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LA REVISTA DEL PERONISMO LIBERAL Colección Noviembre 2009- Febrero 2011

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30 ene. 2010

PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

por Jorge Raventos

Las órdenes que
ya no se cumplen

La Reina se puso roja de furia, y, tras dirigirle
una mirada fulminante y feroz, empezó a gritar:
--¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten...!
--¡Tonterías! --exclamó Alicia, en voz muy alta y decidida.
Y la Reina se calló.

Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas


“Para nosotros la renuncia no existe y no se la acepta”. La doble negación, digna del Sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, pertenece al proverbial jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y la pronunció por C5N tan pronto supo que Martín Redrado había anunciado su dimisión a la Presidencia del Banco Central.

Fernández es un tipo singular: a principios de enero anunció la aceptación de una renuncia que Redrado jamás había presentado, y se indignó mal con el economista por no haberlo hecho. Ahora, cuando la dimisión se consuma, la declara inexistente para rechazarla. Conclusión paradójica: el jefe de gabinete sólo aprueba abdicaciones a condición de que sean irreales.

Bromas aparte, hasta en el epílogo de este entremés Redrado consiguió sorprender, desconcertar y cabrear al Poder Ejecutivo. Primero disparó un mecanismo que –Justicia mediante- trabó el manotazo sobre las reservas del Banco Central iniciado por el matrimonio Kirchner con la creación del llamado Fondo del Bicentenario. Segundo, al resistir la retirada a los empujones que el Ejecutivo quiso imponerle, se transformó de hecho en un defensor de la autonomía del Banco Central y del respeto a las normas que la rigen, básicamente la ley de la Carta Orgánica de esa entidad. Y obligó al ejecutivo a dar marcha atrás.

La inopinada resistencia de Redrado se corrresponde con un nuevo alineamiento de los planetas. Después de la derrota electoral sufrida por el kirchnerismo el 28 de junio, el Congreso ha dejado de ser una escribanía del Ejecutivo y la Justicia se siente más estimulada a sostener su independencia frente a las presiones. En las propias filas oficialistas florece el espíritu crítico. La opinión pública hace rato que tomó distancia del gobierno y ya no hay técnica de relaciones públicas que pueda ensayar la Presidente que consiga tornarla simpática para la inmensa mayoría.

En ese contexto, y ante la evidencia que sus úkases no eran obedecidos, el gobierno retrocedió y tuvo que leer mejor la Carta Orgánica del Banco Central. Allí dice sin lugar a equívocos que el directorio del Banco Central (incluido, obvio, su Presidente) está legalmente obligado a no recibir órdenes del Poder Ejecutivo y éste sólo puede remover a sus miembros si “mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y contando para ello “con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación”.

El decreto “de necesidad y urgencia” suscripto el 7 de enero por la señora de Néstor Kirchner y todos sus ministros para desplazar a Redrado no reunía las condiciones requeridas por la Ley y era, por lo tanto, un instrumento inadecuado para el objetivo que perseguía. Al rechazar legalmente su cumplimiento y presentarse ante la Justicia, Redrado contribuyó a la defensa de las instituciones y de la Ley y forzó al Poder Ejecutivo a –en palabras de las Camaristas de segunda instancia que fallaron en el incidente- al “público compromiso tendiente a sanear los óbices legales que fueron el fundamento central de la tutela judicial”; en otros términos: se “sanea” lo que está mal hecho. La Presidente fue empujada a someterse al consejo de la comisión legislativa previsto en el artículo 9 la Carta Orgánica del Banco Central, algo de lo que había pretendido exceptuarse.

Como prefiere gambetear las normas y considera “horrendos” (palabra de Néstor Kirchner) los fallos de la Justicia que se las recuerdan, el Ejecutivo se sometió a las circunstancias pero eludió, de todos modos, la indispensable anulación del decreto “de necesidad y urgencia” que había suscripto el 7 de enero.

La Comisión Legislativa inició sus sesiones durante la semana para dar “consejo previo” sobre una decisión que el Poder Ejecutivo ya había adoptado. Presidida por el vicepresidente Julio Cobos y constituida parcialmente (ya que el Senado no designó representantes), la comisión inició sus reuniones bajo una fuerte presión del gobierno, dirigida en especial contra el vicepresidente, tildado de “conspirador” y enemigo del gobierno por un coro de voceros oficialistas.

Desde el entorno de Cobos surgieron señales de que la presión rendía sus frutos: se sugería que (en sintonía con los juicios públicos contemporizadores con la Casa Rosada de algunos dirigentes radicales, en primer lugar Ricardo Alfonsín) Cobos terminaría acompañando con su voto al oficialismo en la destitución de Redrado. En principio, Cobos guardó silencio sobre la subsistencia del DNU del 7 de enero y no reclamó su anulación previa al trabajo de la Comisión. El gobierno pretendía a esa altura provocarle daños no sólo a Redrado, sino al conjunto de sus adversarios: quería ratificar de una buena vez el despido del presidente del Central, ahora con apoyo de la Comisión Legislativa, dejar a Cobos en una situación incómoda y colocar una cuña en el frente opositor.

Por ese motivo, la renuncia de Redrado fue como un baldazo de agua helada para el kirchnerismo, porque el economista les vuelve a ganar la iniciativa. Su dimisión deja a Cobos y al otro miembro opositor de la Comisión Legislativa, Alfonso Prat Gay, ante la chance de omitir el consejo que, de modo tardío e inadecuado pretendía la Casa Rosada para dar aval y maquillaje a la sentencia ya firmada.

La renuncia de Redrado vuelve abstracta la función de la Comisión (que, de hecho, ya lo era si no mediaba previamente la anulación del DNU del 7 de enero). Cobos y Prat Gay pueden argumentar con total legitimidad que la crisis entre el Ejecutivo y el Central queda zanjada por la renuncia y que sólo resta aceptarla para cerrar el capítulo. En rigor: sólo hace falta volver a la aceptación que Aníbal Fernández anunció prematuramente en los primeros días del año. Podrá afirmarse así del jefe de gabinete, como se decía de Bernardino Rivadavia, que es un hombre que se anticipa a su tiempo.

Una vez cerrado el episodio Redrado, quedan para el gobierno las consecuencias de esta batalla perdida: tendrá que seguir fatigando la imaginación de sus menguados cuadros para encontrar de dónde conseguir los fondos que ya no podrán extraerse del Fondo del Bicentenario. Es una tarea urgente, porque la caja, ese gran instrumento de disciplinamiento político, está exhausta. Y los signos de descontento y desconfianza cunden en la propia tropa.Las órdenes ya no se cumplen: se examinan.

Si ya son muchos –ex jefes de gabinete, ex ministros, congresistas, jefes territoriales, líderes de movimientos sociales, sindicalistas- los que desertaron del kirchnerismo, el tiempo de las vacas flacas que se abre probablemente se convierta en el momento de la eyección para muchísimos más. Los signos están a la vista. Sobrevuelan los buitres. ¿O eran los pollos?¿O los chanchos?

10 RAZONES FEDERALES PARA DECIRLE NO AL AUMENTO DE LOS IMPUESTOS

por Gabriel Vénica

NO ALCANZA CON QUE EL PODER CENTRAL SE DECIDA A RESPETAR LA FORMA FEDERAL DE GOBIERNO…

TAMBIEN ES IMPORTANTE QUE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LO EJERZAN

El “Poder Federal” de los Estados Provinciales no constituye una concesión “graciosa” del poder central ni un “adorno folklórico” que Gobernadores y Legisladores Provinciales utilizan en sus discursos proselitistas.

Es potestad indelegable de las Provincias.

Y su preservación una grave responsabilidad de las autoridades constituidas de las mismas.

Hoy asistimos a la humillante paradoja según la cual, gobiernos regionales notablemente perjudicados por el avance de un sistema anticonstitucional y unitario que exprime a las fuerzas productivas provinciales con impuestos confiscatorios y agobiantes, no encuentran mejor solución a sus embarazos financieros que aumentar la “opresión impositiva” a sus propios comprovincianos.[1]

SOBRAN RAZONES DESDE UN PRUDENTE CRITERIO CONSTITUCIONAL Y ECONÓMICO PARA TILDAR DE IRRAZONABLE EL AUMENTO DE IMPUESTOS Y TASAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES…

No se solucionan problemas atacando los síntomas y agravando las causas.

El ahogo financiero de las Provincias tiene como fuente primaria la concentración del cobro y del usufructo de los impuestos en manos del poder central.

La actual situación convierte en cómplices a Gobernadores, Legisladores e Intendentes.

Los datos que muestran el despojo son elocuentes:

La masa total de impuestos al inicio de la Democracia durante el Gobierno del Dr. Alfonsín se distribuía de la siguiente manera: 45% para la Nación y 55% para las Provincias.

Durante el Gobierno de Menem esta ecuación se invirtió resultando: 55% para la Nación y 45% para las Provincias.[2]

Durante la actual administración llegamos al extremo: La Nación (la Kaja K) concentra el 75% del total recaudado subsistiendo para el resto de las Provincias y Municipios un 25% residual.

Este abuso violento es la causa del ahogo financiero que sufren Provincias y Municipios.

Esto no se soluciona aumentando los impuestos a los “comprovincianos productivos”


Este escenario no sólo es grave por sus resultados económicos, sino que opera en evidente violación al principio federal de gobierno instituido por nuestra Constitución Nacional.

El federalismo político deviene en simple declamación retórica si no lo acompaña el federalismo económico y fiscal.

Y esto, nuevamente, no se soluciona aumentando los impuestos a los comprovincianos.

La carga impositiva desalienta la actividad económica al punto de disminuir la base de recaudación de las mismas Provincias (Ejemplo: Ingresos brutos) así como de aquellos impuestos que son coparticipables (Ganancias, IVA).

Esto, una vez más, no se soluciona, sino que se agrava, con más impuestos.

Las Provincias cuyas producciones han sido afectadas por las retenciones son damnificadas por doble vía:

Las retenciones afectan la principal fuente de riqueza del interior. Con esto, además de consolidar una intolerable discriminación (al sector agropecuario y al interior), se lacera gravemente la aptitud recaudatoria de los Estados Provinciales[3].

Las retenciones no son coparticipables salvo en un escasísimo 16% (No un 30% como se ha publicitado)[4]


Este atropello, vale la pena repetir, no se soluciona con más impuestos.

La “OPRESION IMPOSITIVA al ciudadano” ha llegado a su límite.

Los impuestos confiscatorios son anticonstitucionales, indefendibles y contradictorios con sus mismas finalidades.

Investigaciones de varias Universidades demuestran que el costo de cualquier producto contiene un 50% de carga impositiva acumulada durante las diversas etapas de la cadena de valor.

Un Argentino medio debe trabajar hasta Agosto para el fisco y sólo a partir de allí puede gozar de lo que ha obtenido con su esfuerzo.

Para quien produce, estos guarismos empeoran. A diario somos testigos de la increíble circunstancia según la cual algún agente económico que podría invertir generando riqueza y empleo decide no hacerlo agobiado por presiones impositivas insostenibles.

Tratándose de actividades agropecuarias esto empeora. En años de malas cosechas las retenciones consumen el 100% de la renta y más aún, avanzan sobre el capital de trabajo. Increíble.

Sin embargo y a pesar de esta “opresión impositiva” vergonzosa los argentinos no gozan de servicios de salud, educación, justicia y seguridad acordes… debiendo contratar –quien puede hacerlo- estos mismos servicios en el campo privado, después de haber aportado para gozarlos con creces en el público.

Esto, que duda cabe, no se soluciona con más impuestos.

Aunque parezca extravagante en boca de quienes defendemos la libertad de comercio e industria, la propiedad privada y la transparencia de los precios hoy podríamos coincidir incluso con Karl Marx y afirmar a coro que las “relaciones de producción” impuestas por el poder central unitario oprimen a las “fuerzas productivas provinciales” apropiándose de la “plusvalía” de quienes crean, trabajan y se esfuerzan, en beneficio de una clase parasitaria y explotadora alienada en su propia maquinaria de poder.

Este perverso sistema de explotación tampoco se soluciona con más impuestos.

Según nuestra Constitución Federal las Provincias preceden a la Nación y conservan todo el poder que no fue expresamente delegado por la misma (Const. Nac. Art. 121).

La rapacidad fiscal del poder central unitario, que hiere de muerte a nuestras Provincias y a sus habitantes sería imposible sin una larga cadena de complicidades y delegaciones anticonstitucionales.

Ahora bien, la calificación de “traición a la patria” que prescribe el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional alcanza, según la misma Constitución, no sólo a quienes formulen o firmen estas delegaciones, sino a quienes las “consientan” (aunque no las hayan formulado ni firmado).

Tolerar, continuar o preservar el actual estado de “avasallamiento fiscal” significa claramente “consentir”.

Compensar sus nefastas consecuencias con más impuestos significa “consentir”.

Los ciudadanos no podemos consentir.

Los Señores Gobernadores, los Señores Legisladores Provinciales, tampoco.

Nuestras potestadas federales devienen abstractas si no se ejercen los Derechos Económicos de Provincias que hoy están siendo “salteadas” como no ocurrió nunca en nuestra historia (siquiera durante el reinado de la Corona Española).

Por muchísimo menos se desataron en nuestro país en el siglo XIX sangrientas guerras entre federales y unitarios –que no hubieran imaginado en sus sueños más delirantes que un día se apropiarían del 75 % de lo recaudado en todo el país-.

No vale esgrimir el argumento del “mientras tanto” ni del “hasta tanto…”. Los impuestos son inflexibles a la baja e inmunes a todo intento de eliminación. “Mientras tanto y hasta tanto” se instauró el provisorio impuesto a los réditos en 1932 para no desaparecer nunca; el aumento del IVA del 13 % al 18%; el nuevo aumento del 18% al 21% más tarde; el impuesto al cheque en algún momento y las retenciones para financiar la guerra del Paraguay en el siglo XIX

Señor Gobernador:

O somos un país federal o somos un país unitario y feudal sometido eternamente a “alianzas de vasallaje” con el poder central

Las Gobernaciones no pueden trasladar a sus pueblos las consecuencias del latrocinio depredatorio de un grupo mesiánico que gobierna sin la menor consideración a la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y el Federalismo.

Las autoridades de Provincia (Estados preexistentes a la Nación que conservan todo el poder que “expresamente” no hayan delegado) no tienen opción: O están al frente de sus Provincia en la recuperación de su histórica y legítima autonomía federal o son cómplices del poder central unitario.

No alcanza con que el poder central se decida alguna vez a respetar la forma federal de Gobierno.

Es fundamental que los Gobiernos Provinciales lo ejerzan.


Contacto:
Dr. Gabriel Vénica(MBA) gvenica@uade.edu.ar
http://gabrielvenica.blogspot.com/


[1] Aumento de inmobiliario, de Ingresos Brutos, eliminación de exenciones, tasa vial, etc. etc.

[2] A pesar de haberse desprendido la Nación de infinidad de empresas públicas deficitarias y de haber absorbido las Provincias la mayoría de las escuelas y hospitales, antes manos de la Nación.

[3] En el caso de la Provincia de Santa Fe el daño causado por las retenciones es notable, no sólo porque la producción agropecuaria constituye gran parte de su PBI, sino por el impacto de este impuesto distorsivo y antitecnológico en la Industria Metalmecánica fabricante de maquinaria agrícola que tiene su epicentro en esta Provincia.

[4] Cuando se habla de “coparticipar” el 30% se evita aclarar que de este 30% coparticipable el 14% corresponde a la Nación. Con lo cual del total de retenciones sólo vuelven a las Provincias (cuando vuelven) el 16%.

LA AGONÍA ARGENTINA

por Diana Ferraro

Cuando las rectificaciones a un rumbo nacional que nos lleva a la bancarrota y a la disolución no están en el objetivo del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial pueden ser juzgados por el pueblo cuyos intereses representan como cómplices, si es que no actuasen con la severidad y energía que la situación nacional requiere. Tan responsables como el Poder Ejecutivo por el mal estado de la Nación y tan culpables como éste por lo que pudiera sobrevenir.

No basta con la actuación valiente y decidida de una jueza cuando otras dos quedan a mitad camino entre la solución total y la solución a medias. Tampoco es suficiente el juramento de las oposiciones unidas de actuar en conjunto para limitar al Poder Ejecutivo cuando de lo que se trata es de que el Poder Ejecutivo esté ejercido por personas honestas e idóneas, respetuosas además de las formas institucionales. Con el pretexto de que la oposición no puede tener, en su lucha contra el destructivo Poder Ejecutivo, los mismos malos modales institucionales, se somete a la Argentina y a los argentinos a la lenta agonía cuya hora final hacia finales de 2011 debería premiar el cristiano padecimiento con una resurrección institucional ya que no económica, porque para entonces es poco lo que quedará en pie.

¿Quién conduce esta sacrificada estrategia de la oposición? ¿Se trata de la generosa entrega republicana de líderes republicanos a ultranza o, una vez más, de pura especulación política? ¿Quién es hoy el enemigo de quién y quién el conveniente amigo del enemigo? Hay que volver a recordar la inteligente maniobra de los actuales ocupantes del Poder Ejecutivo, en enero de 2008, apenas ganado el segundo período presidencial, cuando decidieron ocupar también el partido político que habían despreciado por conservador y no izquierdista, un partido político del cual habían sido, además, echados por su fundador que les aclaró, en persona, aún vivo, que el peronismo no era socialista. En esa ocasión, ejecutaron un movimiento político que no sólo los beneficiaba sino que también extendía el beneficio a la oposición no peronista.

En efecto, con un Partido Justicialista ocupado por la izquierda, el peronismo real, no socialista y conservador, quedaría sin hogar, libre para engrosar las filas de otros partidos, mientras que el sello PJ, y el peronismo en general representados por una izquierda que volvía a decirse peronista, actuando y recordando lo peor del pasado, no dejarían de caer en la opinión pública, la cual, quizá y por fin, después de más de medio siglo de mayorías, abandonaría para siempre la ilusión peronista. Así, mientras la actual izquierda a cargo del PJ cumplía con su más modesto objetivo de bloquear a su enemigo letal de siempre, el peronismo real no socialista, era a la vez consentida en su propósito por todos aquellos opositores al peronismo real, siempre temerosos de su potencial electoral.

Esa pinza para la eliminación del peronismo real, cara a los antiguos oídos “gorilas”, ya de origen radical o liberal, y fundamentalmente útil para todas las social-democracias que aún se creen una solución fundante y duradera, podría ser, después de todo, nada más que la historia argentina siguiendo su curso y dejando atrás un movimiento significativo en su momento pero hoy acabado. Sin embargo, también podría ser lo que la realidad política argentina muestra que es: un mal cálculo político, pensando que la Argentina está sólo destruida por su escaso republicanismo, y no por el abandono de las políticas económicas liberales que la reintrodujeron en su camino de grandeza en los 90. El mal cálculo político que tolera que, por ejemplo, nadie reclame al Poder Judicial por su extraordinaria permisividad con la ocupación ilegal del PJ por los Kirchner. Ocupación a reafirmarse en las próximas semanas, por otra parte.

Así, la realidad política que está por debajo de la actual agonía argentina no es sólo la deshonestidad e incompetencia del actual Poder Ejecutivo, sino el intento de bloqueo al peronismo real, compartido por el Poder Ejecutivo, parte del peronismo retrógrado y diferentes fragmentos de la oposición.

Hoy, sin un liderazgo contundente, fraccionado entre las personalidades de Peronismo Federal y sus adherentes, este peronismo real no tiene hogar, no está listo para competir en una interna en el PJ, tampoco listo para armar un partido nacional que sustituya a éste, y no puede expresarse como lo que es hoy en su médula: la mayor avanzada creativa para reorganizar la Argentina como una auténtica democracia federal, republicana, capitalista, progresista, continentalista y globalista.

Este peronismo en total sintonía con el liberalismo más libertario y globalista no ha nacido de un repollo, sino de un proceso de reafirmación de valores iniciado por Menem y Cavallo en los 90 y reasegurado luego por la contraria, el total fracaso de quienes, desde fines de 2001, volvieron atrás el reloj de la historia argentina. Es este peronismo el que obviamente encarna la oposición más intransigente al Poder Ejecutivo, el que más presión hace para que el Poder Judicial intervenga y el que no puede tomar las riendas en el Poder Legislativo, siendo permanentemente frenado por aquellos que con el pretexto de la prudencia sólo contribuyen a una agonía funcional a sus intereses políticos. Aquellos para quienes el falso peronismo que gobierna, en su caída, arrastraría a todo el peronismo, de una y para siempre. En la agonía, es difícil advertir que la solución está, hoy como ayer, en el centro exacto de lo que muchos consideran “el mal”. Un peronismo en versión aggiornada, iluminado por aquellos mismos que supo en sus inicios combatir, en esa larga deglución histórica que los movimientos revolucionarios están obligados a hacer para resumir el total de la experiencia nacional.

Este peronismo real expresa las esperanzas profundas de una nación desorientada en sus preferencias políticas pero firme en sus deseos de vida organizada, de libertad y prosperidad. Su demora en llegar al poder será la demora de la Argentina en volver a ser lo que fue, no hace cien años, sino hace apenas diez. La agonía de la Argentina, es la suya, y mientras algunos lo matan, deseándolo bien muerto, otros lo reviven, boca a boca, entendiendo que su suerte es, también, la de la Argentina.

23 ene. 2010

PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

por Jorge Raventos

Fábula de genios
y mortales


“es un genio al odiar
es lo suficientemente genial
al odiar como para matarte, como para matar
a cualquiera (…)
intentará destruir
cualquier cosa
que difiera
de lo suyo”.

Charles Bukowski, Genio de la multitud


Las últimas semanas han colmado de stress al matrimonio presidencial. Trascienden menos las melancolías de Néstor Kirchner porque ha decidido amurallarse en Olivos y salir poco al descampado, aunque se sabe por ocasionales contertulios que tiene tendencia a alterarse con más velocidad que la habitual y hasta se comentan algunos altercados con su esposa, la Presidente. Provocados, por supuesto, por las desdichas de la gestión.

Ella es la que más exhibe la exasperada mortificación que le provocan las últimas frustraciones. Como a su marido, le cuesta asimilar las crecientes resistencias que la realidad opone ahora a sus designios: por caso, la saca de quicio no haber logrado en más de cuarenta días que se obedezca su decreto “de necesidad y urgencia” destinado a tomar el control sobre los (en principio) 6.500 millones de dólares del Fondo del Bicentenario. También a su marido, pero a diferencia de él, ella es la que exhibe el rostro desencajado, la voz altiva y la crispación de los gestos ante cámaras y micrófonos; ella la que se expone en los escenarios, aunque lo haga siempre rodeada por un elenco más o menos estable de asistentes incondicionales. No obstante, por más devoto que sea el público, hasta los vítores y los aplausos pueden suscitar momentos sombríos cuando el protagonista tiene propensión al vacío.

Ocurrió la última semana, en la Biblioteca Nacional, durante un acto. Algún fiel, con ánimo lisonjero le gritó: “¡Genia!”. Y la señora vaciló. Hay que conocerla: doce años atrás, cuando todavía le concedía entrevistas al diario La Nación, la dama confesó que había soñado con ser cantante lírica y que el piropo que más le llegaba era: “¡Qué inteligente es!”. Resulta comprensible que aquel “¡genia!” de su adicto de la Biblioteca la abrumara amablemente: se tomó dos o tres segundos antes de levantar un reparo, que reiteró tres veces, como para reforzar su convicción: “Soy mortal, soy mortal, soy mortal”… Y como para dar una prueba agregó una frase reveladora y fatal: “Si fuera un genio, haría desaparecer a algunos”.

Un ratito más tarde, la señora corrigió el concepto. “No haría desaparecer a nadie”, aclaró. ¿Qué duda cabe? Muchísima gente dice “te mataría” y no por ello se convierte en un asesino real.

La revelación oratoria de la presidente no se refiere a lo que pueda hacer en la realidad, sino más bien al curso de sus fantasías, a los mecanismos de compensación psicológica que la consuelan por el hecho de que ya el gobierno ha perdido la capacidad de que hacía gala hasta hace algunos meses de transformar sus deseos o sus decisiones en hechos. No sabe ya qué ocurrirá con la pretendida apropiación por el Ejecutivo de miles de millones de las reservas del Banco Central, frenada ya en dos instancias por la Justicia, no sabe qué ocurrirá con la renegociación de la deuda defaulteada que le prometió su ministro de Economía, no sabe cómo cubrirá los gastos que preveía.

En virtud de aquellas fantasías a veces desbocadas o de los embelecos conspirativos fraguados en Olivos, la señora de Kirchner decidió esta semana comunicarle a las autoridades chinas que no podía cumplir con una visita de estado programada por más de un año junto con la República Popular –la segunda potencia del mundo, el principal cliente de Argentina. Alegó públicamente que no se atrevía a dejar el Poder Ejecutivo en manos del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, que no llegó a ese puesto (ni, seguramente, lo abandonará por obra de genio alguno) sino porque el matrimonio Kirchner lo eligió como número dos de su boleta electoral y cosechó, en definitiva, la misma cantidad de votos que la hoy presidente.

La coartada para no viajar a China resulta muy poco sustentable. En rigor, cualquier excusa es irrelevante: lo decisivo son los hechos.

El gobierno volvió a demostrar que subordina absolutamente la política exterior y la inserción de Argentina en el mundo a la política doméstica. Se trata de otra asignatura en la que el matrimonio presidencial se distancia de Juan Perón. Este recordaba que la política doméstica es un asunto de segundo orden, “una cosa casi de provincias”, frente a la importancia de “la política internacional, que se juega adentro o afuera de los estados”.

El otro hecho: la presidente admitía ante el mundo la debilidad en la que se siente, tan grande que ni siquiera puede dejar su país por una visita de la importancia que revestía el viaje a China. El gobierno dice una cosa con las palabras y otra distinta con su práctica.

“Nunca estuvo en riesgo la gobernabilidad ni lo estará, por una razón sencilla: estoy gobernando”, había sostenido la señora de Kirchner el martes 19, en conferencia de prensa. Simultáneamente renunciaba a cumplir los compromisos diplomáticos establecidos por su gobierno para el viaje a Beijing, se confesaba inquieta por la conducta institucional de su vicepresidente y no conseguía echar por decreto a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central ni dotar al Fondo del Bicentenario de “efectividades conducentes”.

Si la señora de Kirchner se siente impulsada a desmentir problemas de gobernabilidad es porque su gobierno erosiona crecientemente su autoridad al pretender imponer actos ilegales, o al transitar procedimientos irregulares. Fundamentalmente, ella desgasta su gobierno al dar muestras de que no comprende un hecho político básico: lo que ella (y antes, su marido) podían hacer con poco o ningún inconveniente ya se vuelve arduo o imposible, porque han perdido poder y legitimidad (lo que quedó sancionado por el comicio del 28 de junio y por la intención del propio gobierno de ignorar ese pronunciamiento). Sin autoridad y sin poder para tomar decisiones per se, sin voluntad de cohabitar razonablemente con los otros poderes del Estado, el gobierno K se llena de chichones al chocar con los límites que ya no puede transgredir como antes.

Hasta cuando retrocede para subsanar transgresiones legales anteriores, el gobierno sigue chocando y provocándose daños. Al registrar que su intención de echar a los panzazos a Martín Redrado no se concretaba, la señora de Kirchner decidió someterse al “consejo” del Congreso que le impone la Ley.

Se trató de una evidentísima marcha atrás. Pero la señora quiso vestir la reversa con tonos de ofensiva, de modo que su vociferante jefe de gabinete (amenazado de juicio político) se dirigió a la Cámara de Diputados pidiéndole a su presidente que convocara de manera “urgente” a las comisiones que deben actuar, insistió en la vigencia del decreto firmado por la presidente y se refirió a Redrado como “quien persiste en permanecer en un cargo del que ha sido removido”.

Por su parte, la señora de Kirchner le enviaba una nota a Julio Cobos para que convocara a la comisión especial para el martes a las 10, atropellando en los detalles las atribuciones del vicepresidente. Aníbal Fernández agregaría unos puntos a su estilo dialoguista al decir que “Redrado no entra más al Central”. Sólo falta que se sume Guillermo Moreno y le haga al presidente del Central o a Julio Cobos el gesto del degüello (filo interior de la mano derecha deslizándose sobre la yugular) que en su momento le dedicó a Martín Lousteau, mientras aún eran ambos colegas de gabinete.

Si bien se mira, para que el paso atrás de la señora de Kirchner se encuadre en la ley, lo primero que debería hacer es derogar el decreto 18 de 2010 (firmado junto a todos los ministros en la primera reunión de gabinete de la familia de Kirchner en más de seis años) por el que se pretendió echar sin más al presidente del Banco Central.

La Ley Orgánica del Banco Central establece con claridad meridiana que “la remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación.” Indiscutible el decreto debe ser posterior al consejo del Congreso. El DNU de la presidente es legalmente inválido.

Por otra parte, el propio texto de ese DNU, pensado para eludir al Congreso, es contradictorio con el tratamiento legislativo, ya que establece en su artículo 2: “Exceptúase de la aplicación del segundo párrafo del artículo 9º de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por la Ley Nº 24.144 la remoción dispuesta en artículo 1º del presente”. Es decir la Presidente pretendió anular una ley por decreto, precisamente en el fragmento que establece la participación del Congreso. Esa participación que ahora solicita.

El gobierno actúa como un autito chocador tanto en las marchas como en las contramarchas. Y, como los autitos chocadores, maniobra en un sentido o en otro, pero no va a ningún lado.

La nueva relación de fuerzas que las elecciones impusieron en el Congreso y la creciente autonomía del Poder Judicial (el siempre ocurrente Jefe de Gabinete lo llama Partido Judicial) están marcando los límites de la pista.

Los autitos chocadores son una experiencia lúdica del principio de acción y reacción. El poder también responde a leyes físicas y no hay genio que las haga desaparecer.

18 ene. 2010

EL CAPITAL DEL PUEBLO

por Diana Ferraro

En 1991, a partir de la ley de convertibilidad, los argentinos comenzamos a recibir en forma masiva nuestra primera lección de economía práctica referida al eterno problema de la inflación local. Aprendimos que con un banco central independiente que manejara una moneda permanentemente respaldada por reservas en una moneda firme, era suficiente para mantener la estabilidad en los precios, eliminando no sólo los riesgos de hiperinflación sino la inflación misma. Por diez años vivimos dentro de esa regla y dentro de esa realidad (y no ilusión, como a muchos ignorantes aún les sigue gustando definir ese período por demás riguroso y realista en lo que a moneda estable se refiere). El problema argentino vino por el exceso de gasto en las provincias –en particular la Provincia de Buenos Aires—y el consiguiente endeudamiento de las provincias que, por una falta de auténtico federalismo, cayó sobre las espaldas de la Nación, propiciando así la debacle de fines de 2001. Aún estamos pagando los costos de esta debacle por las malas soluciones que aplicaron el duhaldismo primero y el kirchnerismo después, recurriendo no sólo a la devaluación de la moneda sino al desconocimiento de los derechos de propiedad al pesificar títulos y contratos en dólares.

Las discusiones de estos días en relación al Banco Central, al rol del presidente de esta institución, a las facultades del Poder Ejecutivo, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, vuelven a poner sobre el tapete el tema del respeto al valor real de la moneda nacional y a cómo el Presupuesto Nacional puede y debe manejarse en relación a este valor.

Las provincias, con el vanguardista Gobernador de San Luis a la cabeza, han comenzado a tomar posición en el tema y a ir a fondo en el análisis de los motivos reales de la debacle del 2001: si las provincias estuvieran bajo un auténtico régimen federal, recaudando sus propios impuestos, sólo podrían endeudarse en relación a su propia capacidad de pago y, si quebrasen por algún motivo, no arrastrarían con ellas a la nación ni a la moneda.

Todo esto viene a cuento de qué significa en realidad el capital del pueblo y cómo debe acompañárselo desde el Estado, un tema que se soslaya en la eterna discusión ideológica que quiere oponer estatismo y capitalismo, y en la cual el capitalismo juega el rol del angurriento villano que succiona el dinero para beneficiar a unos pocos dueños, y el estatismo como el benefactor dispuesto a repartir el dinero público y privado entre todos, en especial los más pobres.

Lo primero que hay que comprender es que el Estado no tiene un capital propio, per se. No se trata de una compañía pública con bienes propios, ni muebles ni inmuebles, sino que es ante todo una unidad de gestión de bienes públicos y de capital público. Es decir, el Estado no es dueño de los bienes públicos y mucho menos son sus dueños los representantes del pueblo elegidos para gestionarlos. Por otra parte, por un retraso en la redacción definitiva de lo que se sigue mal llamando coparticipación federal en la Constitución, el Estado Nacional aparece como administrador de bienes públicos que, por razones de forma constitucional federal y de pragmatismo en la gestión, deberían ser administrados por las provincias.

Esta reconceptualización del dinero público, donde a los bienes muebles de propiedad pública se suman las reservas y el total de la moneda circulante, es importante para que el público, el pueblo, único dueño del total de bienes públicos muebles e inmuebles, se adueñe simbólicamente de lo que es suyo y no permita más su desorganización y/o mal uso. Que esta desorganización sea ejecutada por un Poder Ejecutivo ignorante o, más frecuentemente, usurpador de ese dinero público en su propio beneficio o en el de sus amigos, o por un Congreso ignorante, comprado o poco eficiente, o por una Corte Suprema acomodaticia (como en el vergonzoso caso de la pesificación , que debería haber recibido una ejemplificadora condena de sus ejecutores), poco importa. Lo importante es completar el recorrido intelectual que este pueblo viene haciendo a la hora de reconocer que los impuestos sobre sus bienes individuales, los impuestos sobre cada producto comprado (a través del IVA universal, por el cual paga 21% sobre cada cosa que compra, desde una planta de lechuga hasta un electrodoméstico) y los impuestos sobre su trabajo o ganancias, no son propiedad de Estado, una vez recaudados, sino que continúan siendo su propiedad y que constituyen su aporte individual a las necesidades compartidas con toda la comunidad.

La pregunta del pueblo debe ser entonces: ¿qué es entonces lo que la comunidad precisa de verdad y cómo va a usarse ese, su, capital remitido al Estado en forma directa o indirecta bajo la forma de impuestos?

Lo primero que la comunidad precisa es estabilidad en su moneda, es decir, respeto absoluto por ésta y por las reservas que la respaldan. Dentro de este respeto se incluye el respeto a las leyes, que es lo que da la seguridad jurídica necesaria para la inversión y el crecimiento, y también la creación de nuevas leyes que perfeccionen el sistema de gestión del dinero público, por ejemplo, todas las leyes que avancen un federalismo impositivo real.
Lo segundo que la comunidad precisa es inversión comunitaria útil, y, en este sentido, hay un gran vacío en la decisión de estas inversiones por la falencia en la representatividad en el Congreso, debido a listas sábanas que no expresan distritos en sus matices más auténticos sino sectores políticos, ideología en general, y no necesidades concretas de la población. Una buena muestra de cómo también esto se ha abierto un espacio en la conciencia colectiva es la incorporación en las recientes elecciones de los diputados “del campo”, a raíz de la situación crítica en que el Ejecutivo colocó al sector durante los años 2008 y 2009.

La discusión acerca de qué es útil y qué no es útil no es otra que la discusión acerca de la asignación de recursos en el presupuesto nacional que debería llevarse en el Congreso acompañada por un gran debate público. En el caso de las mayorías automáticas que hemos vivido bajo el kirchnerismo, sin una real oposición, el público ha ignorado el contenido de este presupuesto, porque la prensa lo ha ignorado, y porque muchos dirigentes de la oposición prefieren todavía discutir generalidades ideológicas en vez de los temas concretos de en qué se gasta cada peso. Si ellos no piensan, el último responsable es el propio pueblo, que aún no se ha fijado en el presupuesto para ver en qué gastan su dinero. El capital del pueblo tiene su expresión en el presupuesto y el pueblo puede controlar y decidir el gasto a través de sus representantes pero también a través del debate público y abierto.

Hay cosas que el pueblo ignora, porque la prensa, que debería ser su guía en estos temas a veces un poco técnicos, es también bastante haragana a la hora de hacer docencia y también porque hay muy, pero muy pocos dirigentes que comprendan este tema del capital del pueblo. El radicalismo es estatista por vocación y por inercia. El peronismo, en cambio, ha sido estatista por dogma y quizá ya es hora de que todos aquellos dirigentes que no supieron dar el salto con Menem y con Cavallo, lo den ahora, no sólo por el bien y continuidad del peronismo, sino por el bien del pueblo, en especial de aquel más humilde, aquel con poco capital o ninguno, sólo dueño del potencial capital de su trabajo, cuando lo tiene.

Para que el pueblo pueda defender su pequeño o gran capital, o acceder a algún capital por medio de su trabajo, precisa no sólo la estabilidad de la moneda, leyes federales y control público del presupuesto, sino estar seguro de que cada partida atribuida a cada sector o institución comunitaria se administre bien y en beneficio del total de la comunidad. Y aquí viene el otro gran secreto de la eficiente administración del capital del pueblo: la descentralización. Así como se sacará mayor provecho y se minimizarán los riesgos con una recolección y distribución federal de los impuestos, se aumentará la eficiencia con una descentralización en la gestión.

Cada unidad de servicio comunitario debe manejar sus propios recursos: se trate de una comisaría, una escuela, un hospital o un teatro. Si el capital de esa institución es público, su gestión, en cambio, debe ser tan eficiente como la gestión de las instituciones de capital privado y estar capacitada para recibir no sólo capital público sino donaciones individuales que pudieran reforzar su mejor funcionamiento, allí donde la comunidad decidiera hacer una inversión personalizada. Esta gestión debe tener también, al igual que el presupuesto nacional, un control del público para aventar no sólo la mala gestión sino la corrupción. Es difícil controlar a un Estado centralizado que actúa sin control público sobre la totalidad de las instituciones de capital público; es sencillo, sin embargo, controlar cada institución en particular si la gestión está descentralizada en un 100% y supervisada por sus propios usuarios. La dirigencia peronista debería, desde ahora y mucho antes de embarcarse en las propuestas electorales, considerar esta nueva estructura de servicio al capital del pueblo, ese que está en el origen mismo de la preocupación peronista.

¿Qué diría el General Perón de todo esto? Que los instrumentos para servir al pueblo cambian y que el objetivo no son los instrumentos, sino el pueblo. Nadie como él defendió y respetó los derechos de los trabajadores. Hoy, en una economía globalizada por fuerza de la historia y no de la ideología, los trabajadores desean en primer lugar, seguir siendo trabajadores, es decir, tener un trabajo real y no obtener una magra derivación vía subsidio del capital de los que trabajan. Ya saben, ya han aprendido duramente, que sin inversión no hay trabajo y que no hay inversión donde no hay moneda ni leyes. Todavía no se animan a pensar del todo lo que sí sienten, que ese dinero que ceden al Estado bajo la forma de impuestos, es de ellos y que, de algún modo, la decisión sobre su uso le pertenece. No saben cómo hacerse oír: a los dirigentes les toca escucharlos y dar una respuesta clara acerca de qué piensan hacer con el dinero público si son elegidos para administrarlo.

A esos restos rezagados de la izquierda que aún anidan en el peronismo y en el alma de muchos nobles y románticos artistas, para que no desesperen y continúen llorando el socialismo de antaño, es bueno recordarles que un sistema capitalista abarca también la posibilidad de la organización privada en cooperativas, en organizaciones sin fines de lucro que pueden funcionar, también, con capital público si el pueblo así lo decide, atendiendo a su propio interés a veces no material sino espiritual. Para éstos, el concepto de capital del pueblo puede resultar una muy adecuada alternativa a la hora de pensar en las necesidades artísticas y culturales de la comunidad (pensamos en escuelas de arte con fondos insuficientes; en instituciones como teatros en franco descuido, etc) resaltando siempre el concepto de descentralización e introduciendo, allí donde fuera pertinente, la organización cooperativa y el aporte simultáneo de contribuyentes privados.

16 ene. 2010

PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

por Jorge Raventos

El poder y la impotencia

Nueve días atrás, apenas iniciado el intermezzo que protagonizan el Poder Ejecutivo y Martín Redrado, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sugirió que lo que estaba en discusión en ese tironeo era quién tomaba las decisiones en la Argentina, quién gobernaba. Bien: la respuesta que dejan estos diez días es una ironía del kirchnerismo: las decisiones las toman varios, pero cada vez es menos claro quién gobierna, porque esas decisiones las obedecen pocos; el poder que el gobierno se esfuerza en concentrar, parece evaporarse.

Aquel mismo día de Reyes, en un paréntesis de sus reflexiones públicas sobre el poder, Aníbal Fernández anunció al país que Martín Redrado ya no era presidente del Banco Central y aseguró que ya había sido designado su reemplazante: Mario Blejer. Puede constatarse que ni una ni otra cosa se ha cumplido. Es más: todavía no se han concretado los objetivos de los últimos dos decretos (“de necesidad y urgencia”) de la Presidente. El Fondo del Bicentenario no tiene fondos y Martín Redrado sigue como Presidente del Banco Central. Reflejo del vaciamiento del poder: Redrado es legalmente número uno del Central, pero aunque ocupe ese despacho, no lo gobierna, ya que su directorio se lo impide. A la vez, el directorio, que en su rebeldía muestra obediencia a Olivos, tampoco ha conseguido que su orden principal –traspasar 6.500 millones de dólares del Central al Poder Ejecutivo- se efectivizara, porque la disposición fue resistida por la línea profesional del Banco.

La lógica hipercentralista del kirchnerismo, obsesionada por concentrar poder, termina diluyéndolo.

Tanto el propio, como el de las instituciones que toca. Y, por cierto, el poder de la Argentina.

El embargo de reservas del Banco Central depositadas en el banco de la Reserva Federal de Nueva York, por disposición de un juez de los Estados Unidos representa, sin duda, un golpe durísimo contra nuestro país.

Señala Pascual Albanese en un análisis reciente y a la vista de ese embargo : “pese a participar formalmente del Grupo de los 20, esta acentuación de su estado de marginamiento de la comunidad financiera internacional hace que la Argentina padezca hoy la situación de aislamiento externo más grave de su historia desde la guerra de Malvinas en 1982”.

Ese embargo –provisoriamente levantado el viernes por el juez Thomas Griessa, mientras prepara una definición de fondo – era previsible. En primer lugar por el natural activismo de los bonistas insatisfechos: la deuda incumplida con aquellos que no aceptaron el canje del año 2005 dejó al país (aunque el gobierno mirara todos estos años para otro lado) en un default que se ubica, por su monto, en tercer lugar en el mundo, después del ruso de fines de los años 90 y del que nuestro país declaró en 2001.

El Banco Central ha contado para la protección de sus reservas frente a la amenaza de embargos con la ostentación de su autonomía, que le permite diferenciar sus cuentas de las del Estado, que es el suscriptor de la deuda pendiente de pago.

Fue este argumento el que estalló con la firma del decreto (“de necesidad y urgencia”) de la señora de Kirchner tanto como de la abundante argumentación suministrada en su defensa por el jefe de gabinete, el ministro de Economía Amado Boudou y su viceministro, Roberto Feletti. No es sorprendente que los llamados “fondos buitres” aportaran al juez Griessa esos testimonios (decreto, declaraciones) como prueba de que el argumento de la autonomía del Banco Central no era más que una excusa, una careta: la Presidente decidía tomar de esos fondos con un úkase y Economía admitía que con ellos pensaba afrontar gasto corriente, aunque la primera coartada del Fondo del Bicentenario fuera garantizar el pago de deuda del año en curso.

El embargo de Griessa venía a darle la razón a los reparos que esgrimía Redrado ante el traspaso de dólaresque le reclamaba la Presidente, objeciones que habían sido expuestas ya en diciembre por muchos economistas y por varios opositores.

El fracaso de la estrategia y los modales del Ejecutivo quedaron descarnadamente expuestos en varios planos:

· Sus movimientos han incrementado las vulnerabilidades del país.

· Su pretensión de hacer caja, una vez más, manoteando fondos ajenos para garantizarse la continuidad del disciplinamiento de las jefaturas políticas territoriales chocó con un obstáculo muy resistente. Sin los dólares del Banco Central el gobierno deberá afinar el lápiz, reducir gastos, incumplir promesas políticas.

·Se posponen sine die las conversaciones destinadas a reestructurar la deuda, que entusiasmaban a Boudou y a los bancos intermediarios. De un lado, la atmósfera de arbitrariedad creada por la pretensión de quedarse con los fondos del Central parecía un elemento disuasivo. A eso se ha sumado la reticencia de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que objeta la información provista, en particular la elaboración estadística del INDEC.

· La pretensión de imponer sus decisiones a otros poderes e instituciones se topó ahora con una resistencia que, para el oficialismo (que no ha elaborado aún la magnitud de las derrotas que ha sufrido desde su pelea contra el campo hasta las elecciones de junio), resultó inesperada: resistió Redrado, actuó con independencia la Justicia, se movilizó el Legislativo para reclamar que los decretos presidenciales sean examinados por el Congreso (en rigor,la única “necesidad y urgencia” de esos decretos de la señora de Kirchner reside en su pretensión de eludir el escrutinio de Cámaras donde el kirchnerismo ya no cuenta con las mayorías automáticas de que dispuso hasta el fin de las sesiones ordinarias).

El gobierno se ha pialado en su propio lazo. Acostumbrado a confundir gobierno con mando centralizado y a arrinconar a quienes define como adversarios, su debilidad política queda al desnudo cuando manda y no consigue ser obedecido; cuando fracasa en el logro de sus objetivos. Al transformar cada situación en una pulseada de poder, convierte cada derrota en un desafío a la gobernabilidad.

Con aquella lógica el matrimonio presidencial rechaza los gestos con que sectores de la oposición aspiran a darles una salida elegante. Es que esa salida implicaría someter al Congreso el problema del Fondo del Bicentenario y el Ejecutivo se encierra en su concepción, según la cual puede gobernar tres meses por año por decreto, sin consultar al Poder Legislativo.

Aunque ya hay muchos oficialistas que cuestionan discretamente el rumbo definido desde Olivos y visualizan un acuerdo legislativo como el único camino para atravesar la crisis institucional generada, la resistencia a esa vía se encuentra en la cúspide del kirchnerismo. Los Kirchner asumen ese procedimiento como un insoportable recorte de su mando y, tal como ocurriera frente al campo durante 2008, rechazan los llamados al diálogo.

Sin una salida a la vista que se elabore en el campo político, la tendencia es que el conflicto se judicialice.

La prolongación de la crisis, que se manifiesta en distintas interpretaciones de la Constitución requeriría, así, alguna participación de la Corte Suprema. Con comprensible reticencia, los altísimos magistrados se resisten a cumplir ese papel. Quizás esa gambeta permita eludir otro conflicto de poderes: si actuara –como muchos constitucionales suponen- de modo de confirmar los límites al Poder Ejecutivo, probablemente caería, la Corte también, bajo el cargo de “conspiración” que los Kirchner reservan para explicarse y explicar las dificultades que atraviesan. Ya han incluido en esa conjura ( la “conspiración permanente” de la “máquina de impedir”) al vicepresidente Julio Cobos, a Redrado, a la mayoría de la oposición, a jueces argentinos y extranjeros (Thomas Griessa, ese “embargador serial”, según Boudou),al Grupo Clarín como expresión de los medios de comunicación;antes de ellos, el enviado de Barack Obama, el campo…

“La Presidenta tiene una desconexión con la realidad”, diagnosticó esta semana el moderado Roberto Lavagna. El relato de la conspiración es, más bien, una manifestación de agotamiento ante una realidad que se resiste a los caprichos, una realidad a la que no se puede ya gobernar a los panzazos.

La ilusión de un poder sin contención de las instituciones, superconcentrado se desliza, así, hacia la impotencia. La realidad se observa como un peligro. Esa amenaza se llama ingobernabilidad.

Señala Pascual Albanese en el trabajo que mencionamos antes: “En la Argentina, como ocurre en otros países latinoamericanos frágiles institucionalmente, el término juicio político, más que a un mecanismo constitucional específico, remite a un procedimiento de relevo presidencial impulsado en una situación de extrema conmoción interna y legitimado por la opinión pública, el Congreso y el Poder Judicial. En este contexto tienen que interpretarse las señales de negociación emitidas por la oposición política, especialmente por el radicalismo, para frenar una escalada de confrontación que derive en una crisis institucional desatada por un serio conflicto de poderes. Como ocurrió varias veces en el 2008 durante el transcurso del conflicto agropecuario, cuando la Mesa de Enlace buscaba afanosamente una vía de acuerdo con el gobierno, la respuesta está en manos de Kirchner”.

9 ene. 2010

PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

por Jorge Raventos

¿Qué fin tienen la tensión y la división?


Como ha ocurrido en otras oportunidades, fue Néstor Kirchner el que desencadenó una crisis en el gobierno que formalmente encabeza su mujer. El despido o reclamo de renuncia del presidente del Banco Central (más tarde burdamente maquillado de “aceptación” de una renuncia que Redrado habría presentado en fecha incierta y después “perfeccionado” con un despido por decreto de necesidad y urgencia) constituyó la clásica modalidad kirchnerista del panzazo y la atropellada irregular para conseguir algo que quizás podría haber obtenido con modos más corteses.

En rigor, la brusquedad había comenzado el 14 de diciembre, apenas unos días después del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina Kirchner anunció por Cadena Nacional la creación del llamado Fondo del Bicentenario, un manotazo del Ejecutivo a las reservas del Banco Central que en principio sería de 6.569 millones de dólares, aunque más tarde, cuando se conoció el Decreto de Necesidad y Urgencia con que el gobierno formalizó la idea, pudo verse que esa cifra no constituía un límite.

El gobierno alegó que el manotazo a las reservas se justificaba para dar a los acreedores señales de seguridad jurídica y solvencia, ya que el fondo –se alegaba-se destinaría a garantizar los vencimientos de la deuda del año en curso.

La provincia de San Luis reaccionó velozmente y se presentó ante la Corte Suprema para discutir el decreto y la creación del Fondo del Bicentenario. No hay necesidad ni urgencia que justifiquen ese decreto: los vencimientos ya estaban contemplados en el presupuesto que aprobó el Congreso (en el momento en que el oficialismo aún contaba con mayoría automática en las Cámaras) y por otra parte, el primer vencimiento importante recién ocurre en agosto. Las reservas –alegó San Luis- están para respaldar la moneda nacional, es decir el trabajo, las inversiones y los patrimonios de los habitantes de la nación.

El planteo de la provincia de San Luis fue rápidamente acogido por la Corte Suprema, signo de la solidez del planteo. La Corte le dio al gobierno diez días para fundamentar la medida, a partir de lo cual el Tribunal daría su posición.
La primera conclusión que rápidamente extrajeron los observadores acerca del Fondo del Bicentenario fue que, con la excusa de honrar los compromisos con los acreedores, el Ejecutivo estaba expropiando fondos del Central para financiar gasto, subsidios y acción política en la última etapa del gobierno, con la mirada puesta en las presidenciales de 2011. Los (en principio) 6569 millones de dólares –unos 25.000 millones de pesos- resultan un botín más que atractivo para gente tan gastadora como los Kirchner. Especialmente en tiempos de su desesperado descenso.

A la sombra alzada por la Corte Suprema sobre el decreto se sumó, a ojos de la familia gobernante, lo que observaron como una resistencia del Banco Central, que demoraba el ansiado traspaso de los fondos. Redrado y un buen número de directores del BCRA no estaban en principio dispuestos a cumplir como mandaderos el vidrioso decreto de necesidad y urgencia de CFK. Para esas autoridades del BCRA el cumplimiento de ese decreto chocaba, en principio con sus responsabilidades y obligaciones específicas establecidas en una ley de la Nación (la que estableció la Carta Orgánica del Banco) y merecía filtrarse a través de diversas consultas de orden jurídico. Particularmente cuando la misma Corte Suprema se abocó al tema por un recurso de la provincia de San Luis. El Banco Central no podía transferir fondos al Ejecutivo sin contar con el respaldo del Congreso; la disposición por decreto estaba en principio observada por la Corte Suprema y resultaba evidente que el Poder Ejecutivo había intentado eludir la opinión de las Cámaras, lanzando el decreto apenas unos días después del cierre de sesiones legislativas y omitiendo además una convocatoria a sesiones extraordinarias.

A esos reparos –que incluían las eventuales responsabilidades jurídicas que podían caberle al directorio del BCRA si actuaba como reclamaba la Casa Rosada- se sumó otro muy significativo: si el Central admitía el manotazo del Ejecutivo, se desvanecía su autonomía y con ella la muralla que permitió hasta el momento defender las reservas del acoso de los llamados “fondos buitres” ante tribunales esternos, como por caso el que preside en la ciudad de Nueva York el juez Thomas Griessa.
El ministro de Economía, Amado Boudou, no tuvo mucho problema en convencer a Néstor Kirchner de que había que actuar expeditivamente para evitar que los obstáculos que se insinuaban se consolidara e impidieran el traspaso de las reservas del Banco Central a una cuenta del ministerio de Economía. Néstor Kirchner hace un culto de lo expeditivo y lo irritan los límites, los reparos, las lógicas que discuten sus objetivos y sus procedimientos.

Boudou argumentó que la semana que comienza el lunes 11 de enero debía iniciar una gira para interesar a los tenedores de bonos en el canje de la deuda: para entonces debía estar consumado el Fondo del Bicentenario.

Cristina Kirchner inició, así su ofensiva sobre Redrado, la que empezó con el pedido de renuncia. Olivos bien podría haber intentado otros caminos: por ejemplo, la vía de la discusión del tema en el directorio del Banco Central. Allí los Kirchner cuentan con varios incondicionales –no menos de cuatro- entre los nueve miembros del organismo y podían adquirir otros apoyos, como más tarde se verificaría. No hubiera sido una idea ineficaz empezar una presión sobre Redrado por líneas interiores, especialmente considerando que el Presidente del BCRA sólo cuenta en el directorio con dos miembros sugeridos por él, Zenón Biagosch y Carlos Pérez.

En lugar de buscar una solución de ese tipo, Néstor Kirchner optó por la vía dura, que revela su incomprensión o su desprecio del sistema institucional, y su no admisión de las estructuras autónomas.

Kirchner se impacientó por las tribulaciones jurídicas y técnicas y por los reparos del Banco Central y decidió cortar por lo sano. Con la ayuda de alguno de los banqueros del capitalismo de amigos se adelantó a ofrecerle al reconocido Mario Blejer el puesto que Redrado todavía ocupaba. Blejer no se negó al principio, pero retrocedió precipitadamente cuando se dio cuenta del escándalo suscitado por el estilo K y la situación a la que corría el riesgo de someterse. Blejer no asumiría con trapos sucios a la vista.

La (para Olivos) inesperada resistencia de Redrado a la solicitud de renuncia suscitó una situación crítica para la que el comando de Kirchner no tenía respuestas pensadas. La señora de Kirchner tenía planeado viajar a Calafate en la noche del miércoles. Tuvo que postergar el traslado. Ese día y los siguientes, a medida que crecía el rechazo a los métodos oficiales, se la vio irritable, enojada e inusualmente descuidada en su estética.

El gobierno intento durante algunas horas una política de presiones y amenazas solapadas con las que no consiguió abatir la actitud de Redrado. Ni siquiera lo logró cuando llamó a la cancha a la crema de los banqueros privados, que a través de un comunicado de ADEBA le pidieron a Redrado que presentara la renuncia.

A esa altura, el gobierno podía exhibirse rodeado por los banqueros, por la parte de su tropa parlamentaria que no está de vacaciones, por Luis D’Elía y algunos jefes piqueteros y por Hugo Moyano y su sector de la CGT. Del lado opuesto, peronistas disidentes, radicales, miembros de la Coalición Cívica y el Pro y hasta sectores de la izquierda salían en defensa, más que de la figura personal de Redrado, del valor principal que su resistencia representaba: la autonomía del Banco Central y la necesidad de defender con firmeza el camino de la ley.

El gobierno avanzó y pretendio deponer a Redrado con un decreto (los voceros oficiales, ignorando las normas, siempre sostuvieron la idea de que el Presidente del Central debe obedecer a la presidencia de la República “que es la que lo puso”, así como consideraron que era el gobierno y no el Banco Central el que debía disponer de “las reservas que juntó la política presidencial”). Por unas horas –el tiempo que tardó la Justicia en conceder un amparo y reponer a Redrado en su puesto- el gobierno consiguió imponer un presidente provisorio. Ese funcionario, con el respaldo de los miembros kirchneristas del directorio decidió (en una reunión informal y en varios sentidos facciosa que se abriera una cuenta en el Ministerio de Economía para depositar el monto de las reservas asignados al Fondo del Bicentenario.

La decisión de la jueza María José Sarmiento, que devolvió a Redrado a su cargo, también bloqueó el traspaso de fondos del Central al Ejecutivo hasta tanto haya una resolución de sustancia sobre la cuestión (algo que quedará en manos de la Corte Suprema). Esa decisión no podía sino irritar al estilo K., por más que el gobierno descontara que su apelación ante la Cámara contencioso-administrativa le resultaría favorable pues –como señaló el diario La Nación- “es probable que la influencia que ejercen los operadores políticos del Gobierno sobre los jueces que integran la Cámara opere a favor de la posición oficial”. En cualquier caso, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, no se privó de considerar “ridícula” la disposición judicial, el ministro de Interior aventuró que la jueza deconocía la Constitución y el sábado, en Santa Teresita, Néstor Kirchner, dijo que la doctora Sarmienta “es una vergüenza” y exhortó a que “ los poderes internos de la Justicia hagan lo que corresponde por su actitud”.

El mismo sábado, la magistrada citó a la prensa para declarar que se sentía presionada: "Jamás he visto un procedimiento así. Hay un móvil policial en la puerta de mi casa y yo nunca pedí custodia" dijo la jueza. “Acudo a la prensa para que se sepa; tengo 30 años en la Justicia y jamás había visto un procedimiento así, ignoro a qué se debe esta actitud", agregó.
La tendencia del oficialismo a tensar las situaciones al máximo y avanzar sobre los límites institucionales sin reparar en las consecuencias en términos de conflicto y división interna parece haber llegado en esta ocasión a un punto sensible.

Dirigentes políticos y eminentes constitucionalistas nombraron esta vez dos palabras que hasta el momento, por responsabilidad o por prudencia, muchos han estado evitando: “juicio político”. El prestigioso jurista Félix Loñ, tras declararse “harto de los atropellos a las leyes del matrimonio presidencial”, advirtió que "evidentemente (la señora de Kirchner) se expone al juicio político porque no se justifica el dictado del decreto de necesidad y urgencia" que dispuso la toma de fondos del Banco Central. Luis Juez y Elisa Carrió también esgrimieron advertencias análogas.

El gobierno no tiene otra respuesta a la grave crisis que la de siempre: duplicar la apuesta. ¿No ignoró acaso Néstor Kirchner, hace pocos días, la derrota electoral sufrida en junio? ¿Por qué esperar que corrija sus procedimientos u opte por negociar con quienes lo vencieron –a él, personalmente- en las urnas? El prefiere victimizarse y victimizar el gobierno que formalmente encabeza su mujer, considerando que hay “una conspiración permanente” contra el gobierno. Obvio: todo lo que se resiste al capricho del matrimonio es pasible de ser incorporado a la conjura. En principio, los demonios mayores, según los enumeró Kirchner en la costa bonaerense este sábado, son el vicepresidente Julio Cobos (que está procurando darle una salida política a la encrucijada institucional en la que se encuentran los Kirchner), el diario Clarín (personalizando, inclusive, en su CEO, Héctor Magnetto), por supuesto Redrado, la jueza Sarmiento (tácito: cualquier magistrado que no escuche favorablemente) y todos los “que querían evitar una mayoría hegemónica en el Congreso”. Porque –nunca lo expresó Kichner con tanta claridad- el gobierno no se imagina gobernar sin hegemonía, es decir, no considera posible gobernar con los controles que establece la Constitución. Sucede, sin embargo, que la Cosntitución está vigente y el gobierno –mal que le pese a Kirchner- perdió la hegemonía parlamentaria con las elecciones de junio.

¿Hasta donde (y hasta cuándo) pueden estirarse la brutal tensión y las divisiones que el gobierno impone al país cuando busca restablecer por otros métodos la hegemonía que perdió en las urnas y en la opinión pública? Esa es la pregunta que empiezan a formularse la sociedad y los actores políticos.

Por su interés, y en la búsqueda de respuestas, vale la pena concluir el comentario de esta semana reproduciendo aquí algunas reflexiones y vaticinios que (ya un mes atrás) nos hacía llegar desde el exterior un penetrante observador argentino.
“Los K parecen haberse planteado -mas alla de sus bravuconadas- un copamiento veraniego a todo o nada, ante su incapacidad para negociar (si es que conocen tal termino) una retirada en orden(…) Para ello, parecerían estar planificando “un golpe institucional” (como ellos mismos atribuyen a la oposición) que se enmarque en torno de un conflicto de competencias con alguno de los otros poderes (…) El denominado “golpe institucional”, tipico redoblamiento de las apuestas bajo la metodologia ya clasica de K, deberia lograrse en un período en que todavía reste alguna restricción operativa para el Congreso (es decir antes de marzo), y mientras la situación económica no llegue a deteriorarse plenamente, como normalmente se verifica al comienzo de clases. Si la gestion genera una rebelión tipo cacerolazo, podría dejarse primero actuar a las fuerzas de choque para dar la sensación de que importantes grupos defienden al Gobierno, para luego encogerse de hombros, y en aras de evitar un importante enfrentamiento proceder a un renunciamiento histórico. Dicho renunciamiento seria presentado como el resultado de la imposibilidad de resistir juntamente a la “oligarquía”, las clases medias “gorilas”, y al Imperio, que se habría incorporado indudablemente al complot (si el Sr. Valenzuela no hubiera viajado por sí solo, el propio Gobierno debería en cualquier caso retribuirlo por sus servicios en este sentido)”.

Es posible, efectivamente, que Néstor Kirchner esté perfeccionando la derrota (y repitiendo los escenarios) que el gobierno matrimonial sufrió en ocasión de la pelea contra el campo, a partir de la cual todo fue una fuga hacia adelante (sin excluir la declaración patrimonial que Oyarbide santificó con tanta presteza).

EL PODER EJECUTIVO DESAFÍA LA LEGALIDAD

por el Senador Carlos Saul Menem

El país atraviesa en estos días una crisis institucional suscitada por decisiones ilegales del Poder Ejecutivo y por su empecinamiento en eludir el debate y la participación legislativa en asuntos que constitucionalmente deben pasar por el Congreso. Antes de estos actos, hemos asistido a otros análogos, en los que el gobierno nacional desobedecía decisiones de la Justicia y hasta usurpaba la condición de árbitro de constitucionalidad de fallos de los magistrados.

En esta ocasión, el Poder Ejecutivo ha optado por tomar control, por la vía de un decreto, sobre una porción significativa e imprecisamente definida de las reservas administradas por el Banco Central y ha transgredido además la ley que estableció la Carta Orgánica de esa Institución con otro decreto destinado a desplazar irregularmente a su Presidente.

Este comportamiento irresponsable no sólo golpea contra el orden institucional del país, sino también contra el patrimonio y el fruto del trabajo de los argentinos. Juega con las reservas que respaldan la solidez del signo monetario y exhibe una arbitrariedad gubernamental que no puede sino dañar - más aún de lo que está hoy dañada- la seguridad jurídica del país. No en vano nuestra Argentina, que fue en la década pasada una de las naciones que más inversión extranjera atraía, ha caído hoy al quinto puesto, en esa materia, no ya en el mundo sino en América Latina. No en vano ha conquistado un puesto en el podio de los países con más inflación del planeta.

Es imprescindible que el Poder Ejecutivo respete los límites constitucionales fuera de los cuales la autoridad se transforma en despotismo. Es imprescindible que los otros poderes constitucionales y el gran mandante –el pueblo soberano- hagan cumplir esos límites y esos deberes, asumiendo con firmeza y sin desmayo sus propias responsabilidades. Hoy más que nunca tienen vigencia las palabras del General Perón: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.


LA RIOJA, 9 DE ENERO DE 2010

2 ene. 2010

PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

por Jorge Raventos

2010: Un buen año
para cazar ratones


Al iniciarse el 2010 –año VII de la era K- todo indica que el gobierna argentino, como si lo impulsaran a ello el acortamiento de sus plazos y su creciente aislamiento social, se orienta a subrayar sus coincidencias con uno de los dos estilos de organización política y económica que conviven conflictivamente en América Latina.

Hasta hace algunos meses, y más allá de sus afinidades tanto ideológicas como crematísticas con el régimen venezolano de Hugo Chávez, el gobierno de la familia Kirchner se ubicaba en un posicionamiento ambiguo que reflejaba, sobre todo, su desinterés por la inserción global de la Argentina y su tendencia a traducir todas las circunstancias, alternativas y desafíos de orden internacional en términos de política o conveniencia doméstica. Argentina aparecía así confusamente ubicada en una tierra de nadie entre el grupo de países –Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay- que se integran aceleradamente en el mundo globalizado, se abren al comercio y a la inversión extranjera y defienden sus intereses nacionales en el marco del orden general de las democracias de mercado, y el que, liderado por Venezuela (con Bolivia, Ecuador y Nicaragua como principales laderos) profundiza su desconexión y rechazo al sistema mundial y donde, para describirlo con palabras de Teodoro Petkoff, fundador del MAS (Movimiento al Socialismo) de Venezuela, “la fisiología formal de la democracia está minada por una práctica cada vez más dura y autocrática del poder (instituciones del Estado bajo control absoluto del presidente, tendencia a la obliteración de los espacios democráticos, presiones constantes sobre los medios de comunicación, tendencia a la «judicialización» de la política, personalismo, autoritarismo y control férreo de los poderes públicos)…”

La ambigüedad relativa del sistema kirchnerista duró mientras la bonanza económica del mundo puso viento en las velas de la economía argentina, aseguró una caja estatal robusta, permitió mantener los famosos (y ya extraviados) superávit gemelos sin sacrificar el incremento del gasto público y, en lo político, mientras la opinión pública acompañaba ese proceso. Esa tendencia empezó a cambiar hacia el año 2006 y aceleró su viraje a partir del 2008, cuando el gobierno buscó deliberadamente el choque con el campo y se infligió una derrota política decisiva. Antes aún, la elección de 2007 en la que Néstor Kirchner creó la novedosa reelección por cónyuge interpuesta, reveló que la opinión pública de las grandes ciudades ya había abandonado al matrimonio: la señora de Kirchner llegó a la presidencia pero perdió por paliza en todas las ciudades grandes y medianas del país. Así la segunda etapa de la era K, presidida por la efigie de Cristina Kirchner, se fue transformando en un período de políticas revanchistas: frente al mundo rural, frente a las clases medias (a las que ahora se amenaza con inspeccionarles los gastos con tarjeta superiores ¡a 3.000 pesos!), frente a ciertas empresas y, notoriamente, ante los medios de comunicación. Cada paso en esta dirección ha venido agravando la decadencia política oficialista: hoy ninguno de los dos miembros principales del matrimonio Kirchner supera el 20 por ciento de imagen positiva, sin olvidar que el gobierno perdió la última elección parlamentaria que presentó como un plebiscito sobre su “modelo”. El aislamiento internacional, la inseguridad jurídica, las dificultades financieras se realimentaron recíprocamente, e impulsaron al gobierno a comportamientos confiscatorios (las cuentas particulares jubilatorias de capitalización fueron sólo una de las víctima; ahora la caja central se financia con esos fondos extrayéndolos con mayor comodidad y asiduidad de la bolsa de ANSES) y a maniobras como la del reciente decreto que toma reservas del Banco Central para financiar gasto corriente con la excusa de pagar a los acreedores del Estado.

El gobierno kirchnerista ha mantenido rasgos de gran similitud con el régimen de Hugo Chávez. Uno de ellos es la extrema centralización en el manejo de la caja (que en Argentina equivale ya a un auténtico unitarismo fiscal) y la modalidad capciosa de calcular el presupuesto, de modo de mantener fuera del control parlamentario una parte sustancial. Un analista venezolano señala así el método de Chávez: “la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó el presupuesto estimando en 40 dólares el precio del barril de petróleo, cuando el promedio en el 2009 osciló en 70 dólares . Es decir, por cada uno de los 3,2 millones de barriles diarios que se extraen de los yacimientos venezolanos, el Jefe de Estado tendría un remanente de 30 dólares para gastar a su antojo”. Algo análogo ha venido haciendo el gobierno de los Kirchner articulando un cálculo infravalorado de los ingresos para manejar a gusto, con ayuda de los superpoderes, el ingreso real”. Agréguese a ello que muchos de esos ingresos son excluidos del régimen de coparticipación, de modo de que las provincias dependan financieramente de la dádiva del gobierno central. “Esto es un golpe severo al proceso de descentralización y transferencia de competencias y de recursos porque lo que estamos viviendo es una era de la concentración del poder en la cúspide del Ejecutivo Nacional”. El juicio cabe con exactitud a la situación argentina, aunque se trata de palabras del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, para describir el cuadro venezolano.

Al analizar las dificultades del Banco Central Argentino para digerir el manotazo del Poder Ejecutivo a las reservas, el agudo Carlos Pagni cita en La Nación al jefe de los senadores oficialistas: “Se acabaron los tiempos en que el Central debía actuar con autonomía". Agrega Pagni: “A Pichetto le gustaría un banco como el de Venezuela, donde su presidente, Nelson Merentes, despidió 2009 ufanándose de que acompaña al gobierno ‘en su esfuerzo por avanzar en el nuevo modelo económico y social’”.

La opción de los Kirchner por el modelo chavista no debe ser imputada a sus veleidades izquierdistas. En rigor, la mayoría de los países latinoamericanos que encarnan hoy el modelo que el venezolano (y antichavista) Petkoff denomina “izquierda de reformismo avanzado” (Brasil, Uruguay, Chile, El Salvador y también Perú) han optado por la vía contrapuesta de la integración al mundo y el respeto a la organización democrática, a la convivencia interna y al diálogo civilizado entre los partidos políticos. Como Petkoff, otro intelectual de la izquierda continental, el ex canciller de México Jorge Castañeda observa que en América Latina hay dos formatos que reivindican ser de izquierda: uno, al que Castañeda adjudica las condiciones de pragmatismo, sensatez, realismo y adaptación moderna la realidad“ y otro “demoagógico, populista, arcaico y sin fundamentos ideológicos”. Es obvio a quiénes ubica en uno y otro espacio.
Obviamente, el mundo y el continente no se componen sólo de corrientes de izquierda: el presidente colombiano Alvaro Uribe y el candidato con mayores chances a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, son líderes de centroderecha que comparten con aquella izquierda “moderna, sensata y realista” la idea de que el mejor camino al progreso, a la promoción social y al bienestar de sus pueblos reside en la integración a las tendencias centrales de la época, la vinculación a la economía de mercado y al proceso mundial de integración que está en marcha, opciones que han permitido a enormes naciones –China, India, el propio Brasil- combatir la pobreza y asumir crecientes responsabilidades en el mundo.

La cuestión no tiene que ver con la ideología, sino con las alternativas prácticas. Como decía Deng Xiao Ping, el líder comunista de las reformas de mercado en China, “no importa el color del gato, sino que cace ratones”.

El Segundo Centenario de la Argentina es buena ocasión para pensar si no es hora de que el país sepulte la discusión sobre colores y vuelva de una vez a cazar ratones.

LA HOJA DE RUTA DEL PERONISMO LIBERAL

por Diana Ferraro

Entre las próximas elecciones y el presente, media un incierto tiempo político en el cual tanto las fracciones peronistas como las liberales pugnarán por la organización y resolución de un espacio de centro-derecha que vendría a oponerse al espacio, en principio, de centro-izquierda del radicalismo. Este último, heredero republicano del kirchnerismo y el duhaldismo, enfrenta sus propios problemas, de los cuales no es el menor cierta posible configuración del peronismo, que podría mantener en el PJ una férrea identidad kirchnerista o deslizarse hacia su identidad melliza, el duhaldismo. Esta última configuración desplazaría hacia la derecha al radicalismo, y buena parte del peronismo y el liberalismo deberían entonces conformar una tercera fuerza situada en el exacto centro del espectro político.

Mientras esta razón histórica, cuya belleza y verdad se expresan en la perfecta simetría del diseño republicano en tránsito hacia un bipartidismo genuino, la fusión peronista- liberal ocupará de todos modos el centro. El PJ puede continuar usurpado por las fuerzas oscuras que le niegan su libre expresión y el radicalismo puede adquirir, para diferenciarse, un tinte más liberal en la economía, pero el proceso profundo de fusión peronista-liberal buscará, de todos modos, su expresión electoral. El aspecto más importante de esta fusión no es entonces la definición del espacio electoral, sino la definición de su espacio ideológico en la conciencia ciudadana, la cual lleva un considerable atraso informativo y formativo, acumulado en la última década de pésimos liderazgos.

No existe un único líder en el espacio peronista-liberal, sino una respetable variedad que debería ir decantando a lo largo de los próximos meses y cuyo filtro sería no sólo el carisma individual frente a una población descreída y decepcionada, sino el talento para dibujar sin oscuridad y con osadía, el proyecto de país deseado. La primera barrera a superar, tanto dentro del peronismo como del liberalismo, es la evaluación de la década del 90. Haciendo caso a la impopularidad actual de esta década, promovida por sus enemigos de entonces y por medios social-demócratas, muchos líderes peronistas o liberales tienden a omitirla, o a apartarse de quienes fueron sus principales protagonistas, Carlos Menem y Domingo Cavallo, equivocándose en el primer paso de su diferenciación.

Si bien los 90 y su secuela hasta fines de 2001, distaron de ser perfectos, aún constituyen el esfuerzo más serio para reencaminar a la Argentina dentro de la mejor tradición de crecimiento liberal o peronista. Renunciar a identificar este primer paso en la dirección correcta, es renunciar a crear en la opinión pública una conciencia de su propio derrotero histórico. En particular, es renunciar a crear una nueva conciencia acerca de la propia responsabilidad de líderes y ciudadanos sobre las oportunidades perdidas y los errores cometidos por ignorancia.

En la última década se ha hecho un extraordinario avance colectivo, en líderes y dirigentes, en todo lo que hace a la conciencia republicana y al modo correcto de funcionamiento institucional de los tres poderes constitucionales. No se ha producido aún un salto equivalente en dos temas: el concepto de elite dirigente, que se confunde una y otra vez con oligarquía, con las consecuencias que están a la vista, y cuál es, finalmente, la organización económica adecuada para el crecimiento y reparto de la riqueza.


En la inevitable zaranda de líderes del espacio peronista-liberal, caerán como arena desdeñable aquellos que por demagogia se nieguen a reconocer el carácter organizativo y jerárquico de toda dirigencia eficiente y de las innegables similitudes del liberalismo y del peronismo en este valor. Volvemos a recordar que el mayor enfrentamiento sociológico del pasado entre liberalismo y peronismo fue por la democratización que este último introdujo en la formación de la elite nacional, y que el mayor rechazo de los restos del antiguo liberalismo por el peronismo actual se funda en el fracaso del peronismo en la conformación de una elite eficaz y respetable. Por lo tanto, quedarán como el oro disponible aquellos dirigentes que, de origen peronista o liberal, reconozcan a su par histórico y reivindiquen sin pudor el concepto de elite dirigente.

La conciencia acerca del esquema organizativo de la economía comprende una valiente revisión de los 90 que clarifique ante la opinión pública el por qué del aparente fracaso final: no se trataba de una dirección errada, como cree hoy quizá la mayoría de la población y más de un dirigente peronista-liberal reblandecido por la habitual demagogia y por la cómoda pátina de la social-democracia europea, sino de una dirección correcta con muchas cosas que quedaron a mitad camino o sin hacer. Por ejemplo, desde el lado peronista, falta comprender que no se podía hacer una reforma veloz de la economía sin los programas sociales de capacitación, organización cooperativa, y de seguro de desempleo, y, desde el lado liberal, que no se podía dejar a la Argentina dentro de una estructura fiscal no completamente federalista. Por caso, en las próximas campañas, la expresión “coparticipación federal” debería caerse para siempre de la boca de los líderes peronistas-liberales, los cuales deberían animarse a reclamar un federalismo fiscal puro y duro, con el Banco Nación como prestamista de primera instancia en una etapa inicial hasta que las provincias completasen su propio proceso individual de modernización, y con un aporte de las provincias a la Nación para los gastos nacionales. En resumen, falta convencer a la población de que una economía capitalista en libertad es la única opción para generar riquezas, también en lo interno, por medio de la descentralización y el federalismo, y que un estado eficiente es aquel que promueve las políticas que generan más riquezas y que contribuye al acceso de éstas por parte de toda la población en modos genuinos, ayudándola a financiar su educación, su capacitación para el trabajo, su salud y su vivienda.

Es posible que en los próximos meses, dirigentes y público permanezcan entretenidos o distraídos por los avatares políticos electorales. Es de esperar que algunos dirigentes aprovechen ese mismo tiempo para construir un vínculo honesto y sólido con la ciudadanía, invitándola a recorrer un camino nuevo, que una las dos grandes tradiciones del centro-derecha en la Argentina: el liberalismo y el peronismo.

EL PERONISMO Y UN NUEVO BLOQUE HISTÓRICO

por Jorge Raventos

Recuperar el Peronismo es recuperar la Historia y volver al Futuro

Hay analistas políticos, representantes de la oposición –y también compañeros justicialistas- que sostienen que en la actualidad "sigue habiendo peronistas, pero ya no hay peronismo". Muchos de ellos no aluden sólo a la parálisis partidaria o a una situación coyuntural; van más allá, lo afirman en un sentido más profundo. Dicen que el peronismo no existe más porque desaparecieron las condiciones que le dieron nacimiento en los años 40.

En efecto, el peronismo irrumpió a mediados de los 40 en las condiciones del proceso de industrialización sustitutiva desarrollado a partir de la crisis del 30 y de la segunda guerra, como expresión de un bloque histórico que articulaba entonces al ejército, a la nueva clase obrera, a la incipiente burguesía industrial sustitutiva y a sectores populares del interior profundo. Y es evidente que la Argentina que vio nacer al peronismo, tanto como la Argentina en la que el peronismo creció y se desarrolló han dejado de existir.

Más aún: no sólo la Argentina es otra, también el mundo es otro: no es el mundo de Yalta, no es el mundo de la guerra fría. Es el mundo de la globalización , aunque ni siquiera es ya el mundo globalizado tal como lo vivimos en la última década del siglo XX, el que vivió la caída del Muro y la desaparición de la Unión Soviética.
La pregunta es si un movimiento nacido en muy distintas circunstancias históricas puede sobrevivir esas condiciones, cambiar de piel y adaptarse a un mundo distinto. Si puede animar y articular (o articularse) en un bloque histórico diferente de aquél que expresó originalmente. Es decir, si puede jugar un papel significativo en las tareas que la nación afronta para existir en el mundo nuevo.

Un caso a tomar en cuenta –no el único, pero si uno muy relevante – es el del Partido Comunista Chino, que fue capaz de conducir una revolución patriótica basada en la fuerza del campesinado para transformarse, en las últimas décadas, en la tendencia que lidera la incorporación activa de la República Popular al proceso de globalización y de integración mundial.

En ese proceso, el PC chino se concibe hoy no sólo, como en el pasado, expresión de las masas obreras y campesinas, sino de un bloque histórico que incluye a las "fuerzas económicas avanzadas" (rubro que describe a un amplísimo sector de la burguesía emergente) y a las "fuerzas culturales avanzadas", es decir a la "intelectualidad orgánica" que constituye la bisagra necesaria del bloque con la sociedad del conocimiento.

Los grandes movimientos nacionales están obligados a hacerse cargo de los resultados de las transformaciones que protagonizan …y también de las que están determinadas por el movimiento de la época, de la tecnología y del relacionamiento mundial. En realidad, los grandes movimientos nacionales perduran y son instrumentos de los pueblos cuando son capaces, como decía Perón, de "producir una montura para poder cabalgar la evolución y seguirla".

Por definición, una idea que establezca la identidad de un movimiento en términos de un momento dado de su propia evolución y de la evolución de la Argentina fatalmente lleva a la conclusión de que, desaparecidas las circunstancias, ese movimiento está muerto.

Un corolario patético de esa conclusión es el intento de reproducir anacrónicamente, y a contrapelo de la evolución, las condiciones originales. A veces esa postura, técnicamente reaccionaria, se viste de progresismo y puede pretender fabricar una burguesía nacional a fuerza de subsidios mientras califica como oligarquía a sectores capitalistas modernos y competitivos y desempolva conflictos y conceptos propios de la segunda guerra o de la guerra fría como si se trataran de la piedra filosofal.

Para Perón la conducción no consistía en la repetición de fórmulas viejas ante circunstancias nuevas, sino en la creación, en la capacidad de comprender las tendencias centrales de la evolución y promover los cambios de comprensión y de organización indispensables para adaptarse creativamente a esa evolución y adelantarse a ella, tratando de no ser víctima pasiva, sino partícipe activo y socio de esa evolución en la tarea de darle equilibrio y justicia.

En tal sentido, más que quedar esclavo de fórmulas que fueron "montura" en otra situación, es preciso comprender cuáles son las tendencias actuales para adelantarse a ellas, adaptarse y contribuir a liderarlas.

Hoy, en momentos en que el mundo se alarma por una persistente crisis alimentaria y cuando el mercado mundial se transforma y amplía por la presencia de grandes demandantes como China e India, que inducen la elevación persistente de los precios de los alimentos, en la Argentina se hace visible una nueva burguesía nacional, cuyo núcleo básico es la cadena agroalimentaria, que no es el fruto del proteccionismo estatal, sino el resultado de un largo proceso de reconversión empresaria, acumulación económica, innovación tecnológica y apertura cultural que la convierten en el sector más internacionalmente competitivo de la Argentina. Simultáneamente, la cadena agroalimentaria se constituye en la principal fuente de empleo: incluye al 34 por ciento de la población económicamente activa de la Argentina; crecen sectores asalariados y de trabajadores independientes ligados directamente a las actividades del complejo agroindustrial, a ramas de industria y servicios que articulan con él o son tributarias de su desarrollo. Reflejo de esas mutaciones, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se ha transformado en la segunda organización sindical en número de afiliados.

Esta nueva realidad se encuentra encorsetada por políticas y estructuras viejas, por un sistema hegemónico hipercentralista que succiona recursos de todas las provincias y ha provocado la rebelión de toda la Argentina interior. Es preciso darle expresión política a esa potencialidad a través de un nuevo bloque histórico, que articule políticamente las fuerzas y capacidades de esos sectores, las demandas de la Argentina interior, la necesidad de vincularnos activamente al mundo, desarrollar las capacidades de nuestra integración a la sociedad del conocimiento y abrir una perspectiva de redención a amplísimos sectores del pueblo argentino empobrecidos y subalternizados.

El peronismo no es un club de la nostalgia: así como pudo articular el bloque histórico partero de la sociedad industrial de masas, está en condiciones de actuar protagónicamente en esta nueva etapa, esta "tercera ola", que reclama vinculación activa a la globalización (continentalismo y universalismo), federalismo, democratización y descentralización del Estado, en asociación con las clases más dinámicas de la Argentina agroindustrial y como nexo de contención y confianza con los sectores sociales más activos de las grandes urbes y los suburbios industriales, que constituyen su sustrato histórico.

Puede hacerlo, en primer lugar, porque ya está inmerso en ese movimiento, como lo reveló la participación de centenares de intendentes y cuadros políticos, de gobernadores, diputados y senadores en la lucha del campo y la Argentina interior.
Puede hacerlo, además y decisivamente, porque se apoya en el pensamiento de Perón, en las bases estratégicas de ese pensamiento: en sus grandes aportes sobre la integración mundial, sobre el universalismo, sobre la integración continental; en su pensamiento sobre la ventaja estratégica que representa para el país y la región la capacidad de producir económicamente agroalimentos, condición para ser "los ricos del futuro". En su concepción acerca de un estado descentralizado y del protagonismo de las organizaciones libres del pueblo.

Con esos instrumentos es posible hoy dar lo que Perón llamaba la lucha por la Idea. Precisamente porque el peronismo fue la expresión de la irrupción revolucionaria de la Argentina industrial es el que está en las mejores condiciones para afirmar hoy que una Argentina desarrollada debe apoyarse en la capacidad competitiva del sector agroalimentario y de la cadena de valor agroindustrial.

El peronismo debe fulminar la idea simplista y bárbara de que talleres donde se hacinan decenas de trabajadores argentinos e inmigrantes para producir indumentaria subsidiada son mejor expresión de desarrollo y modernidad que un pellet de soja o una semilla transgénica o representan algo más peronista, más "nacional" o más avanzado que el trabajo de los peones rurales , que un feed lot o una cosechadora computarizada.

Y debe enfrentar la tendencia reaccionaria que intenta usar las banderas del 17 de octubre de 1945 para oponerse al nuevo bloque histórico que proyecta las divisas del pasado hacia la Argentina y el mundo del siglo XXI.

Las tareas que tiene por delante el nuevo bloque histórico (cuyos ejes virtuales son el peronismo y el sector productivo del campo y la ciudad, aunque por cierto no se agota en ellos) recogen las banderas del presente y del pasado: economía productiva, justicia social, federalismo, descentralización, vinculación al mundo, integración nacional, pleno desarrollo territorial.

La lucha por la idea es parte sustancial de la tarea de apartar el obstáculo entre lo actual y lo posible, para asumir la oportunidad histórica. Recuperar el peronismo es recuperar la Historia y el Futuro.

CONTENIDO

PANORAMA POLÍTICO SEMANAL
por Jorge Raventos
(click en la etiqueta para panoramas anteriores)

ANESTESIA SIN CIRUGÍA
por Diana Ferraro

PRODUCCIÓN Y CONSUMO: UN DILEMA ARGENTINO
por Víctor E. Lapegna

2011: ¿Y AHORA QUÉ?
por Diana Ferraro

UNA LECTURA DE LA BATALLA DE VILLA SOLDATI
por Victor E.Lapegna

LA MALA VIDA
por Claudio Chaves

LA RESTAURACIÓN LIBERAL
por Diana Ferraro

A GRANDES MENTIRAS, GRANDES VERDADES
por Diana Ferraro

LA MUERTE DE KIRCHNER PRIVA AL GOBIERNO DE SU VIGA MAESTRA
por Jorge Raventos

LA UNIFICACIÓN DEL PERONISMO
por Diana Ferraro

RETENCIONES: NO A LA SEGMENTACIÓN
por Gabriel Vénica

EL TIEMPO DE LOS POROTOS
por Diana Ferraro

KIRCHNER: CAPITALISMO DE AMIGOS Y PARTIDO DEL ESTADO
por Pascual Albanese

EL PERONISMO LIBERAL Y MAURICIO MACRI
por Diana Ferraro


ARGENTINA EN LA ECONOMIA GLOBAL - I y II
por Domingo Cavallo


EL PERONISMO LIBERAL Y EL DERECHO DE FAMILIA
por Diana Ferraro

EL DESFILADERO
por Diana Ferraro

HUMOR
por Enrique Breccia


ANOTACIONES SOBRE LOS CAMBIOS EN EL AGRO ARGENTINO (DE ANCHORENA A GROBOCOPATEL)
por Daniel V. González

EL DISCURSO SIN CANDIDATO
por Diana Ferraro

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EL RETROPROGRESISMO
por Claudio Chaves

DESCENTRALIZACIÓN: LA LLAVE DE LA NUEVA ECONOMÍA
por Diana Ferraro

LA V DE LA VENGANZA
por Claudio Chaves

ALGUNOS PROBLEMAS DEL POPULISMO
por Daniel V. González

PERONISMO PORTEÑO: PROPUESTA
por Victor Eduardo Lapegna

LA REVOLUCIÓN SIN NOMBRE
por Diana Ferraro

FEDERALISMO O POPULISMO
por Claudio Chaves

ELOGIO DE LA VERDAD
por Diana Ferraro

CONDUCCIÓN, CONDUCCIÓN
por Diana Ferraro

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
por Claudio Chaves


LOS BOQUETEROS Y EL PERONISMO FEDERAL
por Diana Ferraro

QUÉ QUEDÓ DE LA VIEJA IZQUIERDA
por Claudio Chaves


EL CAPITAL POLÍTICO
por Diana Ferraro

LOS MOTORES DEL CAMBIO
CIPPEC

DINERO Y CRÉDITO
por Domingo Cavallo

RETENCIONES CERO
por Gabriel Vénica

LOS MOTORES DEL CAMBIO
Los Productores Autoconvocados

LA AGONÍA ARGENTINA
por Diana Ferraro

10 RAZONES FEDERALES PARA DECIRLE NO AL AUMENTO DE LOS IMPUESTOS
por Gabriel Vénica


EL CAPITAL DEL PUEBLO
por Diana Ferraro

EL PODER EJECUTIVO DESAFÍA LA LEGALIDAD
por el Senador Carlos Saul Menem

LA HOJA DE RUTA DEL PERONISMO LIBERAL
por Diana Ferraro

EL PERONISMO Y UN NUEVO BLOQUE HISTÓRICO
por Jorge Raventos


DOCUMENTO CONFEDERACIÓN DE AGRUPACIONES PERONISTAS PORTEÑAS

LA FUSIÓN PERONISTA-LIBERAL
por Diana Ferraro

EL LIBERALISMO Y LA CONSTRUCCIÓN DE PODER
por Jorge Raventos


CONSENSO PARA EL PROGRESO
por Domingo Cavallo

UNA REORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
por Víctor Eduardo Lapegna

LA PRUEBA HISTÓRICA DE UN FRAUDE INTELECTUAL
por Domingo Cavallo


A LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO Y DEL BIENESTAR
por Armando Caro Figueroa


LA POBREZA EN LA ARGENTINA Y COMO COMBATIRLA
por Víctor E. Lapegna


ES MEJOR SUBSIDIAR LA NUTRICIÓN
por Juan J. Llach y Sergio Britos

PRESENTACIÓN DE PERONISMO LIBRE
por Diana Ferraro


CONTACTO

Propuesta y Coordinación de Peronismo Libre:
Diana Ferraro
diana.ferraro@gmail.com

Colaboraciones:
Enviarlas a:
peronismolibre@gmail.com

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