PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

El federalismo fiscal en la agenda política
por Jorge Raventos

Lo anticipó Néstor Kirchner diez días atrás, en Resistencia, al reinstalarse en el trono pejotista, y ahora lo confirmó en Olivos su esposa y titular del Poder Ejecutivo: el gobierno está dispuesto a reunir a los gobernadores para iniciar un análisis sobre el régimen de coparticipación federal.

Es cierto que por ahora sólo se trata de anuncios y que Kirchner en Chaco no agendó la tenida para la semana próxima, sino para algún momento no precisado “de los próximos seis meses”. Pero el hecho es que el matrimonio presidencial se vio obligado a mentar un acontecimiento indeseado: una asamblea de jefes territoriales. Kirchner sabe bien, desde su experiencia como gobernador, que cuando los presidentes necesitan acudir a esas mesas alborotadas es porque ya han decaído a la condición de primus inter pares. La doble convocatoria (de él y de ella), así la reunión no sea por ahora más que un embeleco, es una maniobra defensiva y una señal transparente de la debilidad que embarga al oficialismo.

Si bien en la última semana el kirchnerismo celebró algunos empates legislativos y un fallo del juez Lavié Pico que le permitió apuntarse un tanto en el Senado, esos festejos no mitigan la mortificación de todavía no haber podido evadirse del lazo que le traba el uso de las reservas del Banco Central.

El abigarrado arco opositor, pese a sus vacilaciones (y a través de ellas), pudo neutralizar -por más de 100 días ya - la decisión que la señora de Kirchner quiere imponer desde el 14 de diciembre de 2009, fecha de emisión del ahora anulado decreto de necesidad y urgencia con que se inició esta pulseada.
Pero ahora está por iniciarse un debate –la posibilidad de coparticipar plenamente el llamado impuesto al cheque- que abre perspectivas si se quiere más ominosas para el gobierno, porque no sólo toca su caja, sino también su frente interno territorial. Los gobernadores, hasta el momento sometidos a disciplina forzosa por el retaceo de fondos, tienen ahora la posibilidad de adjudicarse automáticamente ingresos fiscales que pertenecen a las provincias sin tener que mendigarlos en la Casa Rosada.

Para evitar que los gobernadores alienten a sus legisladores a votar la coparticipación del impuesto al cheque, los Kirchner esgrimen los instrumentos clásicos: palo y zanahoria. Amenazan con vetar esa ley si el Congreso la aprueba y con castigar a los díscolos privándolos de los recursos y las obras que el Poder Ejecutivo reparte a capricho.

La zanahoria es, justamente, la promesa lanzada por la pareja presidencial de “discutir la coparticipación” entre todos. La indefinida reunión de gobernadores para debatir el tema debería operar como coartada ayudar a los gobernadores a obedecer los deseos de Olivos. ¿Para que discutir ahora “lo menos” (el impuesto al cheque) cuando la benévola autoridad se allana a discutir en algún momento “lo más” (el régimen de coparticipación en general)? En fin, la vieja historia de “cambiar un burro cierto por un centauro imaginado”.

El tema del régimen general de coparticipación es, sin duda, un asunto que debe debatirse, inclusive por mandato constitucional.

En su artículo 75, la Constitución reformada en 1994, dispuso que el 21 de diciembre de 1996 debía estar sancionado un nuevo régimen de coparticipación de impuestos , que tendría que garantizar a las provincias, como mínimo, los porcentajes que ya tenían asignados. La actual Ley de Coparticipación, número 23.548, otorga a las provincias un 54,66 por ciento y a la caja central un 42,34 por ciento. En los hechos la Casa Rosada apenas coparticipa hoy el 30 por ciento de su recaudación, el valor más bajo de los últimos 50 años.

Hay ya una mora de 14 años en cumplir con el mandato de la Convención Constituyente. La ley de coparticipación es una llamada “ley convenio” que requiere no sólo la aprobación de los poderes nacionales, sino también la sanción de las provincias, de allí la dificultad en difícil hincarle el diente, aunque se trata sin duda de una asignatura pendiente que es preciso cumplir.

En rigor, la exacerbación del unitarismo fiscal que se consumó en los años de Kirchner fue la que incitó el reclamo de federalismo de las provincias, que llegó a las calles como expresión política del movimiento del campo en 2008. Puede afirmarse que hoy la cuestión del federalismo fiscal está en los primeros puestos de la agenda política e institucional, particularmente en el interior. De allí los problemas que enfrenta el gobierno con la discusión del impuesto al cheque. En Olivos no ignoran que los legisladores –diputados y senadores- se saben observados en este debate por sus sociedades locales, por sus electorados, que difícilmente puedan entender que voten en contra.

La ley de coparticipación fija a las provincias un porcentaje de 54,66 por ciento. Por el impuesto al cheque, las provincias sólo reciben del gobierno central algo más del 15 por ciento. Un preciso estudio reciente concretado por el doctor Oscar Jiménez Peña con la colaboración de la doctora Gisela Candarle para la Fundación Bicentenario analiza la magnitud de los recursos cedidos por las provincias a la caja central por este concepto: “los ingresos que se obtuvieron por el impuesto al cheque en el 2009 fueron del orden de los 20.562 millones de pesos, y de esa cifra las provincias sólo recibieron 3.103 millones de pesos”. Agrega el trabajo: “si los ingresos proyectados en 2010 (por ese gravamen) serán del orden de los 24.774 millones de pesos”, sin modificar la ley para coparticipar plenamente el impouesto al “ los distritos finalmente sólo percibirán 3.948 millones de pesos “.

El estudio de la Fundación Bicentenario ilustra la incidencia que esos recursos pueden representar para los distritos. “¿Una provincia pobre como Formosa, puede “cederle” casi 250 millones a los K. el año pasado?”, se pregunta. Agrega: “Misiones construye escuelas a un promedio de 2, 3 millones de pesos cada una. Si dispusiera de lo que corresponde de la ley del impuesto al cheque, en el 2009 hubiera construido 100 escuelas más”.

En la dramática situación fiscal en que se encuentra la mayoría de las provincias (algunas han impuesto forzadas moras a sus proveedores, otras amenazaron ya varias veces con apelar a la emisión de patacones para afrontar obligaciones) el debate de la coparticipación del cheque se convierte en un asunto de efectos deletéreos para el gobierno. Porque incrementa la resistencia a la caja central inclusive de los jefes territoriales más dispuestos a la obediencia.

El federalismo fiscal es una bandera en condiciones de unificar los reclamos al interior de los distritos. Esta semana dio prueba de eso la provincia de Santa Fé, que mostró una representación sin fisuras (Carlos Reutemann al lado del gobernador Binner) a la hora de hacerse oir por la Corte Suprema en el reclamo de restitución del 15 por ciento que aún se retiene de la totalidad de los impuestos coparticipables con destino a la ANSES. Esa quita tuvo como fundamento “equilibrar” el “desequilibrio” que sufrió la Anses cuando comenzó el sistema de las AFJP. Puesto que el gobierno eliminó ese sistema esos recursos deberían dejar de ser quitados a las provincias y coparticipados.

La presidente suele hacer disquisiciones sobre esferas virtuales y reales. Habrá que ver si el gobierno está en condiciones de asumir la realidad cuando ésta impone la agenda.