EL CAPITAL POLÍTICO

por Diana Ferraro

Los argentinos nos preocupamos por muchas cosas, pero la más amarga de nuestras quejas se centra en lo que percibimos como una incapacidad manifiesta de la dirigencia política para profesionalizarse definitivamente y cumplir con su trabajo con la debida eficiencia. La escasez de políticos altamente profesionales no remite, sin embargo y como habitualmente se cree, a una escasez de capital político sino a un capital político insuficientemente cuidado y alimentado de modo que produzca mayores beneficios para la comunidad. En la política, como en todas las áreas de la vida nacional, existen innumerables talentos, graduados universitarios y personas con un largo historial en la gestión pública. Lo que no existe en la cantidad y volumen necesarios, es un ámbito de cultivo y desarrollo profesional de los talentos políticos, fuera de los partidos y del gobierno. Los partidos no son aparatos formadores de gestión profesional –no es su función—y el gobierno es la instancia donde el profesionalismo debe ser aplicado, y no adquirido en un aprendizaje tardío demasiado costoso para los contribuyentes y la Nación.

Un breve repaso por absolutamente todas las administraciones de la democracia a partir de 1983 muestra que las únicas áreas que se manejaron con profesionalismo de primer nivel fueron aquellas entregadas a políticos formados previamente en universidades argentinas y extranjeras quienes, por disciplina, hábito y rigor académicos, se organizaron --antes de su acceso al gobierno-- en centros de estudio o fundaciones dedicadas a la investigación de políticas públicas y a la exploración de propuestas y posibles soluciones. Independientemente de la ideología u orientación política, las experiencias de instituciones notables como la Fundación Mediterránea y el IERAL, entre otras, mostraron un camino que, sin embargo, no quedó fijado en la opinión pública como el imprescindible modelo a seguir a la hora de buscar la excelencia en la gestión.

Cuando nos quejamos de políticos que aparecen insuficientemente formados, o lisa y llanamente ignorantes a la hora de gobernar, nos estamos quejando en realidad de la falta de estructuras de formación, contención y capacitación previas a la competencia electoral y al acceso al gobierno. El viejo axioma que sostiene que el político llegado al poder sólo está en condiciones de ejecutar lo que ya aprendió, explica el fracaso de mucha dirigencia –aún graduada y talentosa--que entra en contacto por primera vez con los problemas y las posibles soluciones en el momento de ocupar el cargo. A la hora de ejecutar, improvisa porque no sabe. Y no sabe, porque no estudió el problema a fondo y, mucho menos, el modo de solucionarlo. A veces el sentido común o la intuición ayudan, pero la falta de conocimiento profundo de los problemas conspira a la hora de pensar soluciones fundamentadas y duraderas. Peor aún, algunos problemas ni siquiera se abordan porque no son reconocidos como tal.

En la improvisación generalizada de una administración, también se percibe muchas veces una falta de armonía entre áreas de gobierno, o sea, la falta de una visión abarcadora. Esa visión abarcadora constituye otro objeto separado de investigación igualmente descuidado, sin bien expresiones como “modelo” o “proyecto de país” forman parte de los clichés del político generalista, no filtrado por el rigor de los análisis experimentales en los laboratorios de inteligencia política. La administración pública, así como la organización política de una comunidad y el estudio de las leyes que deben regirla para su óptimo funcionamiento son, por cierto, materia de investigación científica. Las preferencias ideológicas representan una orientación acerca de qué se quiere investigar y con qué objetivo, pero no constituyen un sustituto de la investigación. En la Argentina el problema de los malos gobiernos no se basa sólo en la predominancia de una ideología inapropiada para el momento histórico, sino que se origina más bien en la falta de consistencia entre las políticas propuestas y las ejecutadas. La falta de profesionalismo no es de derecha ni de izquierda, es solo falta de profesionalismo o chantada, para usar la más expresiva definición nacional. La explicación última por la cual hoy países como Chile o Uruguay con gobiernos del mismo signo ideológico que la Argentina actual viven sin mayores sobresaltos, es que, al ser países más pequeños con dirigencias más acotadas, cuentan con equipos de gobierno más homogéneos, profesionalizados por la práctica permanentemente compartida.

¿Cómo son las cosas en los países muy desarrollados y caracterizados por administraciones estables y profesionales? Existen, por debajo de los gobiernos rotativos y más allá de la planta administrativa estable, instituciones estatales o privadas dedicadas a la actualización permanente de los cuadros políticos profesionales donde estos pueden investigar y estudiar todas las áreas de las políticas públicas. Ellos son los expertos permanentes en cada tema y, según su pertenencia partidaria, acceden ocasionalmente a la gestión gubernamental, donde aplican lo que han investigado, aprendido y resuelto en modelos experimentales, para volver luego de terminado su período gubernamental, a la institución que continuará albergándolos y permitiéndoles continuar con su capacitación hasta el próximo turno de gobierno. Estas instituciones, si bien tienen siempre una clara orientación ideológica, no son específicamente partidarias y están muy lejos de los equipos político-técnicos partidarios que conocemos los argentinos, y que tan mal suplen a este tipo de instituciones a la hora de hacer planes de gobierno en un contexto electoral.

En los Estados Unidos se destacan, entre las infinitas fundaciones, organizaciones, departamentos universitarios e instituciones dedicadas a los estudios de gobierno, dos grandes instituciones ejemplares: el American Enterprise Institute (http://www.aei.org ), para la investigación de políticas públicas, y el Center for Strategic & International Studies (http://csis.org ), consagrado a los estudios estratégicos sobre los Estados Unidos en el mundo. Vale la pena recorrerlas en Internet, visitando cada una de sus secciones y reconociendo el nivel de sus integrantes, para darse cuenta de dónde está la falla argentina a la hora de instalar una dirigencia política en el poder con capacidad para resolver impecablemente los problemas. Entre el político con título universitario, con maestría y doctorado incluidos, y su lugar en el gobierno, falta el eslabón perdido, allí donde el político profesional precisa hacer una escala obligatoria: el de la institución para la investigación de políticas públicas y la creación de soluciones.

Las dos instituciones mencionadas tienen un presupuesto anual, cada una, de aproximadamente 30 millones de dólares, e ingresos equivalentes, como instituciones sin fines de lucro, provenientes de donaciones de empresas, de gestión del propio capital acumulado, de donaciones de fundaciones y de individuos, y de ingresos por conferencias, publicaciones y otras actividades de servicio. Sirven a los intereses de un país de 300 millones de habitantes. En la Argentina, con un 13% de la población de Estados Unidos, un 13% del presupuesto alcanzaría para mantener una fundación del mismo nivel acorde a un gobierno de mucho menor tamaño y menores prestaciones. En un país donde se malgastan miles de millones de dólares provenientes de impuestos públicos, no parecería una mala inversión destinar 4 millones de dólares anuales a una fundación no gubernamental que investigase, entre otras cuestiones, ese mismo sistema impositivo y comprobase, por ejemplo, si es posible federalizar por fin esos impuestos, para promover el demorado crecimiento de un país retrasado, sobre todo, en el conocimiento de sí mismo y de las opciones de qué dispone para progresar

El problema de la institucionalización de los partidos políticos, con la eliminación de las listas sábanas y las elecciones internas directas, no es el único problema a enfrentar para asegurar un buen gobierno. Aún cuando se superase por fin esa instancia, logrando que al poder lleguen sólo aquellos que elegimos, corremos el riesgo, por nuestra misma descapitalización política, de tener una oferta pobre de políticos con severas carencias en su entrenamiento y profesionalización. Como parte del capital intelectual y cultural nacional, los políticos precisan conservación y cuidado. Los centros de pensamiento o “think tanks”, creados para permitir la investigación, esa prueba de ensayo y error previa a la toma de decisión política irreversible una vez en el poder, asegurarán la constante mejora y aumentarán el rendimiento de nuestro capital político. Un capital que es mayor de lo que solemos creer en nuestros momentos de decepción, pero aún muy por debajo de lo que podrá y deberá ser en los años venideros, con la debida gestión.

Se trata, al fin y al cabo, de un capital político que no depende ni de los políticos ni del gobierno, sino de la misma comunidad que es su dueña y beneficiaria, la principal interesada y la encargada de promover, apoyar y sostener la creación de los centros necesarios para conservarlo e incrementarlo.