por JUAN J.LLACH y SERGIO BRITOS
(publicado en La Nación, Nov 17, 2009)
Es para celebrar el resultado de la decisión del Gobierno de ampliar el universo de destinatarios de la asignación familiar por hijo. La cifra es todavía imprecisa, pero varios millones de chicos y jóvenes menores de 18 años serán beneficiados con un ingreso adicional de 2160 pesos por año. Hay que lamentar, en cambio, que, como en muchas decisiones de este gobierno, sea necesario leer segundas o terceras intenciones para acertar su significado. Parece reconocerse el aumento de la pobreza, pero el Indec sigue falsificando sus números de pobres e indigentes. La demorada decisión aparece impulsada por sacarle una bandera a la oposición. Bienvenido sea el ejercicio democrático que la hace posible, pero ¡cuánto mejor hubiera sido reconocer la incansable tarea en esta materia de Elisa Carrió, Claudio Lozano y sus organizaciones, y de la Comisión de Justicia y Paz, entre otros!
De haberse optado, como correspondía, por debatir el tema en el Congreso, podría haberse llegado a una de las escasísimas políticas de Estado, y en un tema crucial, y el proyecto podría ser tanto mejor, como se argumenta aquí. Quedará, pues, una convocante tarea para el anhelado Congreso que funcionará a partir del próximo 10 de diciembre.
Es bueno que el decreto haya optado por el modelo ya asimilado de asignaciones familiares, pero no es cierto que ellas sean ahora "universales". Este es uno de sus principales problemas. Al limitarse la extensión del beneficio a los hijos de trabajadores del sector informal, desocupados o con ingreso no mayor al salario mínimo (hoy, 1440 pesos, y 1500 a partir de enero), no se universaliza el beneficio y queda un margen para el clientelismo vigente en casi todas las políticas asistenciales.
¿Quién decidirá si las declaraciones juradas ante Anses son o no adecuadas? ¿O se hará la vista gorda y el costo de la medida terminará siendo el doble? ¿Habrá actos en distintos lugares del país en los que se convoque a cientos de niños y jóvenes para anunciarles el nuevo ingreso como concesión graciosa y no como lo que debería ser, un derecho? Está muy bien que el 20% de la nueva asignación se pague sólo si se cumplen requisitos de vacunación hasta los cinco años y de escolarización para los mayores de esa edad, pero ¿por qué no se exige lo mismo a los trabajadores formales que ya acceden al beneficio? ¿Pertenecen, acaso, a otra categoría social? ¿Por qué ellos cobran, además, la ayuda escolar, que no llegará a los nuevos beneficiarios?
A estas dudas se agregan otras importantes, como las razones de la exclusión de los bebes por nacer o el límite de cinco hijos. En cambio, si se universalizara este derecho, como pide la oposición, su alcance sería más equitativo y se erradicaría de cuajo el clientelismo de este programa. Por cierto, deberían mantenerse una escala de asignación decreciente según el nivel de ingresos, como la vigente o similar, el tope de ingresos de 4800 pesos y la deducción por hijo en el impuesto a las ganancias.
El financiamiento propuesto también es cuestionable. Se ha dicho que las nuevas asignaciones insumirían 10.000 millones de pesos, pero no es claro si será así, porque no se ha establecido si el nuevo programa reemplazará total o parcialmente a otros, como el Plan Familias o el de jefas y jefes de hogar. En cualquier caso, no es adecuado ni justo que las nuevas asignaciones sean asumidas por la Anses, entre otras cosas porque después de fallos judiciales recientes muchas jubilaciones serán sustancialmente incrementadas. La gran pregunta es por qué no se integra el programa al presupuesto general. Las respuestas son dos, y muy sencillas. Primero, hoy no hay plata allí. Segundo, no se quiere tocar la "cajita mágica" de los subsidios, que este año superarán los 30.000 millones de pesos, con un aumento del 19% respecto de 2008. De ellos, cerca de 20.000 serán recibidos por personas de ingresos medios o altos. Difícil encontrar una prueba más flagrante de inequidad del actual sistema de subsidios. "Los únicos privilegiados son los niños", se decía en el primer peronismo. Está claro que ahora no es cierto y que nunca nadie les dio tanto dinero fiscal a los pudientes.
Se podrían esgrimir muchos otros argumentos al respecto, pero deseamos concentrarnos en la alternativa de subsidiar la nutrición. Hasta hoy, casi la mitad de los pobres o indigentes son chicos o jóvenes, y entre 900.000 y un millón y medio tienen problemas nutricionales. No sólo baja talla, anemia y otras deficiencias en su dieta, sino también, aunque parezca raro, sobrepeso y obesidad. En particular, los problemas de calidad de dieta y la obesidad de los niños pobres están estrechamente vinculados con las pautas de alimentación familiar y los ingresos disponibles para comprar mejores alimentos. Por ello, en los hogares pobres, el ingreso adicional de la asignación por hijo tendrá una fuerte propensión al gasto en alimentos y, si las familias se comportan como ya ha sido evaluado en algunas experiencias, también mejorará la diversidad y la calidad de la alimentación de sus destinatarios.
Esto es una buena noticia, habida cuenta de que los programas alimentarios tradicionales (comedores comunitarios, bolsas o cajas de alimentos) suelen ser vehículo de un exceso de alimentos de baja calidad nutricional. Se da la paradoja de programas que terminan por engordar y no por nutrir bien a chicos y jóvenes. Por ello, sería muy recomendable que el nuevo programa absorbiera al menos los programas alimentarios tradicionales y todos se reconvirtieran a una asignación de ingresos con fuerte carácter alimentario. Ello permitiría, también, devolver a la mesa familiar lo que nunca debió perder: sus comensales.
Más positivo aún sería que la totalidad del nuevo ingreso se canalizara a través de una tarjeta alimentaria que, además de dignificar y transparentar el programa, pudiera constituir una plataforma para descuentos o subsidios selectivos al precio de alimentos, con un claro sentido nutricional. Esto implicaría combinar una política de ingresos con una intervención nutricional centrada en el problema de la calidad nutricional de la dieta y la monotonía alimentaria. En ese marco, también sería aconsejable reemplazar gradualmente los comedores escolares por un aumento del subsidio a la nutrición, para mantener los refuerzos de desayuno o merienda. Eso permitiría que las escuelas se concentraran más en su tarea de educar.
De esta forma, la política nutricional podría basarse en tres pilares: programa materno-infantil (que funciona razonablemente bien en la entrega de leche fortificada), ingreso por hijo combinado con estímulos para comprar más verduras, frutas, lácteos y otros alimentos de buena calidad nutricional, y refuerzo de desayuno o merienda en las escuelas. A estos tres pilares debería agregarse un sistema efectivo de captación oportuna y seguimiento de los niños desnutridos y una política de cambio de hábitos alimentarios hacia una dieta más saludable, que, como la asignación a la niñez, debería ser universal y no sólo orientada a los hogares pobres.
Se darían, así, condiciones cruciales para dejar atrás el hambre en la Argentina. Ni más ni menos
(publicado en La Nación, Nov 17, 2009)
Es para celebrar el resultado de la decisión del Gobierno de ampliar el universo de destinatarios de la asignación familiar por hijo. La cifra es todavía imprecisa, pero varios millones de chicos y jóvenes menores de 18 años serán beneficiados con un ingreso adicional de 2160 pesos por año. Hay que lamentar, en cambio, que, como en muchas decisiones de este gobierno, sea necesario leer segundas o terceras intenciones para acertar su significado. Parece reconocerse el aumento de la pobreza, pero el Indec sigue falsificando sus números de pobres e indigentes. La demorada decisión aparece impulsada por sacarle una bandera a la oposición. Bienvenido sea el ejercicio democrático que la hace posible, pero ¡cuánto mejor hubiera sido reconocer la incansable tarea en esta materia de Elisa Carrió, Claudio Lozano y sus organizaciones, y de la Comisión de Justicia y Paz, entre otros!
De haberse optado, como correspondía, por debatir el tema en el Congreso, podría haberse llegado a una de las escasísimas políticas de Estado, y en un tema crucial, y el proyecto podría ser tanto mejor, como se argumenta aquí. Quedará, pues, una convocante tarea para el anhelado Congreso que funcionará a partir del próximo 10 de diciembre.
Es bueno que el decreto haya optado por el modelo ya asimilado de asignaciones familiares, pero no es cierto que ellas sean ahora "universales". Este es uno de sus principales problemas. Al limitarse la extensión del beneficio a los hijos de trabajadores del sector informal, desocupados o con ingreso no mayor al salario mínimo (hoy, 1440 pesos, y 1500 a partir de enero), no se universaliza el beneficio y queda un margen para el clientelismo vigente en casi todas las políticas asistenciales.
¿Quién decidirá si las declaraciones juradas ante Anses son o no adecuadas? ¿O se hará la vista gorda y el costo de la medida terminará siendo el doble? ¿Habrá actos en distintos lugares del país en los que se convoque a cientos de niños y jóvenes para anunciarles el nuevo ingreso como concesión graciosa y no como lo que debería ser, un derecho? Está muy bien que el 20% de la nueva asignación se pague sólo si se cumplen requisitos de vacunación hasta los cinco años y de escolarización para los mayores de esa edad, pero ¿por qué no se exige lo mismo a los trabajadores formales que ya acceden al beneficio? ¿Pertenecen, acaso, a otra categoría social? ¿Por qué ellos cobran, además, la ayuda escolar, que no llegará a los nuevos beneficiarios?
A estas dudas se agregan otras importantes, como las razones de la exclusión de los bebes por nacer o el límite de cinco hijos. En cambio, si se universalizara este derecho, como pide la oposición, su alcance sería más equitativo y se erradicaría de cuajo el clientelismo de este programa. Por cierto, deberían mantenerse una escala de asignación decreciente según el nivel de ingresos, como la vigente o similar, el tope de ingresos de 4800 pesos y la deducción por hijo en el impuesto a las ganancias.
El financiamiento propuesto también es cuestionable. Se ha dicho que las nuevas asignaciones insumirían 10.000 millones de pesos, pero no es claro si será así, porque no se ha establecido si el nuevo programa reemplazará total o parcialmente a otros, como el Plan Familias o el de jefas y jefes de hogar. En cualquier caso, no es adecuado ni justo que las nuevas asignaciones sean asumidas por la Anses, entre otras cosas porque después de fallos judiciales recientes muchas jubilaciones serán sustancialmente incrementadas. La gran pregunta es por qué no se integra el programa al presupuesto general. Las respuestas son dos, y muy sencillas. Primero, hoy no hay plata allí. Segundo, no se quiere tocar la "cajita mágica" de los subsidios, que este año superarán los 30.000 millones de pesos, con un aumento del 19% respecto de 2008. De ellos, cerca de 20.000 serán recibidos por personas de ingresos medios o altos. Difícil encontrar una prueba más flagrante de inequidad del actual sistema de subsidios. "Los únicos privilegiados son los niños", se decía en el primer peronismo. Está claro que ahora no es cierto y que nunca nadie les dio tanto dinero fiscal a los pudientes.
Se podrían esgrimir muchos otros argumentos al respecto, pero deseamos concentrarnos en la alternativa de subsidiar la nutrición. Hasta hoy, casi la mitad de los pobres o indigentes son chicos o jóvenes, y entre 900.000 y un millón y medio tienen problemas nutricionales. No sólo baja talla, anemia y otras deficiencias en su dieta, sino también, aunque parezca raro, sobrepeso y obesidad. En particular, los problemas de calidad de dieta y la obesidad de los niños pobres están estrechamente vinculados con las pautas de alimentación familiar y los ingresos disponibles para comprar mejores alimentos. Por ello, en los hogares pobres, el ingreso adicional de la asignación por hijo tendrá una fuerte propensión al gasto en alimentos y, si las familias se comportan como ya ha sido evaluado en algunas experiencias, también mejorará la diversidad y la calidad de la alimentación de sus destinatarios.
Esto es una buena noticia, habida cuenta de que los programas alimentarios tradicionales (comedores comunitarios, bolsas o cajas de alimentos) suelen ser vehículo de un exceso de alimentos de baja calidad nutricional. Se da la paradoja de programas que terminan por engordar y no por nutrir bien a chicos y jóvenes. Por ello, sería muy recomendable que el nuevo programa absorbiera al menos los programas alimentarios tradicionales y todos se reconvirtieran a una asignación de ingresos con fuerte carácter alimentario. Ello permitiría, también, devolver a la mesa familiar lo que nunca debió perder: sus comensales.
Más positivo aún sería que la totalidad del nuevo ingreso se canalizara a través de una tarjeta alimentaria que, además de dignificar y transparentar el programa, pudiera constituir una plataforma para descuentos o subsidios selectivos al precio de alimentos, con un claro sentido nutricional. Esto implicaría combinar una política de ingresos con una intervención nutricional centrada en el problema de la calidad nutricional de la dieta y la monotonía alimentaria. En ese marco, también sería aconsejable reemplazar gradualmente los comedores escolares por un aumento del subsidio a la nutrición, para mantener los refuerzos de desayuno o merienda. Eso permitiría que las escuelas se concentraran más en su tarea de educar.
De esta forma, la política nutricional podría basarse en tres pilares: programa materno-infantil (que funciona razonablemente bien en la entrega de leche fortificada), ingreso por hijo combinado con estímulos para comprar más verduras, frutas, lácteos y otros alimentos de buena calidad nutricional, y refuerzo de desayuno o merienda en las escuelas. A estos tres pilares debería agregarse un sistema efectivo de captación oportuna y seguimiento de los niños desnutridos y una política de cambio de hábitos alimentarios hacia una dieta más saludable, que, como la asignación a la niñez, debería ser universal y no sólo orientada a los hogares pobres.
Se darían, así, condiciones cruciales para dejar atrás el hambre en la Argentina. Ni más ni menos