quien fue pasado a disponibilidad por ser hermano de dos de los argentinos presos en Barcelona por este tema. Cayó por portación de apellido, un delito por el que ya han sido castigados decenas de oficiales de las tres armas bajo este gobierno, durante la gestión de Nilda Garré en el ministerio de Defensa. Esta semana, la doctora Garré, hablando del tema inseguridad, con el que se inició esta nota, enunció un principio que probablemente no aplicó, sin embargo, a los portadores de apellido: "Si garantismo es respetar a rajatabla los derechos y garantías de la Constitución Nacional, deberíamos ser todos garantistas y lo grave sería no serlo". Es que, parafraseando a Orwell, seremos todos iguales, pero algunos son menos iguales que otros.
15 ene 2011
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Un país normal
por Jorge Raventos
A juzgar por las contadas horas de este enero que la Presidente pasó en la Casa Rosada ha de ser cierta esa conjetura que presume que “en verano en la Argentina no pasa nada”.
Hay que admitir que puede haber excepciones (en el verano de 2001/2002, por caso, hubo una crisis de superproducción de presidentes; el de 2008 hospedó el incidente del bien forrado maletín chavista de Antonini Wilison y el de 2010 estuvo signado por el culebrón del Banco Central), pero parece obvio que la señora de Kirchner no se dejó intimidar por esos antecedentes ni por los ominosos choques de la estación Constitución que inauguraron el verano actual y apostó al reinado de la normalidad estival.
En ese sentido, el robo que sufrió Rodolfo Stefanon –un empleado de Presidencia que se llevó a su casa unos 85.000 dólares, fondos oficiales destinados a gastos de la tripulación del avión Tango 01 que trasladaría a la señora de Kirchner, y que fue asaltado por motochorros – confirma la idea de un paisaje normal. No es la primera vez que Stefanon – probablemente también otros- se lleva dinero del Estado a su domicilio, ni es una sorpresa que legiones de ladrones que cabalgan motos de diferentes cilindradas atracan a viandantes. Se sospecha que no se trató de un robo al voleo, que los ladrones sabían que Stefanon llevaba una pequeña fortuna en su mochila, que había sido “marcado”. Nada fuera de lo común: es la técnica de las “salideras” de la que han sido víctimas miles de clientes de bancos y escribanías. Algunos medios – Clarín, por ejemplo- infieren que la vigilancia y organización que esta modalidad habría demandado para emboscar a un funcionario de Presidencia implicaría “que una organización delictual se creó en la Casa de Gobierno”. Chocolate por la noticia.
También parece estar dentro de lo corriente que lleguen a España, procedentes de la Argentina, cargamentos de cocaína y otras drogas (principalmente, drogas “de diseño”.
Tan habitual parece ser el hecho, que el gobierno español advirtió a Buenos Aires que éste era uno de los principales orígenes sudamericanos de la introducción de droga en su territorio; también lo mantuvo informado de algunos operativos del narcotráfico que se realizaban acá y que eran investigados por organismos especializados españoles (o de países amigos). Gracias a esa ayuda se incrementó en la Argentina el secuestro de droga.
Sin embargo, las autoridades españolas que –como admitió el propio vicepresidente del gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba- estaban anticipadamente enteradas de que desde Ezeiza iba a salir, rumbo a Barcelona, un avión tripulado por argentinos con una fortuna en panes de cocaína, decidieron no comunicar al gobierno de la Argentina lo que sabían. El diario Perfil consigna la opinión de “un importante ex oficial de la División de Unidad Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA), con importante llegada a la DEA y al FBI”. Según él , “si ellos hicieron el operativo y no avisaron al sistema de seguridad local, es porque no confiaban. Era más fácil asegurar el operativo en Barcelona que Buenos Aires”. Que los organismos internacionales que investigan la acción del crimen organizado y el lavado de dinero confían poco en el Estado argentino no es un descubrimiento de este verano. También eso forma parte de la normalidad.
Aunque algunos medios oficialistas insistieron al principio en que, si bien el poderoso Challenger 604 tripulado por “los hijos de los brigadieres” (Juliá y Miret) había partido de Ezeiza, la droga recién se había cargado en un punto intermedio, la Isla de la Sal, en Cabo Verde, donde el aparato se detuvo para cargar combustible. Los investigadores españoles (y algunos argentinos) han concluido ya que no se carga y camufla una tonelada de cocaína en los escasos 50 minutos de detención logística que el avión permaneció en aquel aeropuerto africano. Ergo: la droga salió de Ezeiza. Incógnita: ¿se cargó en el Aeropuerto de Ezeiza o en la Base Aérea (militar) de Morón, donde estuvo estacionada varios días? Cualquier sea la respuesta, hay un listado de autoridades políticas y técnicas que deberán asumir responsabilidades. Hay otra incógnita, tan relevante como aquella: ¿Por qué vía ingresan a la Argentina semejantes magnitudes de droga? A juzgar por lo que revelan los españoles, este cargamento es apenas uno de los que terminan aterrizando en España (que no es, por cierto, el único destino europeo de los envíos narcos), habrá que colegir que la Argentina es colador por donde penetra droga sólo limitada por el interés de quienes la trafican. Los investigadores más dedicados al tema consideran que tampoco esta es una rareza, sino una verdad que no sale de lo común. Lo que sí, en cierto sentido, ha cambiado el cuadro es que ya la Argentina no es meramente “un país de tránsito” como predica el resistente jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (“La Argentina sigue siendo un país de tránsito, como dice Naciones Unidas, porque es un mercado chico y barato, pasan de largo por acá para llegar a mercados como el español”); hoy en día es también un país de pequeña y mediana producción y un mercado de consumo en expansión. Un dato revelador: los exámenes de inspección vehicular que detectan intoxicaciones registran cinco intoxicaciones por drogas por cada una de alcohol.
Antes de partir por casi dos semanas, la señora de Kirchner quiso saber qué había pasado en Ezeiza para que el Challenger de Juliá pudiera haber llegado, cargado y decolado sin controles. Seguramente la tranquilizaron. Las doce han dado y sereno.
En materia de normalidad, ¿qué mejor botón de muestra que una pelea con el campo? No hay economista razonable –sin descontar, por cierto, a muchos de los que se enrolan en el oficialismo- que no destaque que las dos vigorosas columnas que sostienen la performance de la economía argentina son la cadena de valor agropecuaria (que se traduce en caudalosas exportaciones cobradas a buen precio, en fuentes de trabajo y en crecimiento indirecto) y las fábricas de automóviles (que colocan una parte sustancial de su producción en el mercado brasilero). Guillermo Moreno, el persistente secretario de Comercio, es la señal que el gobierno ofrece de que algo de ese aporte del campo le resulta molesto.
Contra las promesas (y seguramente los deseos) del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el gobierno decidió seguir la línea Moreno y mantener la virtual intervención del Estado en la comercialización del trigo, estableciendo condiciones de venta del cereal que perjudican al productor y no benefician a los consumidores, aunque le facilitan el negocio a los grandes monopolios compradores y a la gran industria molinera. La del trigo no es la única desdicha de que se queja el campo, hay una lista larga donde las retenciones siguen estando, y van acompañadas de otros aspectos de la política fiscal, del sistema de amortización de los bienes productivos, de la falta de crédito. En rigor: lo que hay es un reclamo de cambio de política que la falta de cumplimiento de compromisos con el trigo ha reactivado. Así, el campo lanza un paro y se prepara para un período de resistencia. El gobierno, para que todo sea normal, también subraya la confrontación. La política de búsqueda de limar asperezas que se insinuó con la designación de Julián Domínguez en la cartera parecería diluirse, con lo cual el peso de Domínguez se relativiza. La reaparición protagónica de Moreno en el tema triguero parece una prueba de ese curso. El curso habitual.
Cuando regrese la Presidente, quizás llegue la hora de que los cambios en el gabinete, de los que se ofrecieron breves degustaciones en las últimas semanas con los nombramientos de Nilda Garré, Juan José Mussi y Juan Manuel Abal Medina (h), se desplieguen con mayor amplitud. Pero hay que ver. Ya se sabe que en verano no pasa nada.
por Jorge Raventos
A juzgar por las contadas horas de este enero que la Presidente pasó en la Casa Rosada ha de ser cierta esa conjetura que presume que “en verano en la Argentina no pasa nada”.
Hay que admitir que puede haber excepciones (en el verano de 2001/2002, por caso, hubo una crisis de superproducción de presidentes; el de 2008 hospedó el incidente del bien forrado maletín chavista de Antonini Wilison y el de 2010 estuvo signado por el culebrón del Banco Central), pero parece obvio que la señora de Kirchner no se dejó intimidar por esos antecedentes ni por los ominosos choques de la estación Constitución que inauguraron el verano actual y apostó al reinado de la normalidad estival.
En ese sentido, el robo que sufrió Rodolfo Stefanon –un empleado de Presidencia que se llevó a su casa unos 85.000 dólares, fondos oficiales destinados a gastos de la tripulación del avión Tango 01 que trasladaría a la señora de Kirchner, y que fue asaltado por motochorros – confirma la idea de un paisaje normal. No es la primera vez que Stefanon – probablemente también otros- se lleva dinero del Estado a su domicilio, ni es una sorpresa que legiones de ladrones que cabalgan motos de diferentes cilindradas atracan a viandantes. Se sospecha que no se trató de un robo al voleo, que los ladrones sabían que Stefanon llevaba una pequeña fortuna en su mochila, que había sido “marcado”. Nada fuera de lo común: es la técnica de las “salideras” de la que han sido víctimas miles de clientes de bancos y escribanías. Algunos medios – Clarín, por ejemplo- infieren que la vigilancia y organización que esta modalidad habría demandado para emboscar a un funcionario de Presidencia implicaría “que una organización delictual se creó en la Casa de Gobierno”. Chocolate por la noticia.
También parece estar dentro de lo corriente que lleguen a España, procedentes de la Argentina, cargamentos de cocaína y otras drogas (principalmente, drogas “de diseño”.
Tan habitual parece ser el hecho, que el gobierno español advirtió a Buenos Aires que éste era uno de los principales orígenes sudamericanos de la introducción de droga en su territorio; también lo mantuvo informado de algunos operativos del narcotráfico que se realizaban acá y que eran investigados por organismos especializados españoles (o de países amigos). Gracias a esa ayuda se incrementó en la Argentina el secuestro de droga.
Sin embargo, las autoridades españolas que –como admitió el propio vicepresidente del gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba- estaban anticipadamente enteradas de que desde Ezeiza iba a salir, rumbo a Barcelona, un avión tripulado por argentinos con una fortuna en panes de cocaína, decidieron no comunicar al gobierno de la Argentina lo que sabían. El diario Perfil consigna la opinión de “un importante ex oficial de la División de Unidad Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA), con importante llegada a la DEA y al FBI”. Según él , “si ellos hicieron el operativo y no avisaron al sistema de seguridad local, es porque no confiaban. Era más fácil asegurar el operativo en Barcelona que Buenos Aires”. Que los organismos internacionales que investigan la acción del crimen organizado y el lavado de dinero confían poco en el Estado argentino no es un descubrimiento de este verano. También eso forma parte de la normalidad.
Aunque algunos medios oficialistas insistieron al principio en que, si bien el poderoso Challenger 604 tripulado por “los hijos de los brigadieres” (Juliá y Miret) había partido de Ezeiza, la droga recién se había cargado en un punto intermedio, la Isla de la Sal, en Cabo Verde, donde el aparato se detuvo para cargar combustible. Los investigadores españoles (y algunos argentinos) han concluido ya que no se carga y camufla una tonelada de cocaína en los escasos 50 minutos de detención logística que el avión permaneció en aquel aeropuerto africano. Ergo: la droga salió de Ezeiza. Incógnita: ¿se cargó en el Aeropuerto de Ezeiza o en la Base Aérea (militar) de Morón, donde estuvo estacionada varios días? Cualquier sea la respuesta, hay un listado de autoridades políticas y técnicas que deberán asumir responsabilidades. Hay otra incógnita, tan relevante como aquella: ¿Por qué vía ingresan a la Argentina semejantes magnitudes de droga? A juzgar por lo que revelan los españoles, este cargamento es apenas uno de los que terminan aterrizando en España (que no es, por cierto, el único destino europeo de los envíos narcos), habrá que colegir que la Argentina es colador por donde penetra droga sólo limitada por el interés de quienes la trafican. Los investigadores más dedicados al tema consideran que tampoco esta es una rareza, sino una verdad que no sale de lo común. Lo que sí, en cierto sentido, ha cambiado el cuadro es que ya la Argentina no es meramente “un país de tránsito” como predica el resistente jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (“La Argentina sigue siendo un país de tránsito, como dice Naciones Unidas, porque es un mercado chico y barato, pasan de largo por acá para llegar a mercados como el español”); hoy en día es también un país de pequeña y mediana producción y un mercado de consumo en expansión. Un dato revelador: los exámenes de inspección vehicular que detectan intoxicaciones registran cinco intoxicaciones por drogas por cada una de alcohol.
Antes de partir por casi dos semanas, la señora de Kirchner quiso saber qué había pasado en Ezeiza para que el Challenger de Juliá pudiera haber llegado, cargado y decolado sin controles. Seguramente la tranquilizaron. Las doce han dado y sereno.
En materia de normalidad, ¿qué mejor botón de muestra que una pelea con el campo? No hay economista razonable –sin descontar, por cierto, a muchos de los que se enrolan en el oficialismo- que no destaque que las dos vigorosas columnas que sostienen la performance de la economía argentina son la cadena de valor agropecuaria (que se traduce en caudalosas exportaciones cobradas a buen precio, en fuentes de trabajo y en crecimiento indirecto) y las fábricas de automóviles (que colocan una parte sustancial de su producción en el mercado brasilero). Guillermo Moreno, el persistente secretario de Comercio, es la señal que el gobierno ofrece de que algo de ese aporte del campo le resulta molesto.
Contra las promesas (y seguramente los deseos) del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el gobierno decidió seguir la línea Moreno y mantener la virtual intervención del Estado en la comercialización del trigo, estableciendo condiciones de venta del cereal que perjudican al productor y no benefician a los consumidores, aunque le facilitan el negocio a los grandes monopolios compradores y a la gran industria molinera. La del trigo no es la única desdicha de que se queja el campo, hay una lista larga donde las retenciones siguen estando, y van acompañadas de otros aspectos de la política fiscal, del sistema de amortización de los bienes productivos, de la falta de crédito. En rigor: lo que hay es un reclamo de cambio de política que la falta de cumplimiento de compromisos con el trigo ha reactivado. Así, el campo lanza un paro y se prepara para un período de resistencia. El gobierno, para que todo sea normal, también subraya la confrontación. La política de búsqueda de limar asperezas que se insinuó con la designación de Julián Domínguez en la cartera parecería diluirse, con lo cual el peso de Domínguez se relativiza. La reaparición protagónica de Moreno en el tema triguero parece una prueba de ese curso. El curso habitual.
Cuando regrese la Presidente, quizás llegue la hora de que los cambios en el gabinete, de los que se ofrecieron breves degustaciones en las últimas semanas con los nombramientos de Nilda Garré, Juan José Mussi y Juan Manuel Abal Medina (h), se desplieguen con mayor amplitud. Pero hay que ver. Ya se sabe que en verano no pasa nada.
8 ene 2011
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
De nafta, billetes, luz, piquetes y cocaína
por Jorge Raventos
El gobierno se ha caracterizado, a lo largo de los siete años de reinado K, por las visiones conspirativas, que lo llevaron a imaginar complots y maniobras “destituyentes” ante cualquier dificultad, cuestionamiento o reunión de personas (se llegó a atribuir intención conspirativa a un locro patriótico) y a culpar a adversarios políticos o a los medios cada vez que la sociedad muestra inquietud o protesta por acciones o inacción del Estado: unos actúan en la sombra para hacer daño y los otros “mienten para que parezca que todo está mal”, como resumió el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Aún tomando en cuenta esa costumbre de culpar a terceros, resulta notable el esfuerzo que se ha hecho en los últimos días desde instancias del gobierno y con amplio uso de los medios beneficiados por la caja oficial, para despegar al sistema de poder central del escándalo que estalló una semana atrás en el aeropuerto de Barcelona cuando la Guardia Civil constató que un avión piloteado por argentinos y ligado a una empresa argentina había transportado a España casi una tonelada de cocaína del máximo refinamiento.
El caso evocó una situación ocurrida seis años atrás, cuando en el aeropuerto de Barajas se descubrieron casi 60 kilos de droga que viajaron desde Buenos Aires por una compañìa subsidiada por el Estado argentino: Southern Winds. La valija llevaba la cocaína estaba consignada a la Embajada Argentina en Madrid.
Más allá de la diferencia de volumen de la sustancia traficada, hay matices que acercan un hecho y otro. En los dos casos las empresas involucradas han tenido tratos y contratos con el poder; en los dos casos los hechos rozan a la Fuerza Aérea. La empresa que llevó la droga a Barcelona –Medical Jet- fue fundada por un ex comandante de esa fuerza –el brigadier general José Juliá- y es regenteada por dos hijos suyos; uno de ellos piloteó el aparato; el copiloto es hijo de otro ex alto oficial de la Fuerza. En el caso de Southern Winds, uno de los empleados de la línea que fueron señalados por la responsabilidad en el envío, era hijo de un comodoro, a la sazón jefe de Seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Como colofón de este episodio ese comodoro perdió su puesto, el jefe de la Fuerza Aérea del momento, comodoro Carlos Rohde, debió abandonar su cargo y la Aeronáutica se quedó sin la supervisión de las estaciones aéreas: se disolvió la Policía Aeronáutica y se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Curiosamente, en la misma semana en que trascendía el hecho de Barcelona, la Fuerza Aérea se topaba con otras dos malas noticias: de una base aérea se sustraía un número importante de cajas de munición vencida pero utilizable y se descubrìa que uno de los aviones de la flota presidencial había sido deliberadamente dañado.
Por algún motivo no tan evidente o por mero reflejo condicionado, las usinas oficiales se empeñaron de inmediato en ligar a la empresa Medical Jet con adversarios políticos. El diario Tiempo, parte de la flotilla oficialista, tituló su edición del sábado informando que Luis Barrionuevo era viajero frecuente de esa empresa y agregó que sus dueños habían aportado 5.000 pesos para la campaña del gastronómico en Catamarca. Aníbal Fernández divulgó esa misma información por los medios electrónicos. “A Kirchner no le aportaron jamás”, abundó Fernández. En rigor, por los mails que investiga la Justicia en el affaire Ricardo Jaime y en el de los medicamentos adulterados, se sabe que no todas las contribuciones que se solicitaban y recibían en las campañas K quedaban transparentemente registradas. Se sabe asimismo que Néstor Kirchner viajó en los aviones de Medical Jet durante su propia campaña presidencial y que Lázaro Báez, uno de los emblemáticos empresarios kirchneristas (el último visitante que recibió el ex Presidente en El Calafate en la que sería la noche de su muerte) mantenía una relación fluida con los hermanos Juliá, viajaba en sus aeronaves e inclusive les compró una.
Tal vez la atención dedicada por el oficialismo a este tema no oculte ningún misterio y sea, simplemente, un recurso para cambiar de conversación. Es que los temas dominantes en los primeros días de 2011, junto con las altas temperaturas, los piquetes de bañeros y el refinado golpe de una banda de boqueteros a un local del Banco Provincia en Belgrano, reflejaron distintos capítulos de la deficiente gestión (o imprevisión, o falta de reflejos) del gobierno.
Los cortes de energía siguieron martirizando a miles de familias y dañando a centenares de empresas y comercios. Muchos viajeros amargaron sus vacaciones con la falta de combustible o las largas colas para conseguirlo. Y a eso se agregó la ausencia de billetes en los cajeros automáticos, fenómeno que castigó con una suerte de corralito veraniego a empleados que querían cobrar sueldos, jubilados que querían sus prestaciones, turistas que necesitaban efectivo. Hay combinaciones de ese calvario: someterse a una extensa espera para hacerse de unos litros de nafta (en muchas estaciones, racionada) para descubrir, al llegar, que no aceptan tarjetas de débito o crédito y que uno no tiene efectivo porque el Banelco estaba vacío.
Aníbal Fernández, el autor de la frase que convertía la inseguridad en una mera sensación, tiene también respuesta para los problemas del verano. Esto le dijo a Tiempo Argentino la semana pasada: “La falta de guita puede ser una falta de previsión del Banco Central, y se soluciona, está resuelto. ¿La nafta? No hubo problemas con la nafta.“ El 2011 se inicia como una reedición de viejos éxitos.
En verdad, Fernández no es a esta altura el mejor vocero del gobierno, pero se empeña en hacerse visible. Sucede que desde el seno mismo del oficialismo cunden las versiones sobre su devaluación (que es obvia, ya que lo han privado de áreas que manejaba a su antojo) y hasta de su desplazamiento del gabinete. “Yo manejo cosas muy sensibles, muy complicadas, todos los días, varias por día, como para que la presidenta esté enojada”, se quejó desde las páginas de Tiempo Argentino. Pero se lo nota nervioso y hasta torpe: basta observar los ex abruptos que soltó en Radio Rivadavia esta semana, ignorando que los micrófonos estaban abiertos. Fernández es ya casi un profesional de los medios y ese traspié revela que la presión que soporta puede ofuscarlo y volverlo vulnerable.
Desde los círculos más empinados del gobierno llegó a los periodistas (ya antes de que finalizara el 2010) la versión de que la Presidente quiere traer desde España al embajador Carlos Bettini, un viejo amigo de La Plata a quien trata desde antes de recibirse de bachiller. Próximo a Felipe González, al ex ministro de Hacienda (y actual consultor de las mayores empresas españolas) Carlos Solchaga y a la Casa Real, Bettini vive en el exilio madrileño desde tiempos del Proceso, cuando su familia fue brutralmente golpeada por la represión y casi exterminada: él y una hermana sobrevivieron.
Muchos suponen (y tal vez Aníbal Fernández malicia) que Bettini es el candidato de la señora de Kirchner para la jefatura de gabinete. Mejor informadas, otras fuentes objetan que Bettini no quiere someterse al intenso trajín que demanda ese puesto y, en caso de que la presidente insistiera en traerlo a Buenos Aires para tenerlo como un consejero cercano, él preferiría venir como Canciller. ¿Qué hacer en tal caso con el primer cristinista, el ministro Héctor Timerman? Aunque parezca asombroso, hay quien levanta apuestas arriesgando que a él le estaría destinada la jefatura de gabinete. ¿Piensa acaso Cristina en un “enroque de tres”, que conduzca a Aníbal a un período de roce internacional como embajador ante el Reino de España? También eso podría ser asombroso.
En la reestructuración de gabinete que se vaticina (o se adivina) desde los círculos de la Casa Rosada, la otra butaca importante a reemplazar es la de Justicia. Se candidatea en los rumores a Carlos Arslanián y a Esteban Righi, el que fuera ministro de Interior de la breve presidencia de Héctor Cámpora y que hoy conduce a los fiscales desde la Procuración. También se aventura que podría ser un juez el reemplazante de Julio Alak. La presidente no tardará demasiado en resolver estas conjeturas. Difícilmente sea después de febrero.
Es que en marzo empieza una relativamente corta cuenta regresiva para la señora de Kirchner: mientras sigue empeñada en capturar algunos de los hilos que hasta octubre terminaban en las manos de su esposo y le garantizaban espacios de gobernabilidad, ella debe analizar y decidir qué hará con su candidatura presidencial.
Esta semana muchos dirigentes del kirchnerismo parecieron confabulados en difundir que ella debe encabezar la boleta del oficialismo. Sin embargo, algunas declaraciones funcionan como una puerta giratoria. Por ejemplo la del senador Pampuro, que la consideró candidata segura, pero agregó: “si ella no decide apartarse”. Ni siquiera ella sabe hoy qué es lo que hará. Hay sin embargo, un segmento nada despreciable del oficialismo que no se puede permitir que la señora “se aparte”, porque, estiman que cualquier alternativa posible en el seno de la fuerza gobernante, implicaría un cambio de rumbo.
El domingo 2 de enero, en Página 12, Horacio Verbitsky, influyente consejero del poder y orientador de un ala del oficialismo, resumía así esa preocupación: “Hoy el riesgo no es Duhalde, quien como un boxeador en el ocaso sólo permanece en el ring para recibir golpes, sino el gobernador Daniel Scioli, cuyo avanzado proyecto de diferenciación quedó en Pausa el 27 de octubre.”
Es evidente que el espíritu de confrontación permanente no murió con Kirchner. Ni siquiera está en Pausa.
por Jorge Raventos
El gobierno se ha caracterizado, a lo largo de los siete años de reinado K, por las visiones conspirativas, que lo llevaron a imaginar complots y maniobras “destituyentes” ante cualquier dificultad, cuestionamiento o reunión de personas (se llegó a atribuir intención conspirativa a un locro patriótico) y a culpar a adversarios políticos o a los medios cada vez que la sociedad muestra inquietud o protesta por acciones o inacción del Estado: unos actúan en la sombra para hacer daño y los otros “mienten para que parezca que todo está mal”, como resumió el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Aún tomando en cuenta esa costumbre de culpar a terceros, resulta notable el esfuerzo que se ha hecho en los últimos días desde instancias del gobierno y con amplio uso de los medios beneficiados por la caja oficial, para despegar al sistema de poder central del escándalo que estalló una semana atrás en el aeropuerto de Barcelona cuando la Guardia Civil constató que un avión piloteado por argentinos y ligado a una empresa argentina había transportado a España casi una tonelada de cocaína del máximo refinamiento.
El caso evocó una situación ocurrida seis años atrás, cuando en el aeropuerto de Barajas se descubrieron casi 60 kilos de droga que viajaron desde Buenos Aires por una compañìa subsidiada por el Estado argentino: Southern Winds. La valija llevaba la cocaína estaba consignada a la Embajada Argentina en Madrid.
Más allá de la diferencia de volumen de la sustancia traficada, hay matices que acercan un hecho y otro. En los dos casos las empresas involucradas han tenido tratos y contratos con el poder; en los dos casos los hechos rozan a la Fuerza Aérea. La empresa que llevó la droga a Barcelona –Medical Jet- fue fundada por un ex comandante de esa fuerza –el brigadier general José Juliá- y es regenteada por dos hijos suyos; uno de ellos piloteó el aparato; el copiloto es hijo de otro ex alto oficial de la Fuerza. En el caso de Southern Winds, uno de los empleados de la línea que fueron señalados por la responsabilidad en el envío, era hijo de un comodoro, a la sazón jefe de Seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Como colofón de este episodio ese comodoro perdió su puesto, el jefe de la Fuerza Aérea del momento, comodoro Carlos Rohde, debió abandonar su cargo y la Aeronáutica se quedó sin la supervisión de las estaciones aéreas: se disolvió la Policía Aeronáutica y se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Curiosamente, en la misma semana en que trascendía el hecho de Barcelona, la Fuerza Aérea se topaba con otras dos malas noticias: de una base aérea se sustraía un número importante de cajas de munición vencida pero utilizable y se descubrìa que uno de los aviones de la flota presidencial había sido deliberadamente dañado.
Por algún motivo no tan evidente o por mero reflejo condicionado, las usinas oficiales se empeñaron de inmediato en ligar a la empresa Medical Jet con adversarios políticos. El diario Tiempo, parte de la flotilla oficialista, tituló su edición del sábado informando que Luis Barrionuevo era viajero frecuente de esa empresa y agregó que sus dueños habían aportado 5.000 pesos para la campaña del gastronómico en Catamarca. Aníbal Fernández divulgó esa misma información por los medios electrónicos. “A Kirchner no le aportaron jamás”, abundó Fernández. En rigor, por los mails que investiga la Justicia en el affaire Ricardo Jaime y en el de los medicamentos adulterados, se sabe que no todas las contribuciones que se solicitaban y recibían en las campañas K quedaban transparentemente registradas. Se sabe asimismo que Néstor Kirchner viajó en los aviones de Medical Jet durante su propia campaña presidencial y que Lázaro Báez, uno de los emblemáticos empresarios kirchneristas (el último visitante que recibió el ex Presidente en El Calafate en la que sería la noche de su muerte) mantenía una relación fluida con los hermanos Juliá, viajaba en sus aeronaves e inclusive les compró una.
Tal vez la atención dedicada por el oficialismo a este tema no oculte ningún misterio y sea, simplemente, un recurso para cambiar de conversación. Es que los temas dominantes en los primeros días de 2011, junto con las altas temperaturas, los piquetes de bañeros y el refinado golpe de una banda de boqueteros a un local del Banco Provincia en Belgrano, reflejaron distintos capítulos de la deficiente gestión (o imprevisión, o falta de reflejos) del gobierno.
Los cortes de energía siguieron martirizando a miles de familias y dañando a centenares de empresas y comercios. Muchos viajeros amargaron sus vacaciones con la falta de combustible o las largas colas para conseguirlo. Y a eso se agregó la ausencia de billetes en los cajeros automáticos, fenómeno que castigó con una suerte de corralito veraniego a empleados que querían cobrar sueldos, jubilados que querían sus prestaciones, turistas que necesitaban efectivo. Hay combinaciones de ese calvario: someterse a una extensa espera para hacerse de unos litros de nafta (en muchas estaciones, racionada) para descubrir, al llegar, que no aceptan tarjetas de débito o crédito y que uno no tiene efectivo porque el Banelco estaba vacío.
Aníbal Fernández, el autor de la frase que convertía la inseguridad en una mera sensación, tiene también respuesta para los problemas del verano. Esto le dijo a Tiempo Argentino la semana pasada: “La falta de guita puede ser una falta de previsión del Banco Central, y se soluciona, está resuelto. ¿La nafta? No hubo problemas con la nafta.“ El 2011 se inicia como una reedición de viejos éxitos.
En verdad, Fernández no es a esta altura el mejor vocero del gobierno, pero se empeña en hacerse visible. Sucede que desde el seno mismo del oficialismo cunden las versiones sobre su devaluación (que es obvia, ya que lo han privado de áreas que manejaba a su antojo) y hasta de su desplazamiento del gabinete. “Yo manejo cosas muy sensibles, muy complicadas, todos los días, varias por día, como para que la presidenta esté enojada”, se quejó desde las páginas de Tiempo Argentino. Pero se lo nota nervioso y hasta torpe: basta observar los ex abruptos que soltó en Radio Rivadavia esta semana, ignorando que los micrófonos estaban abiertos. Fernández es ya casi un profesional de los medios y ese traspié revela que la presión que soporta puede ofuscarlo y volverlo vulnerable.
Desde los círculos más empinados del gobierno llegó a los periodistas (ya antes de que finalizara el 2010) la versión de que la Presidente quiere traer desde España al embajador Carlos Bettini, un viejo amigo de La Plata a quien trata desde antes de recibirse de bachiller. Próximo a Felipe González, al ex ministro de Hacienda (y actual consultor de las mayores empresas españolas) Carlos Solchaga y a la Casa Real, Bettini vive en el exilio madrileño desde tiempos del Proceso, cuando su familia fue brutralmente golpeada por la represión y casi exterminada: él y una hermana sobrevivieron.
Muchos suponen (y tal vez Aníbal Fernández malicia) que Bettini es el candidato de la señora de Kirchner para la jefatura de gabinete. Mejor informadas, otras fuentes objetan que Bettini no quiere someterse al intenso trajín que demanda ese puesto y, en caso de que la presidente insistiera en traerlo a Buenos Aires para tenerlo como un consejero cercano, él preferiría venir como Canciller. ¿Qué hacer en tal caso con el primer cristinista, el ministro Héctor Timerman? Aunque parezca asombroso, hay quien levanta apuestas arriesgando que a él le estaría destinada la jefatura de gabinete. ¿Piensa acaso Cristina en un “enroque de tres”, que conduzca a Aníbal a un período de roce internacional como embajador ante el Reino de España? También eso podría ser asombroso.
En la reestructuración de gabinete que se vaticina (o se adivina) desde los círculos de la Casa Rosada, la otra butaca importante a reemplazar es la de Justicia. Se candidatea en los rumores a Carlos Arslanián y a Esteban Righi, el que fuera ministro de Interior de la breve presidencia de Héctor Cámpora y que hoy conduce a los fiscales desde la Procuración. También se aventura que podría ser un juez el reemplazante de Julio Alak. La presidente no tardará demasiado en resolver estas conjeturas. Difícilmente sea después de febrero.
Es que en marzo empieza una relativamente corta cuenta regresiva para la señora de Kirchner: mientras sigue empeñada en capturar algunos de los hilos que hasta octubre terminaban en las manos de su esposo y le garantizaban espacios de gobernabilidad, ella debe analizar y decidir qué hará con su candidatura presidencial.
Esta semana muchos dirigentes del kirchnerismo parecieron confabulados en difundir que ella debe encabezar la boleta del oficialismo. Sin embargo, algunas declaraciones funcionan como una puerta giratoria. Por ejemplo la del senador Pampuro, que la consideró candidata segura, pero agregó: “si ella no decide apartarse”. Ni siquiera ella sabe hoy qué es lo que hará. Hay sin embargo, un segmento nada despreciable del oficialismo que no se puede permitir que la señora “se aparte”, porque, estiman que cualquier alternativa posible en el seno de la fuerza gobernante, implicaría un cambio de rumbo.
El domingo 2 de enero, en Página 12, Horacio Verbitsky, influyente consejero del poder y orientador de un ala del oficialismo, resumía así esa preocupación: “Hoy el riesgo no es Duhalde, quien como un boxeador en el ocaso sólo permanece en el ring para recibir golpes, sino el gobernador Daniel Scioli, cuyo avanzado proyecto de diferenciación quedó en Pausa el 27 de octubre.”
Es evidente que el espíritu de confrontación permanente no murió con Kirchner. Ni siquiera está en Pausa.
1 ene 2011
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Los desafíos del nuevo año
por Jorge Raventos
Antes de cerrar 2010 Cristina Kirchner introdujo un nuevo cambio en su gabinete al incorporar a Juan José Mussi, hasta ese instante alcalde de Berazategui, como secretario de Ambiente, en reemplazo de Homero Bibiloni. Desde la muerte de su esposo, a finales de octubre, la presidente introdujo más de veinte modificaciones en su elenco y es probable que ese proceso no haya concluido con la mudanza de año.
Se ha iniciado el decisivo 2011, último tramo de este período presidencial, y la señora sopesa la tentación de presentarse como candidata a reincidir. Quizás la promoción de Mussi sea una señal del deseo que prevalece: hace menos de un mes, en la reunión del justicialismo bonaerense citada por Daniel Scioli en su residencia de La Plata, Mussi, que aún revistaba como intendente, reclamó un pronunciamiento a favor de la postulación presidencial de la señora de Kirchner; el gesto no consiguió acompañamiento del resto de los dirigentes provinciales pero fue seguido con atención desde la Casa Rosada.
Inmediatamente después de la desaparición de Néstor Kirchner, los estudios demoscópicos sugerían que la perspectiva de la reelección sólo dependía de las intenciones de la presidente: su nombre figuraba al tope de las encuestas y las intenciones de voto que se registraban, alentadas por la atmósfera del duelo, parecían indicar que se impondría sin necesidad de pasar por el ballotage que el oficialismo siempre ha temido. Con esos números, hasta los jefes territoriales más remisos se preparaban (o se resignaban) a alinearse tras el nombre de la viuda en la boleta electoral partidaria.
Pero las cosas cambiaron en vísperas del fin de año: el desborde de la disciplina social, las vacilaciones, marchas y contramarchas, las imprevisiones y deficiencias de gestión expuestas en el crepúsculo de 2010 cambiaron el humor social y provocaron un derrumbe en las encuestas. El peronismo, más allá de las declaraciones públicas, puertas adentro se dispuso entonces a tomarse tiempo antes de definir candidaturas y eligió como argumento la vocación de “no presionar a la señora con pronunciamientos apresurados”. La propia presidente se sumergió en agobiantes incertidumbres: ella no pretende una candidatura testimonial, susceptible de ser aplastada en una segunda vuelta; para postularse quiere tener razonables garantías de que será reelecta. Las dudas de la señora alarman, claro está, a muchos de sus colaboradores que, con motivos, prevén que su propio futuro se ensombrece si la familia Kirchner deja el gobierno; en esos ámbitos se incrementan los esfuerzos para devolverle la confianza, se contratan encuestas optimistas, se ofrecen planes, se trata de contener sus titubeos con sesiones de reflexión ideológica, charlas económicas, descripción de presuntas conspiraciones ajenas, información sobre opositores o eventuales adversarios internos.
Después de dos meses largos de presidir el país sin la tutela de Néstor Kirchner, lo que más aflige a su viuda es la percepción, ante cada situación crítica, de todos los hilos que han quedado fuera de control y la conciencia de que, sin esos elementos de contención, la situación del país puede adquirir por momentos una vertiginosa volatilidad.
El disciplinamiento que Néstor Kirchner le había impuesto al sistema de fuerzas que conducía permitía establecer un cierto orden, así fuera precario, o liberar presión abriendo o cerrando algunas válvulas. Aunque crecientemente entrópico, ese sistema permitía contener un cuadro social que hoy, sin ese mecanismo, se muestra desbordantemente y sin maquillajes. Hoy está a la vista que un gobierno que ha contado durante su gestión con excedentes asombrosos (y con una no menos asombrosa ausencia de obstáculos institucionales para emplearlos a su capricho) ha alimentado en los últimos cuatro años un notable retroceso social, agravado por la creciente inflación. Desde 2007, uno de cada cuatro argentinos que habían conseguido trepar algo por encima de la línea de pobreza, volvieron a precipitarse: hoy las cifras son análogas a las de 2001 (y peores a las de la demonizada década del 90). La pobreza en el Gran Buenos Aires promedia el 37 por ciento (con picos del 49 por ciento). El promedio de la indigencia (insuficiencia para cubrir la canasta alimentaria mínima) ronda el 12 por ciento y asciende al 17 por ciento en el sector informal de la economía, donde no llega el subsidio “universal” a la niñez (dejando así al 60 por ciento de los menores de 18 años sin ayuda). En materia de equidad distributiva –una asignatura de la que el gobierno insiste en preciarse-, el 10% de la población más rica gana hoy 33 veces más que 10% más pobre.
Los desafíos del 2011 superan, por eso, la esfera de lo electoral, aunque la incluyan. En primer lugar, el desafío es el de volver equilibrado y gobernable un sistema que perdió su viga principal con la muerte de Néstor Kirchner. La autoridad se erosiona rápidamente cuando no hay respuestas veloces y eficaces a demandas plausibles, se trate del restablecimiento del orden público, de poner fin a una usurpación, de restablecer la energía a domicilios o centros productivos, de dotar de billetes adecuados a los cajeros automáticos. Y esa erosión es más peligrosa cuando el nivel de irritación pública es más alto.
Garantizada la gobernanza, se trata de trabajar para su desarrollo y para el mejoramiento de la sociedad: es preciso recuperar la concordia y dejar atrás la etapa de la confrontación constante y la arbitrariedad. Hay desafíos en la recuperación de la confianza (y con ella, de la inversión), en la adecuada reinserción internacional y en la comprensión del mundo crecientemente integrado en el que nos movemos, que castiga al aislamiento con la irrelevancia y la decadencia. Hay un desafío acuciante que es detener y combatir la inflación, que hace más pobres a los pobres , desalienta el ahorro y envenena toda apuesta al futuro. Hay otro desafío relacionado con el castigo a la corrupción y otro vinculado a la seguridad ciudadana y la lucha decidida y eficaz contra el delito. El desarrollo de un auténtico federalismo, la integración física y la plena ocupación territorial, ofreciendo alternativas al desmadre demográfico que concentra, hacina y faveliza población en porciones insignificantes de nuestra vasta extensión, son objetivos que, como los anteriores, requieren decisión, convergencia y acuerdos patrióticos, son tareas que trascienden la acción de una fuerza política o un gobierno.
La Argentina pudo ya una vez superar enfrentamientos civiles, ordenarse, educar e integrar a millones de personas que llegaron a estas tierras, muchas de ellas sin hablar siquiera el idioma, ofrecer a su población un destino de movilidad social ascendente y una sociedad de la que sentirse orgullosos. Si el país pudo hacerlo una vez, no hay motivo para que no pueda hacerlo nuevamente ahora, cuando el mundo ofrece una gran oportunidad que varios de nuestros vecinos, con sentido común y sin desvaríos ideológicos, están aprovechando a pleno.
Quizás el principal desafío del nuevo año resida en tomar conciencia de que la tarea es posible y poner manos a la obra.
por Jorge Raventos
Antes de cerrar 2010 Cristina Kirchner introdujo un nuevo cambio en su gabinete al incorporar a Juan José Mussi, hasta ese instante alcalde de Berazategui, como secretario de Ambiente, en reemplazo de Homero Bibiloni. Desde la muerte de su esposo, a finales de octubre, la presidente introdujo más de veinte modificaciones en su elenco y es probable que ese proceso no haya concluido con la mudanza de año.
Se ha iniciado el decisivo 2011, último tramo de este período presidencial, y la señora sopesa la tentación de presentarse como candidata a reincidir. Quizás la promoción de Mussi sea una señal del deseo que prevalece: hace menos de un mes, en la reunión del justicialismo bonaerense citada por Daniel Scioli en su residencia de La Plata, Mussi, que aún revistaba como intendente, reclamó un pronunciamiento a favor de la postulación presidencial de la señora de Kirchner; el gesto no consiguió acompañamiento del resto de los dirigentes provinciales pero fue seguido con atención desde la Casa Rosada.
Inmediatamente después de la desaparición de Néstor Kirchner, los estudios demoscópicos sugerían que la perspectiva de la reelección sólo dependía de las intenciones de la presidente: su nombre figuraba al tope de las encuestas y las intenciones de voto que se registraban, alentadas por la atmósfera del duelo, parecían indicar que se impondría sin necesidad de pasar por el ballotage que el oficialismo siempre ha temido. Con esos números, hasta los jefes territoriales más remisos se preparaban (o se resignaban) a alinearse tras el nombre de la viuda en la boleta electoral partidaria.
Pero las cosas cambiaron en vísperas del fin de año: el desborde de la disciplina social, las vacilaciones, marchas y contramarchas, las imprevisiones y deficiencias de gestión expuestas en el crepúsculo de 2010 cambiaron el humor social y provocaron un derrumbe en las encuestas. El peronismo, más allá de las declaraciones públicas, puertas adentro se dispuso entonces a tomarse tiempo antes de definir candidaturas y eligió como argumento la vocación de “no presionar a la señora con pronunciamientos apresurados”. La propia presidente se sumergió en agobiantes incertidumbres: ella no pretende una candidatura testimonial, susceptible de ser aplastada en una segunda vuelta; para postularse quiere tener razonables garantías de que será reelecta. Las dudas de la señora alarman, claro está, a muchos de sus colaboradores que, con motivos, prevén que su propio futuro se ensombrece si la familia Kirchner deja el gobierno; en esos ámbitos se incrementan los esfuerzos para devolverle la confianza, se contratan encuestas optimistas, se ofrecen planes, se trata de contener sus titubeos con sesiones de reflexión ideológica, charlas económicas, descripción de presuntas conspiraciones ajenas, información sobre opositores o eventuales adversarios internos.
Después de dos meses largos de presidir el país sin la tutela de Néstor Kirchner, lo que más aflige a su viuda es la percepción, ante cada situación crítica, de todos los hilos que han quedado fuera de control y la conciencia de que, sin esos elementos de contención, la situación del país puede adquirir por momentos una vertiginosa volatilidad.
El disciplinamiento que Néstor Kirchner le había impuesto al sistema de fuerzas que conducía permitía establecer un cierto orden, así fuera precario, o liberar presión abriendo o cerrando algunas válvulas. Aunque crecientemente entrópico, ese sistema permitía contener un cuadro social que hoy, sin ese mecanismo, se muestra desbordantemente y sin maquillajes. Hoy está a la vista que un gobierno que ha contado durante su gestión con excedentes asombrosos (y con una no menos asombrosa ausencia de obstáculos institucionales para emplearlos a su capricho) ha alimentado en los últimos cuatro años un notable retroceso social, agravado por la creciente inflación. Desde 2007, uno de cada cuatro argentinos que habían conseguido trepar algo por encima de la línea de pobreza, volvieron a precipitarse: hoy las cifras son análogas a las de 2001 (y peores a las de la demonizada década del 90). La pobreza en el Gran Buenos Aires promedia el 37 por ciento (con picos del 49 por ciento). El promedio de la indigencia (insuficiencia para cubrir la canasta alimentaria mínima) ronda el 12 por ciento y asciende al 17 por ciento en el sector informal de la economía, donde no llega el subsidio “universal” a la niñez (dejando así al 60 por ciento de los menores de 18 años sin ayuda). En materia de equidad distributiva –una asignatura de la que el gobierno insiste en preciarse-, el 10% de la población más rica gana hoy 33 veces más que 10% más pobre.
Los desafíos del 2011 superan, por eso, la esfera de lo electoral, aunque la incluyan. En primer lugar, el desafío es el de volver equilibrado y gobernable un sistema que perdió su viga principal con la muerte de Néstor Kirchner. La autoridad se erosiona rápidamente cuando no hay respuestas veloces y eficaces a demandas plausibles, se trate del restablecimiento del orden público, de poner fin a una usurpación, de restablecer la energía a domicilios o centros productivos, de dotar de billetes adecuados a los cajeros automáticos. Y esa erosión es más peligrosa cuando el nivel de irritación pública es más alto.
Garantizada la gobernanza, se trata de trabajar para su desarrollo y para el mejoramiento de la sociedad: es preciso recuperar la concordia y dejar atrás la etapa de la confrontación constante y la arbitrariedad. Hay desafíos en la recuperación de la confianza (y con ella, de la inversión), en la adecuada reinserción internacional y en la comprensión del mundo crecientemente integrado en el que nos movemos, que castiga al aislamiento con la irrelevancia y la decadencia. Hay un desafío acuciante que es detener y combatir la inflación, que hace más pobres a los pobres , desalienta el ahorro y envenena toda apuesta al futuro. Hay otro desafío relacionado con el castigo a la corrupción y otro vinculado a la seguridad ciudadana y la lucha decidida y eficaz contra el delito. El desarrollo de un auténtico federalismo, la integración física y la plena ocupación territorial, ofreciendo alternativas al desmadre demográfico que concentra, hacina y faveliza población en porciones insignificantes de nuestra vasta extensión, son objetivos que, como los anteriores, requieren decisión, convergencia y acuerdos patrióticos, son tareas que trascienden la acción de una fuerza política o un gobierno.
La Argentina pudo ya una vez superar enfrentamientos civiles, ordenarse, educar e integrar a millones de personas que llegaron a estas tierras, muchas de ellas sin hablar siquiera el idioma, ofrecer a su población un destino de movilidad social ascendente y una sociedad de la que sentirse orgullosos. Si el país pudo hacerlo una vez, no hay motivo para que no pueda hacerlo nuevamente ahora, cuando el mundo ofrece una gran oportunidad que varios de nuestros vecinos, con sentido común y sin desvaríos ideológicos, están aprovechando a pleno.
Quizás el principal desafío del nuevo año resida en tomar conciencia de que la tarea es posible y poner manos a la obra.
25 dic 2010
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Año caliente, verano desbordado
por Jorge Raventos
En vísperas de la Nochebuena, decenas de miles de trabajadores de las barriadas del sur del Gran Buenos Aires debieron soportar durante horas el impiadoso sol del verano porteño puertas afuera de la estación Constitución, que había sido clausurada; no habría servicio de trenes hasta la madrugada siguiente, porque desde temprano estaban cortadas las vías a la altura de Avellaneda por una protesta y el gobierno nacional había decidido no despejar el bloqueo para no provocar incidentes. Lo que quiso evitar en Avellaneda sucedió, así, en Constitución: centenares de pasajeros frustrados, sublevados por la arbitrariedad, la demora y el calor se lanzaron contra las rejas encadenadas de la estación ferroviaria y chocaron con la mínima dotación de la Policía Federal que las custodiaba. Los disturbios se prolongaron por más de dos horas; cuando los refuerzos policiales consiguieron contenerlos ya se habían producido incendios, saqueos de comercios, batallas a pedradas desplegadas en medio del tránsito (que no había sido cortado y desviado durante los incidentes) y se contabilizaba una treintena de heridos (algunos de ellos, efectivos de la Federal), varios de gravedad.
Nilda Garré, la flamante secretaria de Seguridad se consideró satisfecha con la performance de sus fuerzas. Para ella el objetivo principal reside, al parecer, en evitar que la Policía –que quiere desarmada- pueda ser culpada de una muerte o una lesión grave. La seguridad es otra cosa, claro. Por lo menos eso deben pensar los que vieron destruidos o saqueados sus comercios o propiedades o los que no pudieron viajar, que quizás hubieran preferido un poco de acción de las fuerzas para liberar el bloqueo a las vías, donde estaba el núcleo del problema (lo que impedía el paso de los trenes).
Mientras esto ocurría en Constitución, seguían avanzaban en otros sitios –descampados, depósitos privados, inmuebles en litigio, terrenos estatales y hasta veredas- la ocupaciones ilegales. Las fuerzas de seguridad en muchos de esos casos ni siquiera se hacen presentes,; en otros, rodean con cierto despliegue los espacios usurpados, en una maniobra que tiene por principal objetivo defender a los okupas de los intentos de desalojo protagonizados por el vecindario. El caso de un club barrial de Villa Lugano es un ejemplo: el juez actuante ordenó la desocupación hace más de diez días y no se ha registrado acción en ese sentido. La secretaria Garré pretende que la Ciudad de Buenos Aires entregue un subsidio a los ocupantes para que estos abandonen el predio, pero el gobierno nacional había acordado con el de la ciudad autónoma que no se premiaría a los usurpadores con ningún beneficio. Más que un cambio de criterio, la propuesta de la secretaria revela impotencia: el gobierno no se siente en fuerza para hacer cumplir la ley ni para cumplir con las instrucciones de los jueces.
A la luz de esa debilidad, avanza en la sociedad la acción directa: así como se ocupan predios ilegalmente, pequeños grupos o manifestaciones más concurridas cortan con distintos motivos esquinas transitadísimas, autopistas, vías férreas y rutas o bloquean la salida de vuelos. Todo el mundo tiene causas (plausibles o caprichosas) para intentar hacer lo que el Estado no hace o para reclamarle que lo haga. Para pedir, por ejemplo, que funcionen los trenes subsidiados o que no falte la energía en los hogares y en las calles durante días enteros. O que no falten billetes de banco.
Después de haber anunciado lo contrario, el gobierno decidió de buenas a primeras que el 24 y el 31 de diciembre se convirtieran en feriados bancarios porque temió no poder garantizar que hubiera papel moneda en las instituciones (de hecho, eso ocurrió durante largas y tórridas horas en algunas sucursales del Banco Nación el jueves 23, para padecimiento de decenas de jubilados que debían cobrar sus haberes). Hay que reconocer la coherencia del método: si hay corte de vías, se cierra Constitución y se suspende el servicio de trenes; si no se pueden garantizar los billetes, se cierra los bancos.
Así, el gobierno llega al fin de 2010 en medio de una situación de desorden y de obvias torpezas en la gestión. Las decisiones se demoran, los problemas no encuentran soluciones adecuadas y oportunas. La chapucería llega a los propios nombramientos que hace el gobierno: el flamante secretario de Justicia, Alejandro Julián Alvarez (un militante de La Cámpora, la corriente que conduce Máximo Kirchner) no podrá formar parte del Consejo de la Magistratura, como preveía un decreto de 2006 suscripto por Néstor Kirchner. Con 29 años, Alvarez no alcanza la edad que se requiere para formar parte de ese cuerpo. El gobierno tuvo que modificar aquel decreto del ex presidente.
Juan Perón solía decir que sus gobiernos serían apreciados “no porque nosotros seamos buenos, sino porque los que vinieron después fueron peores”. Aquella frase pícara del General quizás podría aplicarse hoy a Néstor Kirchner. Son muchos los que lo extrañan y observan que el gobierno está sintiendo su ausencia. Es que el sistema de poder del oficialismo giraba alrededor del ex presidente: él mandaba, él disciplinaba, él administraba los recursos, el hacía el seguimiento de los temas. Esos roles no han sido heredados.
La hipercentralización que ejercía Néstor Kirchner procuraba, de todos modos, asentarse sobre bases más amplias que un entorno de allegados, conocidos o preferidos por simpatías ideológicas o por “cuestiones de piel”. En función de la consolidación de su mando y de sus intereses, Kirchner actuaba con un enorme pragmatismo, como detectó la Embajada de Estados Unidos, según las filtraciones de Wikileaks.
En los últimos tiempos, después de la muerte y el paréntesis del duelo, se van sucediendo hechos que exhiben improvisación y estrechamiento en la selección del personal de gobierno. A los alejamientos inducidos de personas que parecían allegadas al jefe de gabinete, Aníbal Fernández (desde altos funcionarios de las áreas de Seguridad y de Justicia hasta la plana mayor de la Policía Federal), se ha sumado el del Procurador Joaquín Da Rocha, un peronista de cuyo estudio privado participa el ex canciller, Rafael Bielsa. Da Rocha venía siendo atacado en los últimos meses por Horacio Verbitsky, el columnista de Página 12 y presidente del CELS al que se asigna influencia ideológica en muchas decisiones presidenciales.
Para Verbitsky, Da Rocha era culpable de tres pecados: su amistad política con Daniel Scioli, ser funcional al Grupo Clarín y haber permitido que su estudio asesorara al gobierno chileno en el reclamo de extradición del ex terrorista Galvarino Apablaza. Para reemplazar a Da Rocha, la Presidente convocó a una conocida: Angelina Abbona, que fue Titular del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz y que, además, cuenta con la tutela de Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, que acompaña a los Kirchner desde su provincia.
Si en la etapa ascendente de su gobierno Néstor Kirchner se rodeó de figuras de perfil propio, heredadas, en casos, de la presidencia de Eduardo Duhalde (como Roberto Lavagna), hoy parece haber una preocupación por consolidar un eje sólidamente “cristinista”, algo que se observa tanto en los reclutamientos más cercanos como en las preferencias de trato de la Presidente a sus diferentes ministros. Algunos suben, otros descienden. Se espera, inclusive, que esta tendencia se consolide con una reestructuración más amplia del gabinete. Entretanto, esa atmósfera suscita intrigas y conflictos soterrados.
Fue notable el esfuerzo que hizo el oficialismo la última semana para asegurar ya mismo el ascenso del general César Milani, un militar al que se le vaticina un destino de Jefe de Estado Mayor. Se atribuye a Milani una relación política estrecha con la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, pero este no parece ser el motivo principal de la notable movilización con que el oficialismo consiguió quórum para poder aprobar ese pliego. La razón sería, más bien, el vínculo político que Milani ha probado con el kirchnerismo. A él se adjudica la política (que algunos definen como “limpieza genética del Ejército”) que eliminó de las listas de ascensos a varias decenas de oficiales de brillantes calificaciones, objetados por sus lazos familiares con militares de anteriores camadas y por ello sospechados de tener diferencias políticas con el oficialismo.
Una matriz hipercentralista como la que el kirchnerismo traía desde sus orígenes, parecía destinada a manifestarse de un modo más extremo tras la muerte de quien fuera su forjador. Así, empiezan a expresarse sectores del núcleo oficialista que buscan instalar ya, pese a las dificultades que evidencia su gestión, la candidatura presidencial de Cristina Kirchner por el oficialismo.
Ya lo han hecho el canciller Héctor Timmerman (el primero de la clase: lo dijo antes del sepelio de Néstor) y esta semana, el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Alberto Fernández, que fue jefe de Gabinete tanto de la actual Presidente como de su esposo, acaba de declarar que ella “no es la candidata natural” del peronismo. Es una opinión interesante, pero, claro, Alberto Fernández no puede ya ser considerado un hombre del oficialismo. Resulta más significativo, en todo caso, el silencio o las reservas (salvo contadas excepciones) de los jefes territoriales del conurbano y los argumentos con que algunos gobernadores gambetean el tema, alegando que no quieren “forzar decisiones” de la Presidente. Ella, por su lado, cuando se reunió con los dirigentes del Partido Justicialista, la semana última, les pidió “amplitud”, para aceptar a otros.
Seguramente la señora sabe que hay otros que muestran las reticencias que ella observa en el peronismo; en efecto, esa actitud no es en absoluto acompañada por la izquierda que trata de crecer a la sombra del poder kirchnerista: Martín Sabatella, diputado y líder del partido Nuevo Encuentro, expone sin recelo alguno su voluntad de respaldar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Pero combate al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Y a otros gobernadores peronistas. Y lo hace sin “amplitud” alguna.
El 2010 concluye así entre el hervidero de la acción directa y el desborde (“el desmadre”, dicen algunos) y los conflictos íntimos que la política deberá procesar para hacerse cargo del año electoral. Faltan 10 meses aún para que se abran las urnas. Como cada día tiene su afán, antes habrá tiempo para hacerse cargo de la provisión de billetes, de la provisión de seguridad, de la provisión de energía, del cumplimiento de los fallos de la Justicia, de hacer cumplir las leyes y de combatir adecuadamente las usurpaciones, de frenar la inflación, de generar condiciones que estimulen la inversión. En fin, de gobernar. Toda una convocatoria.
por Jorge Raventos
En vísperas de la Nochebuena, decenas de miles de trabajadores de las barriadas del sur del Gran Buenos Aires debieron soportar durante horas el impiadoso sol del verano porteño puertas afuera de la estación Constitución, que había sido clausurada; no habría servicio de trenes hasta la madrugada siguiente, porque desde temprano estaban cortadas las vías a la altura de Avellaneda por una protesta y el gobierno nacional había decidido no despejar el bloqueo para no provocar incidentes. Lo que quiso evitar en Avellaneda sucedió, así, en Constitución: centenares de pasajeros frustrados, sublevados por la arbitrariedad, la demora y el calor se lanzaron contra las rejas encadenadas de la estación ferroviaria y chocaron con la mínima dotación de la Policía Federal que las custodiaba. Los disturbios se prolongaron por más de dos horas; cuando los refuerzos policiales consiguieron contenerlos ya se habían producido incendios, saqueos de comercios, batallas a pedradas desplegadas en medio del tránsito (que no había sido cortado y desviado durante los incidentes) y se contabilizaba una treintena de heridos (algunos de ellos, efectivos de la Federal), varios de gravedad.
Nilda Garré, la flamante secretaria de Seguridad se consideró satisfecha con la performance de sus fuerzas. Para ella el objetivo principal reside, al parecer, en evitar que la Policía –que quiere desarmada- pueda ser culpada de una muerte o una lesión grave. La seguridad es otra cosa, claro. Por lo menos eso deben pensar los que vieron destruidos o saqueados sus comercios o propiedades o los que no pudieron viajar, que quizás hubieran preferido un poco de acción de las fuerzas para liberar el bloqueo a las vías, donde estaba el núcleo del problema (lo que impedía el paso de los trenes).
Mientras esto ocurría en Constitución, seguían avanzaban en otros sitios –descampados, depósitos privados, inmuebles en litigio, terrenos estatales y hasta veredas- la ocupaciones ilegales. Las fuerzas de seguridad en muchos de esos casos ni siquiera se hacen presentes,; en otros, rodean con cierto despliegue los espacios usurpados, en una maniobra que tiene por principal objetivo defender a los okupas de los intentos de desalojo protagonizados por el vecindario. El caso de un club barrial de Villa Lugano es un ejemplo: el juez actuante ordenó la desocupación hace más de diez días y no se ha registrado acción en ese sentido. La secretaria Garré pretende que la Ciudad de Buenos Aires entregue un subsidio a los ocupantes para que estos abandonen el predio, pero el gobierno nacional había acordado con el de la ciudad autónoma que no se premiaría a los usurpadores con ningún beneficio. Más que un cambio de criterio, la propuesta de la secretaria revela impotencia: el gobierno no se siente en fuerza para hacer cumplir la ley ni para cumplir con las instrucciones de los jueces.
A la luz de esa debilidad, avanza en la sociedad la acción directa: así como se ocupan predios ilegalmente, pequeños grupos o manifestaciones más concurridas cortan con distintos motivos esquinas transitadísimas, autopistas, vías férreas y rutas o bloquean la salida de vuelos. Todo el mundo tiene causas (plausibles o caprichosas) para intentar hacer lo que el Estado no hace o para reclamarle que lo haga. Para pedir, por ejemplo, que funcionen los trenes subsidiados o que no falte la energía en los hogares y en las calles durante días enteros. O que no falten billetes de banco.
Después de haber anunciado lo contrario, el gobierno decidió de buenas a primeras que el 24 y el 31 de diciembre se convirtieran en feriados bancarios porque temió no poder garantizar que hubiera papel moneda en las instituciones (de hecho, eso ocurrió durante largas y tórridas horas en algunas sucursales del Banco Nación el jueves 23, para padecimiento de decenas de jubilados que debían cobrar sus haberes). Hay que reconocer la coherencia del método: si hay corte de vías, se cierra Constitución y se suspende el servicio de trenes; si no se pueden garantizar los billetes, se cierra los bancos.
Así, el gobierno llega al fin de 2010 en medio de una situación de desorden y de obvias torpezas en la gestión. Las decisiones se demoran, los problemas no encuentran soluciones adecuadas y oportunas. La chapucería llega a los propios nombramientos que hace el gobierno: el flamante secretario de Justicia, Alejandro Julián Alvarez (un militante de La Cámpora, la corriente que conduce Máximo Kirchner) no podrá formar parte del Consejo de la Magistratura, como preveía un decreto de 2006 suscripto por Néstor Kirchner. Con 29 años, Alvarez no alcanza la edad que se requiere para formar parte de ese cuerpo. El gobierno tuvo que modificar aquel decreto del ex presidente.
Juan Perón solía decir que sus gobiernos serían apreciados “no porque nosotros seamos buenos, sino porque los que vinieron después fueron peores”. Aquella frase pícara del General quizás podría aplicarse hoy a Néstor Kirchner. Son muchos los que lo extrañan y observan que el gobierno está sintiendo su ausencia. Es que el sistema de poder del oficialismo giraba alrededor del ex presidente: él mandaba, él disciplinaba, él administraba los recursos, el hacía el seguimiento de los temas. Esos roles no han sido heredados.
La hipercentralización que ejercía Néstor Kirchner procuraba, de todos modos, asentarse sobre bases más amplias que un entorno de allegados, conocidos o preferidos por simpatías ideológicas o por “cuestiones de piel”. En función de la consolidación de su mando y de sus intereses, Kirchner actuaba con un enorme pragmatismo, como detectó la Embajada de Estados Unidos, según las filtraciones de Wikileaks.
En los últimos tiempos, después de la muerte y el paréntesis del duelo, se van sucediendo hechos que exhiben improvisación y estrechamiento en la selección del personal de gobierno. A los alejamientos inducidos de personas que parecían allegadas al jefe de gabinete, Aníbal Fernández (desde altos funcionarios de las áreas de Seguridad y de Justicia hasta la plana mayor de la Policía Federal), se ha sumado el del Procurador Joaquín Da Rocha, un peronista de cuyo estudio privado participa el ex canciller, Rafael Bielsa. Da Rocha venía siendo atacado en los últimos meses por Horacio Verbitsky, el columnista de Página 12 y presidente del CELS al que se asigna influencia ideológica en muchas decisiones presidenciales.
Para Verbitsky, Da Rocha era culpable de tres pecados: su amistad política con Daniel Scioli, ser funcional al Grupo Clarín y haber permitido que su estudio asesorara al gobierno chileno en el reclamo de extradición del ex terrorista Galvarino Apablaza. Para reemplazar a Da Rocha, la Presidente convocó a una conocida: Angelina Abbona, que fue Titular del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz y que, además, cuenta con la tutela de Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, que acompaña a los Kirchner desde su provincia.
Si en la etapa ascendente de su gobierno Néstor Kirchner se rodeó de figuras de perfil propio, heredadas, en casos, de la presidencia de Eduardo Duhalde (como Roberto Lavagna), hoy parece haber una preocupación por consolidar un eje sólidamente “cristinista”, algo que se observa tanto en los reclutamientos más cercanos como en las preferencias de trato de la Presidente a sus diferentes ministros. Algunos suben, otros descienden. Se espera, inclusive, que esta tendencia se consolide con una reestructuración más amplia del gabinete. Entretanto, esa atmósfera suscita intrigas y conflictos soterrados.
Fue notable el esfuerzo que hizo el oficialismo la última semana para asegurar ya mismo el ascenso del general César Milani, un militar al que se le vaticina un destino de Jefe de Estado Mayor. Se atribuye a Milani una relación política estrecha con la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, pero este no parece ser el motivo principal de la notable movilización con que el oficialismo consiguió quórum para poder aprobar ese pliego. La razón sería, más bien, el vínculo político que Milani ha probado con el kirchnerismo. A él se adjudica la política (que algunos definen como “limpieza genética del Ejército”) que eliminó de las listas de ascensos a varias decenas de oficiales de brillantes calificaciones, objetados por sus lazos familiares con militares de anteriores camadas y por ello sospechados de tener diferencias políticas con el oficialismo.
Una matriz hipercentralista como la que el kirchnerismo traía desde sus orígenes, parecía destinada a manifestarse de un modo más extremo tras la muerte de quien fuera su forjador. Así, empiezan a expresarse sectores del núcleo oficialista que buscan instalar ya, pese a las dificultades que evidencia su gestión, la candidatura presidencial de Cristina Kirchner por el oficialismo.
Ya lo han hecho el canciller Héctor Timmerman (el primero de la clase: lo dijo antes del sepelio de Néstor) y esta semana, el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Alberto Fernández, que fue jefe de Gabinete tanto de la actual Presidente como de su esposo, acaba de declarar que ella “no es la candidata natural” del peronismo. Es una opinión interesante, pero, claro, Alberto Fernández no puede ya ser considerado un hombre del oficialismo. Resulta más significativo, en todo caso, el silencio o las reservas (salvo contadas excepciones) de los jefes territoriales del conurbano y los argumentos con que algunos gobernadores gambetean el tema, alegando que no quieren “forzar decisiones” de la Presidente. Ella, por su lado, cuando se reunió con los dirigentes del Partido Justicialista, la semana última, les pidió “amplitud”, para aceptar a otros.
Seguramente la señora sabe que hay otros que muestran las reticencias que ella observa en el peronismo; en efecto, esa actitud no es en absoluto acompañada por la izquierda que trata de crecer a la sombra del poder kirchnerista: Martín Sabatella, diputado y líder del partido Nuevo Encuentro, expone sin recelo alguno su voluntad de respaldar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Pero combate al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Y a otros gobernadores peronistas. Y lo hace sin “amplitud” alguna.
El 2010 concluye así entre el hervidero de la acción directa y el desborde (“el desmadre”, dicen algunos) y los conflictos íntimos que la política deberá procesar para hacerse cargo del año electoral. Faltan 10 meses aún para que se abran las urnas. Como cada día tiene su afán, antes habrá tiempo para hacerse cargo de la provisión de billetes, de la provisión de seguridad, de la provisión de energía, del cumplimiento de los fallos de la Justicia, de hacer cumplir las leyes y de combatir adecuadamente las usurpaciones, de frenar la inflación, de generar condiciones que estimulen la inversión. En fin, de gobernar. Toda una convocatoria.
19 dic 2010
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Víctimas del marxismo
(de Groucho)
por Jorge Raventos
Puesto a prueba por una módica crisis que la chapucería se encargó de extender, el gobierno de Cristina Kirchner reveló un desconcierto y un extravío que hicieron cundir la alarma entre propios y extraños.
Una enumeración de las sucesivas decisiones y cambios de dirección adoptados desde la Casa Rosada a partir de la ocupación del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires es suficientemente ilustrativa.
Primero el gobierno nacional envió a la Policía Federal; se desató así lo que un aliado dilecto del oficialismo, Luis D’Elía, describió como “episodio represivo violento, encabezado claramente por la Policía Federal”.
Poco después de que las imágenes del operativo ordenado por Balcarce 50 alcanzaron las pantallas de tevé, desde el mismo domicilio se ordenó el repliegue. El jefe de Gabinete se negó a partir de allí a satisfacer el pedido de las autoridades porteñas y las instrucciones judiciales que reclamaban la presencia de las fuerzas de seguridad para impedir choques entre usurpadores del Parque y vecinos de los alrededores (Fernández consideró esas instrucciones “de cumplimiento imposible”).
Los enfrentamientos se produjeron, se llegó a contabilizar tres muertos y un número considerable de heridos, los desbordes abundaron y hasta se asaltaba las ambulancias que intentaban recoger víctimas en ese campo de batalla. El gobierno nacional envió entonces fuerzas de Gendarmería y de la Prefectura para evitar nuevos enfrentamientos (tarea que, por lo visto podía cumplirse perfectamente). Fue un retroceso tardío, pero de todos modos saludable.
El jefe de Gabinete, con el acompañamiento de la propia presidente, insistía en que la ocupación formaba parte de una conspiración “destituyente”, que atribuían a Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Algo contradictoriamente, Fernández le reclamaba al gobierno porteño que ofreciera un plan de viviendas a los ocupantes. El gobierno de la Ciudad Autónoma se mantuvo firme en dos temas: el predio debía ser desocupado y no habría premio alguno para quienes participaron de la intrusión.
“La ocupación no es delito” proclamó el jefe de gabinete el martes 14 por la mañana. Bandera de largada: pocas horas después las tomas de predios se multiplicaban, tanto en la Capital como en conurbano bonaerense y hasta en provincias alejadas del epicentro, como San Juan. Los teléfonos más receptivos del oficialismo empezaron a sonar: gobernadores e intendentes pedían que se pusiera fin de una buena vez a un proceso que empezaba a incendiar el orden. Nuevo viraje: se llega entonces a la decisión de desalojar de intrusos el Parque Indoamericano, acordar con el gobierno de la Ciudad Autónoma y prometer ante cualquier nuevo intento de usurpación el castigo administrativo de la pérdida de derechos a planes sociales y planes de vivienda.
En síntesis, la Casa Rosada se tomó más de una semana para llegar a conclusiones de libro después de haberlas repudiado puntualmente, mientras producía con sus zigzagueos un agravamiento de la crisis.
Hay quienes atribuyen simpatías por el marxismo a sectores del gobierno nacional. La disparatada dialéctica de los cambios de dirección ante las usurpaciones parece confirmar que sus principales responsables se guiaron por un lema de Marx (Groucho): “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”.
La erosión sufrida por la autoridad se observó de inmediato en el hecho de que, pese a la última palabra pronunciada (la promesa de penas a los que intrusen propiedades públicas o privadas), las ocupaciones continuaron y en algunos casos volvieron a manifestarse con violencia.
En paralelo, comenzaron a manifestarse mayores señales de centrifugación del dispositivo de poder que, en rigor, había sufrido su mayor perdida el 27 de octubre, cuando dejó la escena el hombre que - mal o bien y aún sufriendo un proceso de declinación política- manejaba la compleja trama de sectores, intereses y fuerzas sobre la que se asienta el oficialismo.
La señora de Kirchner ha debilitado enormemente con sus últimos recortes de influencia, designaciones y desplazamientos ministeriales a Aníbal Fernández, uno de los pocos hombres de su gabinete que le puede servir de nexo con el peronismo.
Julio De Vido, que ya cumplía en parte esa función, queda ahora, ante el ataque de anemia de Fernández, como el principal canal abierto hacia la realidad. De Vido escucha a sindicalistas, a empresarios, a gobernadores, a intendentes. Fue él quien impulsó la designación de Arturo Puriccelli como ministro de Defensa, frenando la candidatura para ese puesto de Marita Perceval, adscripta al mismo sector ideológico al que pertenece la flamante titular de Seguridad, Nilda Garré.
En los gremios y en el peronismo que se referenció en Néstor Kirchner (o fue disciplinado por él) se observa con inquietud la creciente influencia de sectores del sedicente progresismo. En la última semana, Luis D’Elía un vocero informal de esa tendencia, embistió conjuntamente contra Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Daniel Scioli. D’Elía no sólo maneja un fuerte aparato de organizaciones sociales merced al respaldo del gobierno: también ha colocado al número dos de la agencia informativa oficial, Telam.
La figura que más preocupación provoca en el peronismo que se articula con el gobierno es la del periodista Horacio Verbitsky, al que se atribuye la capacidad de incidir sobre el “relato” progresista de la Presidente, mantener capacidad de presión sobre sectores de la Justicia, ser escuchado en ámbitos externos sostenido por el discurso de los derechos humanos y extender inclusive su influencia a algunas personalidades de los partidos que figuran en la oposición.
En virtud de la tutela que Verbitsky ejerció sobre las políticas que Nilda Garré desplegó en el ministerio de Defensa, muchos curiosean ahora en qué puede traducirse esa influencia en materia de políticas de seguridad. Las notas que Verbitsky escribe los domingos en Página 12 registran, por caso, una insistente campaña contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. Aunque Verbistky está, en principio en la vereda opuesta de Daniel Scioli (tanto, que hasta ha denunciado con tono acusatorio al Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, por apoyar al gobernador), los durísimos golpes contra Casal no son meras derivaciones de aquella divergencia, sino que tienen motivaciones específicas.
Parece obvio que, si este antecedente tuviera repercusión en la gestión de la flamante ministra Garré, la colaboración entre los departamentos de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires sería de diagnóstico problemático.
Ya en la pendiente final del año y al inicio de un verano que se presenta caliente y movido, un balance provisional de los hechos que se dispararon a partir de la ocupación del Parque Indoamericano indicaría que se confirman las amenazas a la gobernabilidad abiertas con la muerte de Néstor Kirchner, habida cuenta de que su manejo de las tendencias e intereses que sostenían el poder no ha sido heredado.
Sobre el despliegue de una extendida crisis social –pobreza, baja productividad del trabajo, empleo en negro, déficit de vivienda, decadencia educativa, concentración demográfica, deficiente ocupación del territorio- se extiende una creciente erosión de la autoridad, acompañada por el desprestigio de la política, las investigaciones de corrupción y la esclerosis de los partidos.
Así, el país hoy tropieza con escollos para aprovechar la formidable oportunidad que se le abre en un mundo que está dispuesto a pagar a muy buen precio sus producciones competitivas; un mundo que vuelca enormes inversiones en las naciones emergentes cuando éstas ofrecen una perspectiva de confianza, previsibilidad y desarrollo. Para ingresar en el círculo vicioso hay que superar los escollos, deshacerse de lo que obstaculiza.
Conviene recordar a Fierro: No hay tiempo que no se acabe. Ni tiento que no se corte.
(de Groucho)
por Jorge Raventos
Puesto a prueba por una módica crisis que la chapucería se encargó de extender, el gobierno de Cristina Kirchner reveló un desconcierto y un extravío que hicieron cundir la alarma entre propios y extraños.
Una enumeración de las sucesivas decisiones y cambios de dirección adoptados desde la Casa Rosada a partir de la ocupación del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires es suficientemente ilustrativa.
Primero el gobierno nacional envió a la Policía Federal; se desató así lo que un aliado dilecto del oficialismo, Luis D’Elía, describió como “episodio represivo violento, encabezado claramente por la Policía Federal”.
Poco después de que las imágenes del operativo ordenado por Balcarce 50 alcanzaron las pantallas de tevé, desde el mismo domicilio se ordenó el repliegue. El jefe de Gabinete se negó a partir de allí a satisfacer el pedido de las autoridades porteñas y las instrucciones judiciales que reclamaban la presencia de las fuerzas de seguridad para impedir choques entre usurpadores del Parque y vecinos de los alrededores (Fernández consideró esas instrucciones “de cumplimiento imposible”).
Los enfrentamientos se produjeron, se llegó a contabilizar tres muertos y un número considerable de heridos, los desbordes abundaron y hasta se asaltaba las ambulancias que intentaban recoger víctimas en ese campo de batalla. El gobierno nacional envió entonces fuerzas de Gendarmería y de la Prefectura para evitar nuevos enfrentamientos (tarea que, por lo visto podía cumplirse perfectamente). Fue un retroceso tardío, pero de todos modos saludable.
El jefe de Gabinete, con el acompañamiento de la propia presidente, insistía en que la ocupación formaba parte de una conspiración “destituyente”, que atribuían a Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Algo contradictoriamente, Fernández le reclamaba al gobierno porteño que ofreciera un plan de viviendas a los ocupantes. El gobierno de la Ciudad Autónoma se mantuvo firme en dos temas: el predio debía ser desocupado y no habría premio alguno para quienes participaron de la intrusión.
“La ocupación no es delito” proclamó el jefe de gabinete el martes 14 por la mañana. Bandera de largada: pocas horas después las tomas de predios se multiplicaban, tanto en la Capital como en conurbano bonaerense y hasta en provincias alejadas del epicentro, como San Juan. Los teléfonos más receptivos del oficialismo empezaron a sonar: gobernadores e intendentes pedían que se pusiera fin de una buena vez a un proceso que empezaba a incendiar el orden. Nuevo viraje: se llega entonces a la decisión de desalojar de intrusos el Parque Indoamericano, acordar con el gobierno de la Ciudad Autónoma y prometer ante cualquier nuevo intento de usurpación el castigo administrativo de la pérdida de derechos a planes sociales y planes de vivienda.
En síntesis, la Casa Rosada se tomó más de una semana para llegar a conclusiones de libro después de haberlas repudiado puntualmente, mientras producía con sus zigzagueos un agravamiento de la crisis.
Hay quienes atribuyen simpatías por el marxismo a sectores del gobierno nacional. La disparatada dialéctica de los cambios de dirección ante las usurpaciones parece confirmar que sus principales responsables se guiaron por un lema de Marx (Groucho): “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”.
La erosión sufrida por la autoridad se observó de inmediato en el hecho de que, pese a la última palabra pronunciada (la promesa de penas a los que intrusen propiedades públicas o privadas), las ocupaciones continuaron y en algunos casos volvieron a manifestarse con violencia.
En paralelo, comenzaron a manifestarse mayores señales de centrifugación del dispositivo de poder que, en rigor, había sufrido su mayor perdida el 27 de octubre, cuando dejó la escena el hombre que - mal o bien y aún sufriendo un proceso de declinación política- manejaba la compleja trama de sectores, intereses y fuerzas sobre la que se asienta el oficialismo.
La señora de Kirchner ha debilitado enormemente con sus últimos recortes de influencia, designaciones y desplazamientos ministeriales a Aníbal Fernández, uno de los pocos hombres de su gabinete que le puede servir de nexo con el peronismo.
Julio De Vido, que ya cumplía en parte esa función, queda ahora, ante el ataque de anemia de Fernández, como el principal canal abierto hacia la realidad. De Vido escucha a sindicalistas, a empresarios, a gobernadores, a intendentes. Fue él quien impulsó la designación de Arturo Puriccelli como ministro de Defensa, frenando la candidatura para ese puesto de Marita Perceval, adscripta al mismo sector ideológico al que pertenece la flamante titular de Seguridad, Nilda Garré.
En los gremios y en el peronismo que se referenció en Néstor Kirchner (o fue disciplinado por él) se observa con inquietud la creciente influencia de sectores del sedicente progresismo. En la última semana, Luis D’Elía un vocero informal de esa tendencia, embistió conjuntamente contra Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Daniel Scioli. D’Elía no sólo maneja un fuerte aparato de organizaciones sociales merced al respaldo del gobierno: también ha colocado al número dos de la agencia informativa oficial, Telam.
La figura que más preocupación provoca en el peronismo que se articula con el gobierno es la del periodista Horacio Verbitsky, al que se atribuye la capacidad de incidir sobre el “relato” progresista de la Presidente, mantener capacidad de presión sobre sectores de la Justicia, ser escuchado en ámbitos externos sostenido por el discurso de los derechos humanos y extender inclusive su influencia a algunas personalidades de los partidos que figuran en la oposición.
En virtud de la tutela que Verbitsky ejerció sobre las políticas que Nilda Garré desplegó en el ministerio de Defensa, muchos curiosean ahora en qué puede traducirse esa influencia en materia de políticas de seguridad. Las notas que Verbitsky escribe los domingos en Página 12 registran, por caso, una insistente campaña contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. Aunque Verbistky está, en principio en la vereda opuesta de Daniel Scioli (tanto, que hasta ha denunciado con tono acusatorio al Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, por apoyar al gobernador), los durísimos golpes contra Casal no son meras derivaciones de aquella divergencia, sino que tienen motivaciones específicas.
Parece obvio que, si este antecedente tuviera repercusión en la gestión de la flamante ministra Garré, la colaboración entre los departamentos de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires sería de diagnóstico problemático.
Ya en la pendiente final del año y al inicio de un verano que se presenta caliente y movido, un balance provisional de los hechos que se dispararon a partir de la ocupación del Parque Indoamericano indicaría que se confirman las amenazas a la gobernabilidad abiertas con la muerte de Néstor Kirchner, habida cuenta de que su manejo de las tendencias e intereses que sostenían el poder no ha sido heredado.
Sobre el despliegue de una extendida crisis social –pobreza, baja productividad del trabajo, empleo en negro, déficit de vivienda, decadencia educativa, concentración demográfica, deficiente ocupación del territorio- se extiende una creciente erosión de la autoridad, acompañada por el desprestigio de la política, las investigaciones de corrupción y la esclerosis de los partidos.
Así, el país hoy tropieza con escollos para aprovechar la formidable oportunidad que se le abre en un mundo que está dispuesto a pagar a muy buen precio sus producciones competitivas; un mundo que vuelca enormes inversiones en las naciones emergentes cuando éstas ofrecen una perspectiva de confianza, previsibilidad y desarrollo. Para ingresar en el círculo vicioso hay que superar los escollos, deshacerse de lo que obstaculiza.
Conviene recordar a Fierro: No hay tiempo que no se acabe. Ni tiento que no se corte.
11 dic 2010
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
Vacío de Estado
por Jorge Raventos
Entre el fin de la noche del viernes 10 y la madrugada del sábado 11, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires iniciaron finalmente un diálogo, después de una semana de choques verbales por los medios mientras, el poder era un desaparecido en el sur porteño.
El encuentro tuvo sus rasgos propios. Aníbal Fernández recibió a Mauricio Macri en la Casa Rosada, menos en su función de representante del gobierno que como perito de parte de los sectores que tenían intrusado desde hacía una semana un predio público de 130 hectáreas: “"Los ocupantes del parque Indoamericano nos pidieron que intercediéramos y fuéramos garantes de una reunión con el jefe de la ciudad", relató Fernández vía Twitter. Prosiguió, en tiempo real: “: "Ya arribó a casa de gobierno Mauricio Macri y estamos esperándolo junto a los representantes de los ocupantes”.
Esa performance era el primer gesto para romper la inacción que ya llevaba cobrados tres muertos.
El sábado 4 de octubre, los vecinos de los edificios de Villa Soldati lindantes con el Parque Indoamericano, en la frontera Sur de la ciudad de Buenos Aires, observaron los movimientos incipientes de una ocupación del lugar por parte de personas que parecían decididas a establecer allí viviendas precarias. “Serían veinte o treinta –explicó uno de los vecinos-; enseguida dimos el alerta a la policía. Si se hubiera reaccionado rápido no habría ocurrido lo que tuvimos que lamentar después”.
Dos días más tardes los ocupantes se contaban por cientos. Fue (recién) entonces cuando la jueza porteña María Cristina Nazar firmó una orden de desalojo, que cumplieron la Polícía Metropolitana –un cuerpo que apenas transita un estado embrionario- y la Federal.
Algunas escenas captadas por las cámaras de tevé mostraron a hombres de la Federal en acción, cumpliendo la instrucción judicial con un derroche de energía que, al parecer, asustó a la Presidente, sobre todo porque coincidió con el hecho de que los incidentes terminaran con dos víctimas fatales. Aunque no había ninguna evidencia de que los muertos hubieran caído por balas policiales (más bien se piensa que las armas usadas fueron “tumberas”, unas escopetas caseras que emplea la delincuencia más rústica), a partir de ese instante el gobierno nacional decidió castigar a los agentes ("esos señores de uniforme golpeando se van a ir expulsados de la fuerza directamente", resumió el jefe de gabinete Aníbal Fernández.) y replegarse: abandonó así su intervención en un amplio espacio en situación de riesgo, en un distrito al que legalmente debe garantizarle seguridad y que, por otra parte, es la sede de las autoridades federales. El predio volvió a ser ocupado el mismo martes por la noche.
El Parque Indoamericano está flanqueado en parte de su perímetro por edificios de departamentos que ocupan trabajadores y miembros una clase media modesta, que accedieron laboriosamente a la propiedad. Esos vecinos ya conviven en las proximidades de una cadena de villas de emergencia (la 20, la 1-11-14, la 3) que son, como todo el mundo sabe, fragmentos del territorio argentino de los cuales el Estado se ha ido alejando paulatinamente y donde el control es ejercido cotidianamente por poderes fácticos, principalmente ligados al mundo delictivo y al tráfico de sustancias. La perspectiva de que, en lugar de que las villas actuales sean urbanizadas y erradicadas en tanto tales, el inmenso Parque Indoamericano se convierta en el asiento de otra aterró a los vecinos de Soldati y Lugano, que vieron ante sí un fenómeno que uno de ellos definió de inmediato: “Esto es la favelización. Lo que Lula está combatiendo en Rio de Janeiro se va a desarrollar en el sur de la ciudad de Buenos Aires”.
En verdad, en los últimos años –coincidiendo con un período de formidables precios internacionales para las exportaciones argentinas. de incremento del producto bruto y de la recaudación fiscal y de proclamada (por el gobierno) caída de la pobreza, la población de villas de emergencia se ha incrementado en un 50 por ciento. Muchos de sus habitantes son inmigrantes de países limítrofes; los argentinos son la minoría más numerosa. La discriminación verbal contra los no argentinos es un factor que desvía el análisis: la inquietud de los vecinos establecidos está motivada por la peligrosidad que asignan a la condición de "villero", más que a la nacionalidad. Observan a la villa como el espacio donde el Estado ha sido reemplazado por el poder del delito y la violencia.
El gobierno de la Ciudad Autónoma y tres jueces reclamaron con insistencia al gobierno nacional, entre el miércoles y el viernes, que enviara la Policía Federal para prevenir enfrentamientos y para recuperar el espacio público usurpado, pero a esa altura el gobierno nacional ya había remachado su decisión de no intervenir: “Esto no se resuelve con la fuerza”, argumentaba Aníbal Fernández que, sin embargo, sólo desempolvó ese precepto después de que las fuerzas (que hasta entonces dependían del ministro Julio Alak y, de hecho, de él mismo), fueron puestas bajo sospecha por la señora de Kirchner y por las más conspicuas organizaciones de derechos humanos.
El jueves los enfrentamientos escalaron: hubo tiros entre ocupantes y vecinos. Se sumó otro muerto. Algunas fotos panorámicas que publicarían los diarios al día siguiente parecían escenas de la guerra de Paraguay pintadas por Cándido López.
Con el Estado ausente, la guerra del Parque Indoamericano, siguió elevando la temperatura y si no llegó más lejos fue porque, pese a la presencia de agitadores organizados, provocadores y termocéfalos, un número extendido de gente sensata de ambos bandos (usurpadores y vecinos establecidos) tomó distancia de los enfrentamientos.
De todos modos, los choques arreciaban el viernes por la tarde, mientras la Presidente festejaba en la Casa Rosada el tercer aniversario de su acceso al cargo, junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque a esa hora ya había recibido una carta de Mauricio Macri solicitándole una audiencia para insistir en la necesidad de que el gobierno nacional “no abandonara al Sur de la Ciudad de Buenos Aires”, la señora de Kirchner en su aparición por la cadena nacional de radio y televisión sólo aludió al jefe de gobierno indirectamente, tomando distancia de la xenofobia que ella le imputa. Tampoco se refirió a los hechos que ocurrían en ese instante en el Parque (llegó a temerse otra víctima fatal, las ambulancias no podían recoger a los numerosos heridos porque eran atacadas, las escasas fuerzas de la Policía Metropolitana se veían forzadas a abandonar el lugar por el mismo motivo); cuestionó a “la mano dura”, aunque en rigor lo que pasaba en Villa Soldati parecía más relacionado con “la mano ausente”.
Pese a lo que lucía como un esfuerzo por ignorar la magnitud de los hechos, la Presidente dio una señal de cómo estaban golpeando al gobierno al anunciar la designación de Nilda Garré como ministra de Seguridad. Hasta ahora (en rigor, hasta el miércoles cuando ella asuma) el ministerio de Justicia y Seguridad reunía las dos carteras bajo el mando de Julio Alak (si bien el área de seguridad siempre contó con el control directo de Aníbal Fernández). La flamante designación contradice una enseñanza de Perón (no cambiar de caballo en medio del río), seguramente provocará el alejamiento de Julio Alak y deja herido en el ala a Aníbal Fernández, que mantiene una vieja tensión con Nilda Garré y con un protector principal de ella, el periodista Horacio Verbitsky, que la orientó en su gestión en la cartera de Defensa y que ha sido muy escuchada tanto por Néstor como por Cristina Kirchner. La penúltima divergencia entre Verbistky y el jefe de gabinete se dio hace poco, a raíz de los choques entre la policía de Formosa y una demostración de aborígenes locales.
El CELS de Verbitsky embistió contra el gobernador Gildo Insfran en momentos en que varias organizaciones de derechos humanos solicitaban la intervención de la provincia. Fernández, por su parte, le advirtió al presidente del INADI, el ente oficial anti-discriminación, que cancelara cualquier ataque contra el mandatario. En esa ocasión Fernández pareció adivinar la necesidad de la señora de Kirchner de no chocar contra la red de gobernadores y jefes territoriales justicialistas; de hecho: contemporáneamente ella misma apareció junto a Insfran ante las cámaras.
¿Cómo interpretar movimientos de la Presidente que parecen contradictorios entre sí: la convocatoria al FMI, la distancia en relación al eje chavista en la Cumbre Iberoamericana, el cuestionamiento tácito de las estadísticas del INDEC, el reforzamiento del vínculo con los organismos de derechos humanos, la protección de Insfran, la entrega de la cartera de Seguridad a Garré y Verbitsky? ¿Cómo interpretar la parálisis del Estado nacional, replegado y ausente durante varios días mientras una amplia zona de la ciudad que es sede del gobierno atraviesa picos de violencia, anarquía y muerte?
Es difícil encontrar en aquellos movimientos y en ese vacío una lógica intrínseca. Son, más bien, la consecuencia de un hecho que ocurrió hace menos de 50 días: la salida de escena de Néstor Kirchner. Aquel 27 de octubre señalábamos en esta columna que con la muerte de Kirchner “se disuelve abruptamente el eje ordenador y conductor del sistema de poder vigente. Ese sistema de poder estuvo siempre concentrado, centralizado y articulado por Néstor Kirchner, tanto mientras ejerció personalmente la presidencia como durante el tiempo en el que ese cargo ha estado ocupado por su esposa. Su desaparición corta de un tajo los hilos de todas las redes –políticas, partidarias, sindicales, empresariales- que llegaban a esa terminal única que Kirchner representaba. Un cortocircuito de semejante magnitud no puede sino someter a grave riesgo la gobernabilidad”.
Hay quienes confunden el incremento de opiniones favorables que la señora de Kirchner recibe en las encuestas, con fortaleza. Error. Néstor contaba con porcentajes más bajos, pero tenía poder. Ella tiene mejores encuestas, pero no ha heredado ese poder. Y lo sabe. Por eso trata de evitar tantas confrontaciones como las que Kirchner se permitía y promovía, por eso busca hacer clinch con gobernadores y jefes territoriales más allá de lo que íntimamente pueda pensar de ellos; por eso es prudente con Moyano y “terceriza” la tarea de limitarle los movimientos, por eso trata de acercarse a los empresarios importantes (con una excepción), por eso no quiere perder la certificación de calidad que otorgan las organizaciones de derechos humanos y les entrega a ellos el manejo de las fuerzas de seguridad, previendo que tenga que emplearlas en los meses próximos por un incremento de la conflictividad.
Su rumbo está regido menos por sus deseos que por sus necesidades.
Los hechos del Parque Indoamericano muestran con qué velocidad se produce el efecto de vacío. Verdad y consecuencia.
por Jorge Raventos
Entre el fin de la noche del viernes 10 y la madrugada del sábado 11, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires iniciaron finalmente un diálogo, después de una semana de choques verbales por los medios mientras, el poder era un desaparecido en el sur porteño.
El encuentro tuvo sus rasgos propios. Aníbal Fernández recibió a Mauricio Macri en la Casa Rosada, menos en su función de representante del gobierno que como perito de parte de los sectores que tenían intrusado desde hacía una semana un predio público de 130 hectáreas: “"Los ocupantes del parque Indoamericano nos pidieron que intercediéramos y fuéramos garantes de una reunión con el jefe de la ciudad", relató Fernández vía Twitter. Prosiguió, en tiempo real: “: "Ya arribó a casa de gobierno Mauricio Macri y estamos esperándolo junto a los representantes de los ocupantes”.
Esa performance era el primer gesto para romper la inacción que ya llevaba cobrados tres muertos.
El sábado 4 de octubre, los vecinos de los edificios de Villa Soldati lindantes con el Parque Indoamericano, en la frontera Sur de la ciudad de Buenos Aires, observaron los movimientos incipientes de una ocupación del lugar por parte de personas que parecían decididas a establecer allí viviendas precarias. “Serían veinte o treinta –explicó uno de los vecinos-; enseguida dimos el alerta a la policía. Si se hubiera reaccionado rápido no habría ocurrido lo que tuvimos que lamentar después”.
Dos días más tardes los ocupantes se contaban por cientos. Fue (recién) entonces cuando la jueza porteña María Cristina Nazar firmó una orden de desalojo, que cumplieron la Polícía Metropolitana –un cuerpo que apenas transita un estado embrionario- y la Federal.
Algunas escenas captadas por las cámaras de tevé mostraron a hombres de la Federal en acción, cumpliendo la instrucción judicial con un derroche de energía que, al parecer, asustó a la Presidente, sobre todo porque coincidió con el hecho de que los incidentes terminaran con dos víctimas fatales. Aunque no había ninguna evidencia de que los muertos hubieran caído por balas policiales (más bien se piensa que las armas usadas fueron “tumberas”, unas escopetas caseras que emplea la delincuencia más rústica), a partir de ese instante el gobierno nacional decidió castigar a los agentes ("esos señores de uniforme golpeando se van a ir expulsados de la fuerza directamente", resumió el jefe de gabinete Aníbal Fernández.) y replegarse: abandonó así su intervención en un amplio espacio en situación de riesgo, en un distrito al que legalmente debe garantizarle seguridad y que, por otra parte, es la sede de las autoridades federales. El predio volvió a ser ocupado el mismo martes por la noche.
El Parque Indoamericano está flanqueado en parte de su perímetro por edificios de departamentos que ocupan trabajadores y miembros una clase media modesta, que accedieron laboriosamente a la propiedad. Esos vecinos ya conviven en las proximidades de una cadena de villas de emergencia (la 20, la 1-11-14, la 3) que son, como todo el mundo sabe, fragmentos del territorio argentino de los cuales el Estado se ha ido alejando paulatinamente y donde el control es ejercido cotidianamente por poderes fácticos, principalmente ligados al mundo delictivo y al tráfico de sustancias. La perspectiva de que, en lugar de que las villas actuales sean urbanizadas y erradicadas en tanto tales, el inmenso Parque Indoamericano se convierta en el asiento de otra aterró a los vecinos de Soldati y Lugano, que vieron ante sí un fenómeno que uno de ellos definió de inmediato: “Esto es la favelización. Lo que Lula está combatiendo en Rio de Janeiro se va a desarrollar en el sur de la ciudad de Buenos Aires”.
En verdad, en los últimos años –coincidiendo con un período de formidables precios internacionales para las exportaciones argentinas. de incremento del producto bruto y de la recaudación fiscal y de proclamada (por el gobierno) caída de la pobreza, la población de villas de emergencia se ha incrementado en un 50 por ciento. Muchos de sus habitantes son inmigrantes de países limítrofes; los argentinos son la minoría más numerosa. La discriminación verbal contra los no argentinos es un factor que desvía el análisis: la inquietud de los vecinos establecidos está motivada por la peligrosidad que asignan a la condición de "villero", más que a la nacionalidad. Observan a la villa como el espacio donde el Estado ha sido reemplazado por el poder del delito y la violencia.
El gobierno de la Ciudad Autónoma y tres jueces reclamaron con insistencia al gobierno nacional, entre el miércoles y el viernes, que enviara la Policía Federal para prevenir enfrentamientos y para recuperar el espacio público usurpado, pero a esa altura el gobierno nacional ya había remachado su decisión de no intervenir: “Esto no se resuelve con la fuerza”, argumentaba Aníbal Fernández que, sin embargo, sólo desempolvó ese precepto después de que las fuerzas (que hasta entonces dependían del ministro Julio Alak y, de hecho, de él mismo), fueron puestas bajo sospecha por la señora de Kirchner y por las más conspicuas organizaciones de derechos humanos.
El jueves los enfrentamientos escalaron: hubo tiros entre ocupantes y vecinos. Se sumó otro muerto. Algunas fotos panorámicas que publicarían los diarios al día siguiente parecían escenas de la guerra de Paraguay pintadas por Cándido López.
Con el Estado ausente, la guerra del Parque Indoamericano, siguió elevando la temperatura y si no llegó más lejos fue porque, pese a la presencia de agitadores organizados, provocadores y termocéfalos, un número extendido de gente sensata de ambos bandos (usurpadores y vecinos establecidos) tomó distancia de los enfrentamientos.
De todos modos, los choques arreciaban el viernes por la tarde, mientras la Presidente festejaba en la Casa Rosada el tercer aniversario de su acceso al cargo, junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque a esa hora ya había recibido una carta de Mauricio Macri solicitándole una audiencia para insistir en la necesidad de que el gobierno nacional “no abandonara al Sur de la Ciudad de Buenos Aires”, la señora de Kirchner en su aparición por la cadena nacional de radio y televisión sólo aludió al jefe de gobierno indirectamente, tomando distancia de la xenofobia que ella le imputa. Tampoco se refirió a los hechos que ocurrían en ese instante en el Parque (llegó a temerse otra víctima fatal, las ambulancias no podían recoger a los numerosos heridos porque eran atacadas, las escasas fuerzas de la Policía Metropolitana se veían forzadas a abandonar el lugar por el mismo motivo); cuestionó a “la mano dura”, aunque en rigor lo que pasaba en Villa Soldati parecía más relacionado con “la mano ausente”.
Pese a lo que lucía como un esfuerzo por ignorar la magnitud de los hechos, la Presidente dio una señal de cómo estaban golpeando al gobierno al anunciar la designación de Nilda Garré como ministra de Seguridad. Hasta ahora (en rigor, hasta el miércoles cuando ella asuma) el ministerio de Justicia y Seguridad reunía las dos carteras bajo el mando de Julio Alak (si bien el área de seguridad siempre contó con el control directo de Aníbal Fernández). La flamante designación contradice una enseñanza de Perón (no cambiar de caballo en medio del río), seguramente provocará el alejamiento de Julio Alak y deja herido en el ala a Aníbal Fernández, que mantiene una vieja tensión con Nilda Garré y con un protector principal de ella, el periodista Horacio Verbitsky, que la orientó en su gestión en la cartera de Defensa y que ha sido muy escuchada tanto por Néstor como por Cristina Kirchner. La penúltima divergencia entre Verbistky y el jefe de gabinete se dio hace poco, a raíz de los choques entre la policía de Formosa y una demostración de aborígenes locales.
El CELS de Verbitsky embistió contra el gobernador Gildo Insfran en momentos en que varias organizaciones de derechos humanos solicitaban la intervención de la provincia. Fernández, por su parte, le advirtió al presidente del INADI, el ente oficial anti-discriminación, que cancelara cualquier ataque contra el mandatario. En esa ocasión Fernández pareció adivinar la necesidad de la señora de Kirchner de no chocar contra la red de gobernadores y jefes territoriales justicialistas; de hecho: contemporáneamente ella misma apareció junto a Insfran ante las cámaras.
¿Cómo interpretar movimientos de la Presidente que parecen contradictorios entre sí: la convocatoria al FMI, la distancia en relación al eje chavista en la Cumbre Iberoamericana, el cuestionamiento tácito de las estadísticas del INDEC, el reforzamiento del vínculo con los organismos de derechos humanos, la protección de Insfran, la entrega de la cartera de Seguridad a Garré y Verbitsky? ¿Cómo interpretar la parálisis del Estado nacional, replegado y ausente durante varios días mientras una amplia zona de la ciudad que es sede del gobierno atraviesa picos de violencia, anarquía y muerte?
Es difícil encontrar en aquellos movimientos y en ese vacío una lógica intrínseca. Son, más bien, la consecuencia de un hecho que ocurrió hace menos de 50 días: la salida de escena de Néstor Kirchner. Aquel 27 de octubre señalábamos en esta columna que con la muerte de Kirchner “se disuelve abruptamente el eje ordenador y conductor del sistema de poder vigente. Ese sistema de poder estuvo siempre concentrado, centralizado y articulado por Néstor Kirchner, tanto mientras ejerció personalmente la presidencia como durante el tiempo en el que ese cargo ha estado ocupado por su esposa. Su desaparición corta de un tajo los hilos de todas las redes –políticas, partidarias, sindicales, empresariales- que llegaban a esa terminal única que Kirchner representaba. Un cortocircuito de semejante magnitud no puede sino someter a grave riesgo la gobernabilidad”.
Hay quienes confunden el incremento de opiniones favorables que la señora de Kirchner recibe en las encuestas, con fortaleza. Error. Néstor contaba con porcentajes más bajos, pero tenía poder. Ella tiene mejores encuestas, pero no ha heredado ese poder. Y lo sabe. Por eso trata de evitar tantas confrontaciones como las que Kirchner se permitía y promovía, por eso busca hacer clinch con gobernadores y jefes territoriales más allá de lo que íntimamente pueda pensar de ellos; por eso es prudente con Moyano y “terceriza” la tarea de limitarle los movimientos, por eso trata de acercarse a los empresarios importantes (con una excepción), por eso no quiere perder la certificación de calidad que otorgan las organizaciones de derechos humanos y les entrega a ellos el manejo de las fuerzas de seguridad, previendo que tenga que emplearlas en los meses próximos por un incremento de la conflictividad.
Su rumbo está regido menos por sus deseos que por sus necesidades.
Los hechos del Parque Indoamericano muestran con qué velocidad se produce el efecto de vacío. Verdad y consecuencia.
4 dic 2010
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
La única verdad es la virtualidad
por Jorge Raventos
¿Habrá que corregir aquella famosa frase de Juan Perón (sugerida por Rogelio Frigerio) que afirmaba que “la realidad es la única verdad” y postular, ahora, que “la única verdad es la virtualidad”?
Por si no alcanzaban los innumerables correos electrónicos de Manuel Vásquez -el asesor ad honorem del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime- como ejemplo de libro de que en estos tiempos la política navega (y a veces naufraga) en los océanos de la información y la informática, el mundo proporcionó una hiperbólica exposición de esa verdad con la inundación de cables secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos provocada por la misteriosa entidad conocida como WikiLeaks.
Por cierto, los casi 30.000 correos registrados en los discos rígidos de Vásquez parecen poca cosa comparados con los -por lo menos- 250.000 que WikiLeaks sustrajo a Washington. Pero desde el punto de vista de la política doméstica argentina los mails del testaferro de Jaime tienen la virtud de la segmentación temática: de ellos surge el relato pormenorizado de una matriz de recaudación empleada durante todos los años de gestión de las administraciones kirchneristas. Los mails de Vásquez están mayormente virados a los asuntos de transporte (parece verificarse que su consultora actuaba como excusa de papel para facturar sistemáticamente, so pretexto de estudios o análisis, gestiones o decisiones que favorecían a empresas privadas locales o extranjeras y que se concretaban en erogaciones, compras, subsidios o autorizaciones del Estado argentino); sin embargo, las gestiones de Vásquez no se limitaban a aquella rama, alcanzaban inclusive las campañas de fund-racing del oficialismo en vísperas de elecciones.
Por instrucción “del número 1” –dicho en álgebra: Néstor Kirchner-, Vásquez y un socio español recolectaban fondos de campaña solicitándolos a empresas extranjeras que hacen negocios (como proveedoras, concesionarias o, simplemente, beneficiarias) con el Estado argentino y dependen en esa actividad de los buenos o malos humores de la autoridad que sube o baja el dedo. Favor con favor se paga. Las sumas que Vásquez (por sugerencia del número 1) solicitaba a esos contribuyentes oscilaban entre el medio millón y los 2,5 millones de dólares.
Con alguna variante, la matriz que emerge de los correos electrónicos de la mano derecha de Ricardo Jaime, se aplicó en operatorias análogas. Héctor Capaccioli, el recaudador oficial de fondos para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007 era superintendente de Salud de la Nación y recaudaba principalmente en el área que debía supervisar (consiguió recaudar y blanquear mucho para la contabilidad de la campaña con la ayuda de laboratorios farmacéuticos, algunos de los cuales están ahora sometidos al escrutinio y la indagatoria judicial por falsificación de medicamentos o de documentación). Claudio Uberti actuaba en relación con Venezuela con el mismo estilo con el que Vásquez se movía en la península Ibérica y en otras localizaciones por asuntos vinculados con el transporte.
La densidad de la información encerrada en los mails del hombre de confianza de Ricardo Jaime es incomparable para la Justicia argentina. Pero, aunque muchas veces describan trivialidades, ¡qué colorido tienen los cables que distribuyó WikiLeaks, auditados por cinco prestigiosas publicaciones (cuatro diarios, un semanario) de Occidente: The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde y Der Spiegel. Los redactores de esos correos –muchas veces firmados por los propios embajadores- abundan en datos surgidos de conversaciones con fuentes de alto nivel de los destinos que les toca ocupar: ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios, periodistas, analistas, hombres de negocios.
La vivacidad de sus descripciones es, quizás, una señal de escepticismo sobre los destinatarios de la información: funcionarios diplomáticos que filtran en sus despachos lo que, en mínima proporción, dejarán llegar a los ojos del Secretario de Estado. Es preciso conmover a esos lectores fríos con detalles sabrosos y eventualmente dramáticos: la enfermedad de un mandatario siempre viene bien para esos fines, los riesgos para la estabilidad de un gobierno, una crisis, un default, huellas de corrupción, lazos con el crimen organizado o el narcotráfico: eso siempre permite una trama interesante.
Con intereses en todo el mundo (y con un papel planetario que el mundo, de buen o mal grado, le atribuye o reclama) la cancillería estadounidense es, en una de sus facetas, una gigantesca agencia informativa, que produce y digiere información de todas partes. Sus diplomáticos no hacen nada demasiado distinto de lo que deben hacer sus colegas de Argentina, Brasil, China o Kenya; las diferencias son de cantidad, de grado. Y, por sus consecuencias, de calidad.
Para cualquier diplomática resulta una catástrofe que se exponga en público aquello que fue concebido para informar discretamente a sus superiores. Es a estos a quienes tiene que procurar decirles (exagerando, inclusive, para llamar su atención) toda la verdad y nada más que la verdad. A sus interlocutores locales, cotidianos, autoridades del país anfitrión tienen que mostrarles su rostro más simpático y cooperativo pero no están en absoluto obligados a decirles ni “toda” la verdad, ni “nada más que” la verdad. En ese sentido, la franqueza de las “conversaciones francas” diplomáticas nunca dejan de tener esos límites, propios de la actividad.
Los profesionales saben cómo son las cosas: saben que la actividad requiere de esas cortesías, de esas verdades parciales, pero saben también que las partes están obligadas –también por ley de juego- a reaccionar públicamente si se hace público lo que debía ser privado. Por eso el juicio objetivo no cuestiona a Estados Unidos por las cosas que dicen los cables de sus diplomáticos, sino porque cayeron en la chapucería de permitir la filtración.
Es que lo más complicado para los autores de esos mensajes no reside en que las autoridades locales descubran la opinión o el juicio del embajador sobre ellos, sino que trasciendan detalles de algún acuerdo que involucra a terceros. Por ejemplo, en el caso argentino, el dato de que Cristina Kirchner acordó colaborar con Washington para “contener” a Evo Morales (discretamente, “para evitar la sospecha” de Morales). O que quede descolocado un interlocutor confiado, que puede ser una fuente permanente de información para la embajada. En varios de los mensajes que trascendieron emitidos por la embajada en Buenos Aires ocurre este traspié: se transcriben comentarios muy notables de, por caso, Sergio Massa, que fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, en los que afirma que Néstor Kirchner (que aún vivía) era un “monstruo” y un “perverso”. Mazza –como era inevitable- negó haber hecho esas juicios.
Igual que Mazza otros interlocutores quedaron en falsa escuadra. Como se ha dicho, lo que daña (al menos por un tiempo, al menos en ciertos círculos) no es tanto la palabra pronunciada como la publicidad inesperada de esas frases. Hace unas semanas, el presidente de Uruguay, José Mujica, comentó un hecho parecido: aquellas duras palabras sobre Argentina y los argentinos del ex mandatario oriental Jorge Batlle, que eran parte de una conversación personal y fueron registradas y difundidas por un micrófono que permanecía abierto. “La desgracia –diagnosticó Mujica- fue esa: que lo que dijo tomara estado público”.
En el caudaloso río de las filtraciones provocadas por WikiLeaks los mails sobre Argentina apenas son una gotita que representa menos del 1 por ciento. Sin embargo, parte de la información que allí se incluye está por encima de la trivialidad.
Es cierto que así como se habla de las bellas enfermeras búlgaras que prefiere Muammar Kadafi o de las “fiestas salvajes” de Silvio Berlusconi, en el caso argentino los cables se detienen en el carácter brusco de Mauricio Macri o en una rumoreada vulnerabilidad psíquica de la presidente, pero más allá de esos aspectos, los informes reservados desde Buenos Aires (los que hasta ahora se conocen, puede haber más novedades) ofrecen datos de la máxima relevancia sobre la reticencia del gobierno a cumplir con los compromisos internacionales en torno a la investigación de operaciones de lavado de dinero.
En esos cables, citando como fuente al jefe operativo del Grupo de Acción Financiera que viajó a Buenos Aires a supervisar las acciones sobre el lavado de dinero, se consigna que la mayor parte de esos fondos “son producto de la corrupción política”, que el jefe de gabinete Aníbal Fernández “frustró sistemáticamente” los avances hacia una investigación en profundidad y que “los Kirchner y su círculo simplemente tienen mucho para ganar con un débil cumplimiento de las normas”.
Se menciona en los cables una negativa a colaborar con pedidos de Suiza, Lichtenstein y Luxemburgo (paraísos fiscales) que querían investigar sospechosos movimientos de fondos del “círculo íntimo” en aquellas plazas. Y se consigna que tres años atrás el actual jefe de gabinete manejó un equipo dedicado al espionaje de las comunicaciones de políticos opositores (u oficialistas sospechados de desvíos), jueces, empresarios y periodistas.
Es decir: en paralelo a la información superficial y a las rutinas, la embajada reportaba al Departamento de Estado sobre algunas acciones que, al menos en Argentina, entrañan la posible comisión de delitos. Al tomar estentóreo estado público, estas afirmaciones adquieren una indiscutible relevancia política y, en su medida y armoniosamente, formarán parte del juicio de la ciudadanía. Ahora bien, ¿es irrazonable que también puedan alcanzar significación judicial?
Mientras asistimos a la pujante ofensiva de la esfera que llamamos virtual, la política y su mundo de seres reales empieza a desperezarse, preparándose para el decisivo 2011. La presidente, milímetro a milímetro va girando el timón que antes empuñaba Néstor Kirchner. La semana pasada se comentaba la convocatoria al Fondo Monetario Internacional para que ayude a rehacer el desacreditado Instituto de Estadísticas (dos blancos con un solo tiro), o la visita a la Conferencia Industrial en busca de un clinch con un sector del empresariado; esta semana observamos el perfil moderado que adoptó la representación del país en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, resistiendo junto a Colombia, Perú, Brasil y Chile las posturas hirsutas del Eje chavista (Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia), empeñados en una fraseología anti estadounidense.
Para las posturas más ansiosas, esos corrimientos oficiales son mínimos y ni siquiera llegan a ser cosméticos. Tienen, sin embargo, un potencial simbólico, ya que embrionariamente indican una tendencia –llamémosla autocrítica- a rectificar las prácticas que orientaba Néstor Kirchner en vida. “Estos pasos o pasitos no se hubieran producido si estuviera él”, diagnosticó un hombre del riñón K. Y al decirlo, su tono no era de nostalgia, sino de alivio. Habrá que ver si los retoques milimétricos alcanzan para consolidar un nuevo dispositivo de decisión y disciplina en el oficialismo, capaz de darle consistencia en el año electoral.
Ahora, ya en el codo del 2011, la promesa de competencia en las urnas empieza a expresarse de manera orgánica. Los partidos hacen sus aprontes y empiezan a presentarse los precandidatos. En pocos días lanzará oficialmente su postulación Eduardo Duhalde desde el Peronismo Federal; el viernes lo hizo, primereando a todos, Ricardo Alfonsín desde el seno de la UCR.
El acto radical realizado con el Congreso a las espaldas y con la vista puesta en la Plaza de Mayo mostró un público entusiasmado, una amplia presencia juvenil y un Alfonsín que dio examen de orador elocuente, expresivo y razonable, reflexionando llanamente ante sus “muchachos” , descartando frases facilistas y respondiendo a las críticas más habituales que se han registrado sobre su candidatura. La primera oferta de aspiración presidencial mostró, desde la UCR, capacidad competitiva. Las que se irán sucediendo agregarán nuevos elementos. En conjunto, la sociedad va a encontrar un arco variado de instrumentos para abrir nuevas posibilidades.
Hasta el oficialismo empieza a rebuscar los caminos y a evaluar los nombres que le permitan convertirse en esa alternativa al kirchnerismo que murió con Néstor Kirchner.
por Jorge Raventos
¿Habrá que corregir aquella famosa frase de Juan Perón (sugerida por Rogelio Frigerio) que afirmaba que “la realidad es la única verdad” y postular, ahora, que “la única verdad es la virtualidad”?
Por si no alcanzaban los innumerables correos electrónicos de Manuel Vásquez -el asesor ad honorem del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime- como ejemplo de libro de que en estos tiempos la política navega (y a veces naufraga) en los océanos de la información y la informática, el mundo proporcionó una hiperbólica exposición de esa verdad con la inundación de cables secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos provocada por la misteriosa entidad conocida como WikiLeaks.
Por cierto, los casi 30.000 correos registrados en los discos rígidos de Vásquez parecen poca cosa comparados con los -por lo menos- 250.000 que WikiLeaks sustrajo a Washington. Pero desde el punto de vista de la política doméstica argentina los mails del testaferro de Jaime tienen la virtud de la segmentación temática: de ellos surge el relato pormenorizado de una matriz de recaudación empleada durante todos los años de gestión de las administraciones kirchneristas. Los mails de Vásquez están mayormente virados a los asuntos de transporte (parece verificarse que su consultora actuaba como excusa de papel para facturar sistemáticamente, so pretexto de estudios o análisis, gestiones o decisiones que favorecían a empresas privadas locales o extranjeras y que se concretaban en erogaciones, compras, subsidios o autorizaciones del Estado argentino); sin embargo, las gestiones de Vásquez no se limitaban a aquella rama, alcanzaban inclusive las campañas de fund-racing del oficialismo en vísperas de elecciones.
Por instrucción “del número 1” –dicho en álgebra: Néstor Kirchner-, Vásquez y un socio español recolectaban fondos de campaña solicitándolos a empresas extranjeras que hacen negocios (como proveedoras, concesionarias o, simplemente, beneficiarias) con el Estado argentino y dependen en esa actividad de los buenos o malos humores de la autoridad que sube o baja el dedo. Favor con favor se paga. Las sumas que Vásquez (por sugerencia del número 1) solicitaba a esos contribuyentes oscilaban entre el medio millón y los 2,5 millones de dólares.
Con alguna variante, la matriz que emerge de los correos electrónicos de la mano derecha de Ricardo Jaime, se aplicó en operatorias análogas. Héctor Capaccioli, el recaudador oficial de fondos para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007 era superintendente de Salud de la Nación y recaudaba principalmente en el área que debía supervisar (consiguió recaudar y blanquear mucho para la contabilidad de la campaña con la ayuda de laboratorios farmacéuticos, algunos de los cuales están ahora sometidos al escrutinio y la indagatoria judicial por falsificación de medicamentos o de documentación). Claudio Uberti actuaba en relación con Venezuela con el mismo estilo con el que Vásquez se movía en la península Ibérica y en otras localizaciones por asuntos vinculados con el transporte.
La densidad de la información encerrada en los mails del hombre de confianza de Ricardo Jaime es incomparable para la Justicia argentina. Pero, aunque muchas veces describan trivialidades, ¡qué colorido tienen los cables que distribuyó WikiLeaks, auditados por cinco prestigiosas publicaciones (cuatro diarios, un semanario) de Occidente: The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde y Der Spiegel. Los redactores de esos correos –muchas veces firmados por los propios embajadores- abundan en datos surgidos de conversaciones con fuentes de alto nivel de los destinos que les toca ocupar: ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios, periodistas, analistas, hombres de negocios.
La vivacidad de sus descripciones es, quizás, una señal de escepticismo sobre los destinatarios de la información: funcionarios diplomáticos que filtran en sus despachos lo que, en mínima proporción, dejarán llegar a los ojos del Secretario de Estado. Es preciso conmover a esos lectores fríos con detalles sabrosos y eventualmente dramáticos: la enfermedad de un mandatario siempre viene bien para esos fines, los riesgos para la estabilidad de un gobierno, una crisis, un default, huellas de corrupción, lazos con el crimen organizado o el narcotráfico: eso siempre permite una trama interesante.
Con intereses en todo el mundo (y con un papel planetario que el mundo, de buen o mal grado, le atribuye o reclama) la cancillería estadounidense es, en una de sus facetas, una gigantesca agencia informativa, que produce y digiere información de todas partes. Sus diplomáticos no hacen nada demasiado distinto de lo que deben hacer sus colegas de Argentina, Brasil, China o Kenya; las diferencias son de cantidad, de grado. Y, por sus consecuencias, de calidad.
Para cualquier diplomática resulta una catástrofe que se exponga en público aquello que fue concebido para informar discretamente a sus superiores. Es a estos a quienes tiene que procurar decirles (exagerando, inclusive, para llamar su atención) toda la verdad y nada más que la verdad. A sus interlocutores locales, cotidianos, autoridades del país anfitrión tienen que mostrarles su rostro más simpático y cooperativo pero no están en absoluto obligados a decirles ni “toda” la verdad, ni “nada más que” la verdad. En ese sentido, la franqueza de las “conversaciones francas” diplomáticas nunca dejan de tener esos límites, propios de la actividad.
Los profesionales saben cómo son las cosas: saben que la actividad requiere de esas cortesías, de esas verdades parciales, pero saben también que las partes están obligadas –también por ley de juego- a reaccionar públicamente si se hace público lo que debía ser privado. Por eso el juicio objetivo no cuestiona a Estados Unidos por las cosas que dicen los cables de sus diplomáticos, sino porque cayeron en la chapucería de permitir la filtración.
Es que lo más complicado para los autores de esos mensajes no reside en que las autoridades locales descubran la opinión o el juicio del embajador sobre ellos, sino que trasciendan detalles de algún acuerdo que involucra a terceros. Por ejemplo, en el caso argentino, el dato de que Cristina Kirchner acordó colaborar con Washington para “contener” a Evo Morales (discretamente, “para evitar la sospecha” de Morales). O que quede descolocado un interlocutor confiado, que puede ser una fuente permanente de información para la embajada. En varios de los mensajes que trascendieron emitidos por la embajada en Buenos Aires ocurre este traspié: se transcriben comentarios muy notables de, por caso, Sergio Massa, que fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, en los que afirma que Néstor Kirchner (que aún vivía) era un “monstruo” y un “perverso”. Mazza –como era inevitable- negó haber hecho esas juicios.
Igual que Mazza otros interlocutores quedaron en falsa escuadra. Como se ha dicho, lo que daña (al menos por un tiempo, al menos en ciertos círculos) no es tanto la palabra pronunciada como la publicidad inesperada de esas frases. Hace unas semanas, el presidente de Uruguay, José Mujica, comentó un hecho parecido: aquellas duras palabras sobre Argentina y los argentinos del ex mandatario oriental Jorge Batlle, que eran parte de una conversación personal y fueron registradas y difundidas por un micrófono que permanecía abierto. “La desgracia –diagnosticó Mujica- fue esa: que lo que dijo tomara estado público”.
En el caudaloso río de las filtraciones provocadas por WikiLeaks los mails sobre Argentina apenas son una gotita que representa menos del 1 por ciento. Sin embargo, parte de la información que allí se incluye está por encima de la trivialidad.
Es cierto que así como se habla de las bellas enfermeras búlgaras que prefiere Muammar Kadafi o de las “fiestas salvajes” de Silvio Berlusconi, en el caso argentino los cables se detienen en el carácter brusco de Mauricio Macri o en una rumoreada vulnerabilidad psíquica de la presidente, pero más allá de esos aspectos, los informes reservados desde Buenos Aires (los que hasta ahora se conocen, puede haber más novedades) ofrecen datos de la máxima relevancia sobre la reticencia del gobierno a cumplir con los compromisos internacionales en torno a la investigación de operaciones de lavado de dinero.
En esos cables, citando como fuente al jefe operativo del Grupo de Acción Financiera que viajó a Buenos Aires a supervisar las acciones sobre el lavado de dinero, se consigna que la mayor parte de esos fondos “son producto de la corrupción política”, que el jefe de gabinete Aníbal Fernández “frustró sistemáticamente” los avances hacia una investigación en profundidad y que “los Kirchner y su círculo simplemente tienen mucho para ganar con un débil cumplimiento de las normas”.
Se menciona en los cables una negativa a colaborar con pedidos de Suiza, Lichtenstein y Luxemburgo (paraísos fiscales) que querían investigar sospechosos movimientos de fondos del “círculo íntimo” en aquellas plazas. Y se consigna que tres años atrás el actual jefe de gabinete manejó un equipo dedicado al espionaje de las comunicaciones de políticos opositores (u oficialistas sospechados de desvíos), jueces, empresarios y periodistas.
Es decir: en paralelo a la información superficial y a las rutinas, la embajada reportaba al Departamento de Estado sobre algunas acciones que, al menos en Argentina, entrañan la posible comisión de delitos. Al tomar estentóreo estado público, estas afirmaciones adquieren una indiscutible relevancia política y, en su medida y armoniosamente, formarán parte del juicio de la ciudadanía. Ahora bien, ¿es irrazonable que también puedan alcanzar significación judicial?
Mientras asistimos a la pujante ofensiva de la esfera que llamamos virtual, la política y su mundo de seres reales empieza a desperezarse, preparándose para el decisivo 2011. La presidente, milímetro a milímetro va girando el timón que antes empuñaba Néstor Kirchner. La semana pasada se comentaba la convocatoria al Fondo Monetario Internacional para que ayude a rehacer el desacreditado Instituto de Estadísticas (dos blancos con un solo tiro), o la visita a la Conferencia Industrial en busca de un clinch con un sector del empresariado; esta semana observamos el perfil moderado que adoptó la representación del país en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, resistiendo junto a Colombia, Perú, Brasil y Chile las posturas hirsutas del Eje chavista (Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia), empeñados en una fraseología anti estadounidense.
Para las posturas más ansiosas, esos corrimientos oficiales son mínimos y ni siquiera llegan a ser cosméticos. Tienen, sin embargo, un potencial simbólico, ya que embrionariamente indican una tendencia –llamémosla autocrítica- a rectificar las prácticas que orientaba Néstor Kirchner en vida. “Estos pasos o pasitos no se hubieran producido si estuviera él”, diagnosticó un hombre del riñón K. Y al decirlo, su tono no era de nostalgia, sino de alivio. Habrá que ver si los retoques milimétricos alcanzan para consolidar un nuevo dispositivo de decisión y disciplina en el oficialismo, capaz de darle consistencia en el año electoral.
Ahora, ya en el codo del 2011, la promesa de competencia en las urnas empieza a expresarse de manera orgánica. Los partidos hacen sus aprontes y empiezan a presentarse los precandidatos. En pocos días lanzará oficialmente su postulación Eduardo Duhalde desde el Peronismo Federal; el viernes lo hizo, primereando a todos, Ricardo Alfonsín desde el seno de la UCR.
El acto radical realizado con el Congreso a las espaldas y con la vista puesta en la Plaza de Mayo mostró un público entusiasmado, una amplia presencia juvenil y un Alfonsín que dio examen de orador elocuente, expresivo y razonable, reflexionando llanamente ante sus “muchachos” , descartando frases facilistas y respondiendo a las críticas más habituales que se han registrado sobre su candidatura. La primera oferta de aspiración presidencial mostró, desde la UCR, capacidad competitiva. Las que se irán sucediendo agregarán nuevos elementos. En conjunto, la sociedad va a encontrar un arco variado de instrumentos para abrir nuevas posibilidades.
Hasta el oficialismo empieza a rebuscar los caminos y a evaluar los nombres que le permitan convertirse en esa alternativa al kirchnerismo que murió con Néstor Kirchner.
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