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LA REVISTA DEL PERONISMO LIBERAL Colección Noviembre 2009- Febrero 2011

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13 dic. 2010

UNA LECTURA DE LA BATALLA DE VILLA SOLDATI

ORDEN, DEMOGRAFÍA Y VIVIENDA SON LOS TEMAS SUBYACENTES EN LA BATALLA DE VILLA SOLDATI
por Víctor E. Lapegna


La batalla de Villa Soldati y sus dramáticas consecuencias de muertos y heridos, además de intensificar el debate social y político acerca del orden y de la seguridad, instaló en la agenda pública dos temas que no figuraban en ella: la cuestión demográfica y la política habitacional.

El Orden y la Vida

En el cuerpo humano, sin orden no hay vida. Si las células, los órganos y los sistemas que integran nuestro cuerpo no hicieran lo que les es debido conforme al orden propio de su funcionamiento normal, no sería posible la vida y vendría la muerte.

También en el cuerpo social, sin orden no hay vida y es posible que se instale la muerte. Cuando una o muchas personas vulneran el orden dado por normas – desde la Constitución hasta las ordenanzas municipales – que expresan la voluntad mayoritaria del pueblo soberano, el deber ineludible del Estado para defender la vida, la libertad y la justicia es restablecer el orden alterado, si es preciso usando la fuerza que, en una república democrática, es monopolio estatal.

Si se asume que el orden es condición necesaria de la vida en el plano social como lo es en el plano biológico, no sólo no hay contradicción entre orden y justicia o entre orden y libertad, sino que no puede haber justicia y libertad sin orden, ya que no puede haber justicia y libertad sin vida.

Por eso la sabiduría de Juan Domingo Perón le llevaba a afirmar que ser esclavo de la ley es el modo de ser libre en una comunidad organizada y a fijar los límites a los que debe ceñirse el comportamiento social y político afirmando: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

De lo antedicho se desprende que mantener el orden democrático establecido en las normas dictadas por los representantes del pueblo soberano, no es un comportamiento de derecha ni de izquierda, sino que es defender el básico derecho humano a la vida, que no se puede ejercer en plenitud sino en el marco de ese orden democrático.
De lo antedicho se desprende que el Estado no puede consentir la ocupación ilegal de espacios públicos – en este caso el llamado Parque Indoaméricano de Villa Soldati – por justificados que sean los reclamos de quienes realizan ese acto de alteración del orden democrático y debe proceder a desocupar el predio y restaurar el orden, recurriendo para ello a los medios a su alcance, según lo que establecen las normas y lo que aconseje la prudencia.

Cuando quienes tienen la responsabilidad de dirigir al Estado no son capaces de mantener el orden democrático, que es lo que sucedió en Villa Soldati, sea esa incapacidad debida a que carecen de los medios materiales para hacerlo – como fue el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – o a que carecen de la voluntad política de hacerlo – como fue el caso del gobierno nacional – se pone en tela de juicio la legitimidad de ejercicio de esos gobernantes, ya que muestran incapacidad para cumplir con lo que es su misión más básica y esencial.

La Cabeza de Goliath

La Ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 200 km2, equivalente al 0,007% del territorio continental argentino y en ese espacio habitamos unos 2,9 millones de personas, que representamos casi el 7% del la población total de nuestro país.
Los cordones del suburbano bonaerense ocupan unos 3.600 km2, alrededor de un 0,13% de la superficie de la Argentina (sin contar nuestro territorio antártico) y ahí viven unas 9,3 millones de personas, que representan el 22% del total de habitantes del país.

Dado que ambos espacios configuran una trama urbana única y continua, resulta que aproximadamente el 30% de la población argentina está hacinada en apenas el 0,137 % del total de nuestro territorio en condiciones de habitabilidad normal.
Esta anómala realidad – denunciada ya en la década de 1940 por Ezequiel Martinez Estrada al designar tal monstruosidad demográfica como “la cabeza de Goliath” – se agrava por el cuadro similar que se verifica en el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el Gran Mendoza.

Acentúa esa deformación demográfica el hecho que el crecimiento “chino” de nuestro Producto Bruto Interno en los últimos años, en gran medida, es resultado de la producción agrícola que procede de ese vasto interior de nuestro territorio, escasamente poblado.

Parece evidente que existe una relación entre el aumento de los niveles de pobreza e indigencia que se vienen registrando en la Argentina en las últimas décadas, que hoy alcanzan a alrededor del 30% de nuestra población total, con la distorsión de la que dan cuenta los datos reseñados.

Es obvio que la demanda de bienes y servicios por parte de una población así concentrada que no genera una oferta de valor equivalente, es generadora de pobreza y que la pugna por la apropiación y uso de un suelo urbano escaso en relación a quienes pretenden ocuparlo, es fuente de tensiones y conflictos que llevan a episodios como los de Villa Soldati.

Aunque, como se mencionó antes, esa deformación en la relación entre población y territorio viene de lejos, la cuestión no ingresó en la agenda pública de debates y son escasas, esporádicas, aisladas y carentes de difusión las propuestas tendientes a elaborar un diagnóstico y tratamiento del problema.

La ausencia de iniciativas que aborden este crítico problema estructural de la Argentina – cuyo territorio es el octavo del mundo - en las instituciones del poder político, en el espacio mediático o en los círculos académicos. es expresivo de una miopía que, tal vez, la batalla de Villa Soldati pueda contribuir a que se atenúe.
En otros países del mundo el debate acerca de la cuestión demográfica está directamente vinculado al hecho que la globalización derribó o al menos debilitó las restricciones a la circulación de las personas que establecían los límites y fronteras.

De ahí que en esos países la cuestión que es motivo de discusiones que están en el centro de los asuntos públicas se relacione a las corrientes migratorias. En Estados Unidos el núcleo del debate gira en torno de los inmigrantes procedentes de México y de los países centroamericanos. En Europa de los que proceden del norte de África, el Este europeo y Medio Oriente.

En nuestro caso, aunque pueda ser plausible proceder a un análisis de la legislación y las políticas a seguir respecto del ingreso a nuestro territorio de inmigrantes procedentes de Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y otros países latinoamericanos; no creemos que sea ese el núcleo del problema demográfico que describimos dado que, como se señaló, era ya grave y perceptible hace más de 60 años y por entonces no había corrientes migratorias hacia aquí desde otras naciones de la región.

La respuesta estructural al problema reside en formular y poner en marcha un programa concreto que permita el desarrollo de todas las provincias y regiones del país que permanecen en el atraso, sin aprovechar las potencialidades y ventajas comparativas disponibles en su territorio para retener a sus pobladores, en general escasos y atraer a quienes se hacinan hoy, sin posibilidades ni esperanza, en los grandes centros urbanos.

Se trata de elaborar y poner en marcha en todo el territorio nacional una nueva matriz industrial, capaz de armonizar el crecimiento económico con la calidad ambiental y la integración y justicia social, generando pleno empleo con trabajos estables, creadores de valor y por ello bien pagos, a los que puedan acceder los desempleados y marginados que se hacinan hoy en las villas miseria de las megalópolis y lograr así que “cada argentino produzca el doble de lo que consume”.


La prueba concreta de que esto es posible la brinda la provincia de San Luis que, merced a años de buen gobierno, retiene a sus habitantes e incluso atrae a los de otras provincias, dando un ejemplo que demuestra que es posible alcanzar un equilibrio entre territorio y población que hoy no existe, aunque es una condición necesaria para consolidar un desarrollo sustentable e integral de todas las personas y de toda la persona.

Un modo de lograr ese objetivo es concretar acciones que unan las consignas de Juan Bautista Alberdi (“gobernar es poblar”) y Juan Domingo Perón (“gobernar es crear trabajo”).

“…debe el gaucho tener casa…” [1]

El Parque Indoamericano de Villa Soldati fue ocupado por cientos de familias pobres que pretendieron justificar esa medida ilegal e indebida con el legítimo reclamo de acceder a una vivienda en un pedazo de suelo urbano donde tener una vida digna.

Sin mengua de la crítica que el acto en sí merece, del uso inescrupuloso que algunos hayan podido hacer de la desesperación de pobres y marginados para buscar réditos politiqueros o conquistar espacios de poder en beneficio del narcotráfico y el delito organizado e incluso de la posibilidad real de dar respuesta a la demanda; el reclamo es legal ya que la Constitución Nacional, en el último párrafo del artículo 14 bis, dispone que “la ley establecerá (…) el acceso a una vivienda digna”.

Es cierto que, pese ha que han transcurrido más de 50 años desde la inclusión de esta norma constitucional, no existe aún una ley que establezca de que modo todos los ciudadanos pueden tener acceso a una vivienda digna. Pero esa mora en poner en acto esta como otras disposiciones constitucionales, no invalida su vigencia o la legitimidad de la exigencia ciudadana para que se cumpla con ella.

Por lo demás, los cientos de familias que ocuparon el Parque Indoamericano de forma ilegal e indebida – vale repetirlo – son apenas una minúscula parte de unos 3 millones de hogares que componen el déficit habitacional argentino, magnitud que se mantiene inalterada desde hace 20 años, lo que prueba el fracaso de las políticas de vivienda de los gobiernos que se sucedieron, al menos, en las últimas dos décadas.
Vale tener en cuenta que la vivienda representa mucho más que las cuatro paredes y el techo que guardan de la intemperie y que la posibilidad efectiva de ser propietario y habitar una buena casa es una de las condiciones necesarias para llegar a ser persona, conforme a la dignidad de vida propia de la condición humana.

Si se acepta lo antedicho, hace 20 años que quienes integran un tercio de los hogares argentinos carecen de una vivienda que les permita llegar a ser personas plenas y a tener una vida digna.

Por lo demás, no es casual que el porcentaje de quienes habitan viviendas deficitarias sea equivalente al de los hogares argentinos en situación de pobreza ya que una de las causas del persistente déficit habitacional es, precisamente, el aumento de la pobreza. Así surge del hecho que, cuando en la década de 1970 se creó el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), la población pobre era un 6 por ciento del total y hoy creció al 30 por ciento.Para una mejor precisión en el diagnóstico del problema y la búsqueda de soluciones conviene tener en cuenta que la condición deficitaria de esas 3 millones de viviendas no es uniforme ya que incluye:
unas 500.000 viviendas irrecuperables,
unas 900.000 viviendas en situaciones deficitarias superables mediante diversas soluciones habitacionales (regularización del dominio, infraestructura básica, ampliaciones para resolver hacinamientos, refacciones, créditos blandos para cambiar de vivienda, vivienda progresiva para parejas jóvenes, etc.) y
1.600.000 viviendas deficitarias recuperables, cuyos habitantes no tienen capacidad financiera para concretar su mejoramiento.

Esa diversidad estructural del déficit habitacional no es contemplada por las políticas públicas de vivienda que aplican la mayor parte de los recursos a construir viviendas nuevas, que demandan una inversión inicial por unidad de unos 30.000 dólares (sin incluir los costos de terreno e infraestructura), a lo que se agrega que el nivel de recupero de la inversión es insuficiente y que se tienden a registrar mayores costos por la desvalorización del dinero invertido, los sobreprecios y la inflación.

Eso se desprende de auditorias del año 2008 según las cuales, del total de 5.725 millones de pesos que el sector público (sumando el FONAVI y Programas Federales) aplicó a la vivienda, un 52 por ciento fue para construir nuevas viviendas; un 18 por ciento para las llamadas soluciones habitacionales; un 17,6 por ciento a gastos operativos, amortización de créditos, etc. y un 11,4 por ciento a obras de infraestructura y equipamiento.

Asignar más del 50% de la inversión a construir viviendas nuevas para atender al 17% de la demanda (viviendas deficitarias irrecuperables) y menos del 20% a soluciones habitacionales y financiamiento para más del 80% por ciento de la demanda (viviendas con déficit superable o recuperables), es algo peor que un manejo torpe de los recursos presupuestarios.

Es privilegiar a la oferta (las empresas constructoras de nuevas viviendas y la cadena que componen), que paga retornos a los funcionarios públicos con capacidad de decisión y no a la demanda, que son las familias y personas que expresan el déficit habitacional argentino.

Esto tampoco es una novedad ya que el FONAVI, en toda su historia, produjo un promedio anual de menos de 40.000 nuevas viviendas, cifra muy inferior a las 72.000 viviendas que suma el aumento anual de la demanda de hogares nuevos que no pueden acceder por sí a la casa propia, lo que también explica la persistencia del déficit habitacional.

La necesidad insatisfecha del acceso a una vivienda propia y digna abarca a muchos y diferentes sectores sociales en todo el territorio nacional en un amplio espectro que incluye, por ejemplo, a parejas jóvenes de clase media que pagan un alto alquiler por un departamento, pero no consiguen acceder a un crédito hipotecario que les permita comprarlo. Otro ejemplo son familias numerosas y muy humildes, que reciben un subsidio del Estado por no tener empleo y deben pagar 600 pesos o más por una casilla en una villa miseria.

De ahí que las respuestas para ir reduciendo el persistente déficit habitacional argentino deben abordar esa diversidad de situaciones e integrar las miradas sobre ese fenómeno de los actores de la política, la sociedad civil, la empresa y los representantes de todas las Provincias, que formulen política nacionales estratégicas que se apliquen de forma continuada, al menos, durante una o dos décadas.

En cuanto a las villas miserias que representan la expresión más grave de la crisis de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que un objetivo central debe ser lograr la integración de los espacios y las personas que forman hoy las villas con la trama general de la Ciudad, quebrando la desintegración cultural mediante un cambio en la mirada, en general cargada de prejuicios, con la que los de “afuera” solemos ver a los de “adentro” de la villa. Dada la dimensión, complejidad e importancia de la problemática habitacional argentina, avanzar hacia su solución requiere también ampliar el volumen, accesibilidad, plazos y costos del crédito hipotecario, que en nuestro sistema financiero aún es escaso.

Por caso, establecer una línea de subsidios efectivos y sustentables de las tasas de interés que cobren las entidades financieras por el otorgamiento de créditos hipotecarios a largo plazo, que deben ser subsidios parciales, aplicados cuando y donde sean útiles y necesarios para promover y multiplicar recursos financieros, de mano de obra u otros y que deben ser explícitos, transparentes y destinados a financiar a la demanda y no la oferta.Por último pero no por eso menos importante, deben diseñarse y poner en marcha líneas y procedimientos de microcréditos, destinados a financiar soluciones habitacionales y otros procedimientos de mejora de las viviendas par los sectores menos pudientes.En suma y en síntesis, se trata de realizar ese programa que el genio poético de José Hernández resumió en estos versos de su Martín Fierro:

“Es el pobre en su orfandá
De la fortuna el desecho
Porque naides toma a pecho
El defender a su raza:
Debe el gaucho tener casa,
Escuela, iglesia y derechos”.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2001
Día de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América

[1] Sobre el tema de este subtítulo ver exposición del Lic. Zenón Biagosch, Director de la Escuela de Negocios de la UCA, en el Congreso de Vivienda y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Argentina (octubre 2010)

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