10 RAZONES FEDERALES PARA DECIRLE NO AL AUMENTO DE LOS IMPUESTOS

por Gabriel Vénica

NO ALCANZA CON QUE EL PODER CENTRAL SE DECIDA A RESPETAR LA FORMA FEDERAL DE GOBIERNO…

TAMBIEN ES IMPORTANTE QUE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LO EJERZAN

El “Poder Federal” de los Estados Provinciales no constituye una concesión “graciosa” del poder central ni un “adorno folklórico” que Gobernadores y Legisladores Provinciales utilizan en sus discursos proselitistas.

Es potestad indelegable de las Provincias.

Y su preservación una grave responsabilidad de las autoridades constituidas de las mismas.

Hoy asistimos a la humillante paradoja según la cual, gobiernos regionales notablemente perjudicados por el avance de un sistema anticonstitucional y unitario que exprime a las fuerzas productivas provinciales con impuestos confiscatorios y agobiantes, no encuentran mejor solución a sus embarazos financieros que aumentar la “opresión impositiva” a sus propios comprovincianos.[1]

SOBRAN RAZONES DESDE UN PRUDENTE CRITERIO CONSTITUCIONAL Y ECONÓMICO PARA TILDAR DE IRRAZONABLE EL AUMENTO DE IMPUESTOS Y TASAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES…

No se solucionan problemas atacando los síntomas y agravando las causas.

El ahogo financiero de las Provincias tiene como fuente primaria la concentración del cobro y del usufructo de los impuestos en manos del poder central.

La actual situación convierte en cómplices a Gobernadores, Legisladores e Intendentes.

Los datos que muestran el despojo son elocuentes:

La masa total de impuestos al inicio de la Democracia durante el Gobierno del Dr. Alfonsín se distribuía de la siguiente manera: 45% para la Nación y 55% para las Provincias.

Durante el Gobierno de Menem esta ecuación se invirtió resultando: 55% para la Nación y 45% para las Provincias.[2]

Durante la actual administración llegamos al extremo: La Nación (la Kaja K) concentra el 75% del total recaudado subsistiendo para el resto de las Provincias y Municipios un 25% residual.

Este abuso violento es la causa del ahogo financiero que sufren Provincias y Municipios.

Esto no se soluciona aumentando los impuestos a los “comprovincianos productivos”


Este escenario no sólo es grave por sus resultados económicos, sino que opera en evidente violación al principio federal de gobierno instituido por nuestra Constitución Nacional.

El federalismo político deviene en simple declamación retórica si no lo acompaña el federalismo económico y fiscal.

Y esto, nuevamente, no se soluciona aumentando los impuestos a los comprovincianos.

La carga impositiva desalienta la actividad económica al punto de disminuir la base de recaudación de las mismas Provincias (Ejemplo: Ingresos brutos) así como de aquellos impuestos que son coparticipables (Ganancias, IVA).

Esto, una vez más, no se soluciona, sino que se agrava, con más impuestos.

Las Provincias cuyas producciones han sido afectadas por las retenciones son damnificadas por doble vía:

Las retenciones afectan la principal fuente de riqueza del interior. Con esto, además de consolidar una intolerable discriminación (al sector agropecuario y al interior), se lacera gravemente la aptitud recaudatoria de los Estados Provinciales[3].

Las retenciones no son coparticipables salvo en un escasísimo 16% (No un 30% como se ha publicitado)[4]


Este atropello, vale la pena repetir, no se soluciona con más impuestos.

La “OPRESION IMPOSITIVA al ciudadano” ha llegado a su límite.

Los impuestos confiscatorios son anticonstitucionales, indefendibles y contradictorios con sus mismas finalidades.

Investigaciones de varias Universidades demuestran que el costo de cualquier producto contiene un 50% de carga impositiva acumulada durante las diversas etapas de la cadena de valor.

Un Argentino medio debe trabajar hasta Agosto para el fisco y sólo a partir de allí puede gozar de lo que ha obtenido con su esfuerzo.

Para quien produce, estos guarismos empeoran. A diario somos testigos de la increíble circunstancia según la cual algún agente económico que podría invertir generando riqueza y empleo decide no hacerlo agobiado por presiones impositivas insostenibles.

Tratándose de actividades agropecuarias esto empeora. En años de malas cosechas las retenciones consumen el 100% de la renta y más aún, avanzan sobre el capital de trabajo. Increíble.

Sin embargo y a pesar de esta “opresión impositiva” vergonzosa los argentinos no gozan de servicios de salud, educación, justicia y seguridad acordes… debiendo contratar –quien puede hacerlo- estos mismos servicios en el campo privado, después de haber aportado para gozarlos con creces en el público.

Esto, que duda cabe, no se soluciona con más impuestos.

Aunque parezca extravagante en boca de quienes defendemos la libertad de comercio e industria, la propiedad privada y la transparencia de los precios hoy podríamos coincidir incluso con Karl Marx y afirmar a coro que las “relaciones de producción” impuestas por el poder central unitario oprimen a las “fuerzas productivas provinciales” apropiándose de la “plusvalía” de quienes crean, trabajan y se esfuerzan, en beneficio de una clase parasitaria y explotadora alienada en su propia maquinaria de poder.

Este perverso sistema de explotación tampoco se soluciona con más impuestos.

Según nuestra Constitución Federal las Provincias preceden a la Nación y conservan todo el poder que no fue expresamente delegado por la misma (Const. Nac. Art. 121).

La rapacidad fiscal del poder central unitario, que hiere de muerte a nuestras Provincias y a sus habitantes sería imposible sin una larga cadena de complicidades y delegaciones anticonstitucionales.

Ahora bien, la calificación de “traición a la patria” que prescribe el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional alcanza, según la misma Constitución, no sólo a quienes formulen o firmen estas delegaciones, sino a quienes las “consientan” (aunque no las hayan formulado ni firmado).

Tolerar, continuar o preservar el actual estado de “avasallamiento fiscal” significa claramente “consentir”.

Compensar sus nefastas consecuencias con más impuestos significa “consentir”.

Los ciudadanos no podemos consentir.

Los Señores Gobernadores, los Señores Legisladores Provinciales, tampoco.

Nuestras potestadas federales devienen abstractas si no se ejercen los Derechos Económicos de Provincias que hoy están siendo “salteadas” como no ocurrió nunca en nuestra historia (siquiera durante el reinado de la Corona Española).

Por muchísimo menos se desataron en nuestro país en el siglo XIX sangrientas guerras entre federales y unitarios –que no hubieran imaginado en sus sueños más delirantes que un día se apropiarían del 75 % de lo recaudado en todo el país-.

No vale esgrimir el argumento del “mientras tanto” ni del “hasta tanto…”. Los impuestos son inflexibles a la baja e inmunes a todo intento de eliminación. “Mientras tanto y hasta tanto” se instauró el provisorio impuesto a los réditos en 1932 para no desaparecer nunca; el aumento del IVA del 13 % al 18%; el nuevo aumento del 18% al 21% más tarde; el impuesto al cheque en algún momento y las retenciones para financiar la guerra del Paraguay en el siglo XIX

Señor Gobernador:

O somos un país federal o somos un país unitario y feudal sometido eternamente a “alianzas de vasallaje” con el poder central

Las Gobernaciones no pueden trasladar a sus pueblos las consecuencias del latrocinio depredatorio de un grupo mesiánico que gobierna sin la menor consideración a la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y el Federalismo.

Las autoridades de Provincia (Estados preexistentes a la Nación que conservan todo el poder que “expresamente” no hayan delegado) no tienen opción: O están al frente de sus Provincia en la recuperación de su histórica y legítima autonomía federal o son cómplices del poder central unitario.

No alcanza con que el poder central se decida alguna vez a respetar la forma federal de Gobierno.

Es fundamental que los Gobiernos Provinciales lo ejerzan.


Contacto:
Dr. Gabriel Vénica(MBA) gvenica@uade.edu.ar
http://gabrielvenica.blogspot.com/

[1] Aumento de inmobiliario, de Ingresos Brutos, eliminación de exenciones, tasa vial, etc. etc.

[2] A pesar de haberse desprendido la Nación de infinidad de empresas públicas deficitarias y de haber absorbido las Provincias la mayoría de las escuelas y hospitales, antes manos de la Nación.

[3] En el caso de la Provincia de Santa Fe el daño causado por las retenciones es notable, no sólo porque la producción agropecuaria constituye gran parte de su PBI, sino por el impacto de este impuesto distorsivo y antitecnológico en la Industria Metalmecánica fabricante de maquinaria agrícola que tiene su epicentro en esta Provincia.

[4] Cuando se habla de “coparticipar” el 30% se evita aclarar que de este 30% coparticipable el 14% corresponde a la Nación. Con lo cual del total de retenciones sólo vuelven a las Provincias (cuando vuelven) el 16%.