PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

Año caliente, verano desbordado
por Jorge Raventos

En vísperas de la Nochebuena, decenas de miles de trabajadores de las barriadas del sur del Gran Buenos Aires debieron soportar durante horas el impiadoso sol del verano porteño puertas afuera de la estación Constitución, que había sido clausurada; no habría servicio de trenes hasta la madrugada siguiente, porque desde temprano estaban cortadas las vías a la altura de Avellaneda por una protesta y el gobierno nacional había decidido no despejar el bloqueo para no provocar incidentes. Lo que quiso evitar en Avellaneda sucedió, así, en Constitución: centenares de pasajeros frustrados, sublevados por la arbitrariedad, la demora y el calor se lanzaron contra las rejas encadenadas de la estación ferroviaria y chocaron con la mínima dotación de la Policía Federal que las custodiaba. Los disturbios se prolongaron por más de dos horas; cuando los refuerzos policiales consiguieron contenerlos ya se habían producido incendios, saqueos de comercios, batallas a pedradas desplegadas en medio del tránsito (que no había sido cortado y desviado durante los incidentes) y se contabilizaba una treintena de heridos (algunos de ellos, efectivos de la Federal), varios de gravedad.

Nilda Garré, la flamante secretaria de Seguridad se consideró satisfecha con la performance de sus fuerzas. Para ella el objetivo principal reside, al parecer, en evitar que la Policía –que quiere desarmada- pueda ser culpada de una muerte o una lesión grave. La seguridad es otra cosa, claro. Por lo menos eso deben pensar los que vieron destruidos o saqueados sus comercios o propiedades o los que no pudieron viajar, que quizás hubieran preferido un poco de acción de las fuerzas para liberar el bloqueo a las vías, donde estaba el núcleo del problema (lo que impedía el paso de los trenes).

Mientras esto ocurría en Constitución, seguían avanzaban en otros sitios –descampados, depósitos privados, inmuebles en litigio, terrenos estatales y hasta veredas- la ocupaciones ilegales. Las fuerzas de seguridad en muchos de esos casos ni siquiera se hacen presentes,; en otros, rodean con cierto despliegue los espacios usurpados, en una maniobra que tiene por principal objetivo defender a los okupas de los intentos de desalojo protagonizados por el vecindario. El caso de un club barrial de Villa Lugano es un ejemplo: el juez actuante ordenó la desocupación hace más de diez días y no se ha registrado acción en ese sentido. La secretaria Garré pretende que la Ciudad de Buenos Aires entregue un subsidio a los ocupantes para que estos abandonen el predio, pero el gobierno nacional había acordado con el de la ciudad autónoma que no se premiaría a los usurpadores con ningún beneficio. Más que un cambio de criterio, la propuesta de la secretaria revela impotencia: el gobierno no se siente en fuerza para hacer cumplir la ley ni para cumplir con las instrucciones de los jueces.

A la luz de esa debilidad, avanza en la sociedad la acción directa: así como se ocupan predios ilegalmente, pequeños grupos o manifestaciones más concurridas cortan con distintos motivos esquinas transitadísimas, autopistas, vías férreas y rutas o bloquean la salida de vuelos. Todo el mundo tiene causas (plausibles o caprichosas) para intentar hacer lo que el Estado no hace o para reclamarle que lo haga. Para pedir, por ejemplo, que funcionen los trenes subsidiados o que no falte la energía en los hogares y en las calles durante días enteros. O que no falten billetes de banco.

Después de haber anunciado lo contrario, el gobierno decidió de buenas a primeras que el 24 y el 31 de diciembre se convirtieran en feriados bancarios porque temió no poder garantizar que hubiera papel moneda en las instituciones (de hecho, eso ocurrió durante largas y tórridas horas en algunas sucursales del Banco Nación el jueves 23, para padecimiento de decenas de jubilados que debían cobrar sus haberes). Hay que reconocer la coherencia del método: si hay corte de vías, se cierra Constitución y se suspende el servicio de trenes; si no se pueden garantizar los billetes, se cierra los bancos.

Así, el gobierno llega al fin de 2010 en medio de una situación de desorden y de obvias torpezas en la gestión. Las decisiones se demoran, los problemas no encuentran soluciones adecuadas y oportunas. La chapucería llega a los propios nombramientos que hace el gobierno: el flamante secretario de Justicia, Alejandro Julián Alvarez (un militante de La Cámpora, la corriente que conduce Máximo Kirchner) no podrá formar parte del Consejo de la Magistratura, como preveía un decreto de 2006 suscripto por Néstor Kirchner. Con 29 años, Alvarez no alcanza la edad que se requiere para formar parte de ese cuerpo. El gobierno tuvo que modificar aquel decreto del ex presidente.

Juan Perón solía decir que sus gobiernos serían apreciados “no porque nosotros seamos buenos, sino porque los que vinieron después fueron peores”. Aquella frase pícara del General quizás podría aplicarse hoy a Néstor Kirchner. Son muchos los que lo extrañan y observan que el gobierno está sintiendo su ausencia. Es que el sistema de poder del oficialismo giraba alrededor del ex presidente: él mandaba, él disciplinaba, él administraba los recursos, el hacía el seguimiento de los temas. Esos roles no han sido heredados.

La hipercentralización que ejercía Néstor Kirchner procuraba, de todos modos, asentarse sobre bases más amplias que un entorno de allegados, conocidos o preferidos por simpatías ideológicas o por “cuestiones de piel”. En función de la consolidación de su mando y de sus intereses, Kirchner actuaba con un enorme pragmatismo, como detectó la Embajada de Estados Unidos, según las filtraciones de Wikileaks.

En los últimos tiempos, después de la muerte y el paréntesis del duelo, se van sucediendo hechos que exhiben improvisación y estrechamiento en la selección del personal de gobierno. A los alejamientos inducidos de personas que parecían allegadas al jefe de gabinete, Aníbal Fernández (desde altos funcionarios de las áreas de Seguridad y de Justicia hasta la plana mayor de la Policía Federal), se ha sumado el del Procurador Joaquín Da Rocha, un peronista de cuyo estudio privado participa el ex canciller, Rafael Bielsa. Da Rocha venía siendo atacado en los últimos meses por Horacio Verbitsky, el columnista de Página 12 y presidente del CELS al que se asigna influencia ideológica en muchas decisiones presidenciales.

Para Verbitsky, Da Rocha era culpable de tres pecados: su amistad política con Daniel Scioli, ser funcional al Grupo Clarín y haber permitido que su estudio asesorara al gobierno chileno en el reclamo de extradición del ex terrorista Galvarino Apablaza. Para reemplazar a Da Rocha, la Presidente convocó a una conocida: Angelina Abbona, que fue Titular del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz y que, además, cuenta con la tutela de Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, que acompaña a los Kirchner desde su provincia.

Si en la etapa ascendente de su gobierno Néstor Kirchner se rodeó de figuras de perfil propio, heredadas, en casos, de la presidencia de Eduardo Duhalde (como Roberto Lavagna), hoy parece haber una preocupación por consolidar un eje sólidamente “cristinista”, algo que se observa tanto en los reclutamientos más cercanos como en las preferencias de trato de la Presidente a sus diferentes ministros. Algunos suben, otros descienden. Se espera, inclusive, que esta tendencia se consolide con una reestructuración más amplia del gabinete. Entretanto, esa atmósfera suscita intrigas y conflictos soterrados.

Fue notable el esfuerzo que hizo el oficialismo la última semana para asegurar ya mismo el ascenso del general César Milani, un militar al que se le vaticina un destino de Jefe de Estado Mayor. Se atribuye a Milani una relación política estrecha con la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, pero este no parece ser el motivo principal de la notable movilización con que el oficialismo consiguió quórum para poder aprobar ese pliego. La razón sería, más bien, el vínculo político que Milani ha probado con el kirchnerismo. A él se adjudica la política (que algunos definen como “limpieza genética del Ejército”) que eliminó de las listas de ascensos a varias decenas de oficiales de brillantes calificaciones, objetados por sus lazos familiares con militares de anteriores camadas y por ello sospechados de tener diferencias políticas con el oficialismo.

Una matriz hipercentralista como la que el kirchnerismo traía desde sus orígenes, parecía destinada a manifestarse de un modo más extremo tras la muerte de quien fuera su forjador. Así, empiezan a expresarse sectores del núcleo oficialista que buscan instalar ya, pese a las dificultades que evidencia su gestión, la candidatura presidencial de Cristina Kirchner por el oficialismo.

Ya lo han hecho el canciller Héctor Timmerman (el primero de la clase: lo dijo antes del sepelio de Néstor) y esta semana, el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Alberto Fernández, que fue jefe de Gabinete tanto de la actual Presidente como de su esposo, acaba de declarar que ella “no es la candidata natural” del peronismo. Es una opinión interesante, pero, claro, Alberto Fernández no puede ya ser considerado un hombre del oficialismo. Resulta más significativo, en todo caso, el silencio o las reservas (salvo contadas excepciones) de los jefes territoriales del conurbano y los argumentos con que algunos gobernadores gambetean el tema, alegando que no quieren “forzar decisiones” de la Presidente. Ella, por su lado, cuando se reunió con los dirigentes del Partido Justicialista, la semana última, les pidió “amplitud”, para aceptar a otros.

Seguramente la señora sabe que hay otros que muestran las reticencias que ella observa en el peronismo; en efecto, esa actitud no es en absoluto acompañada por la izquierda que trata de crecer a la sombra del poder kirchnerista: Martín Sabatella, diputado y líder del partido Nuevo Encuentro, expone sin recelo alguno su voluntad de respaldar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Pero combate al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Y a otros gobernadores peronistas. Y lo hace sin “amplitud” alguna.

El 2010 concluye así entre el hervidero de la acción directa y el desborde (“el desmadre”, dicen algunos) y los conflictos íntimos que la política deberá procesar para hacerse cargo del año electoral. Faltan 10 meses aún para que se abran las urnas. Como cada día tiene su afán, antes habrá tiempo para hacerse cargo de la provisión de billetes, de la provisión de seguridad, de la provisión de energía, del cumplimiento de los fallos de la Justicia, de hacer cumplir las leyes y de combatir adecuadamente las usurpaciones, de frenar la inflación, de generar condiciones que estimulen la inversión. En fin, de gobernar. Toda una convocatoria.