PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

Bicentenario: entre el sainete y el drama
por Jorge Raventos

Dos siglos atrás, en un mayo un poco más lluvioso que el actual, con el respaldo activo del popolo grasso (la “gente decente”) de la Ciudad de Buenos Aires, la mirada lejana del pueblo de las orillas y la aún más distante de las provincias, se establecía la Primera Junta de gobierno autónoma en el Virreinato del Río de la Plata. Autónoma pero no independiente de España; por el contrario, invocaba la autoridad del rey Fernando VII, cautivo de Bonaparte. La independencia sería el fruto de un proceso cruzado por la guerra.

La representatividad de aquella Junta era local; ese gobierno duraría pocos meses, sería reemplazado en diciembre por la Junta Grande, constituida ya con representantes de las provincias. En abril de 1811, la autoridad de la Junta Grande (cuestionada por sectores jacobinos que preferían la junta chica) sería respaldada por una gran manifestación de los quinteros y trabajadores humildes de los bordes de la ciudad, encabezada por el secretario de Cornelio Saavedra, Joaquín Campana, y sostenida por los regimientos militares. El país nació del conflicto (mundial: debilitamiento del poder español por la doble circunstancia de la invasión francesa a su territorio y por competencia británica en los mares) y nació sumido en conflictos propios.

El inicio de aquel proceso que concluiría con el desmembramiento del Virreinato (si se quiere, de su sucesión autónoma: las Provincias Unidas del Río de La Plata) y la construcción de varios estados separados e independientes (de España y entre sí), es lo que se celebra en estos días en los fastos del Bicentenario.

Los festejos oficiales incluyen una buena porción de conflictos, pero si los de dos siglos atrás formaban parte de la volcánica energía que acompaña la erupción dramática de identidades y nacionalidades, los actuales tienen más bien el formato bufo del sainete y el aire enrarecido de la decadencia.

La cena oficial que ofrecerá el Poder Ejecutivo en el Salón Blanco de la Casa Rosada no contará con la presencia del vicepresidente Julio Cobos. Tampoco con la de los ex presidentes electos democráticamente. “Las razones de estos giros, que serían caricaturescos si no afectaran la vida pública, responden a lo peor del estilo político nacional –escribió Beatriz Sarlo en La Nación-. A la comida que se realizará en la Casa de Gobierno asistirá un solo ex presidente, Néstor Kirchner. La exclusión de los presidentes Menem, De la Rúa y Duhalde, así como la del actual vicepresidente, es un dato insólito: no se invita a la gente por su balance de gobierno, sino por la investidura que ejercieron”. Con el rasero de la presidente, si Raúl Alfonsín viviera aún, no habría sido invitado. La señora de Kirchner parece concebir que su alto cargo no es una misión que exige responsabilidad y comportamientos rigurosos, sino una patente que la habilita a actuar de acuerdo a veleidades personales.

Con la misma falta de ponderación de sus deberes, la presidente decidió no asistir a la tradicional función de gala del Teatro Colón, que esta vez implica además su reinaguración, tras una costosa y extensa obra que el gobierno de la Ciudad de Buenos concluyó en tiempo y forma. De hecho, se trata de la obra más significativa y emblemática relacionada con esta celebración.

Es cierto que en este caso, como apunta Sarlo, “encontró a alguien que se comportó de modo igualmente egocéntrico y arbitrario, alguien que trasladó sus quejas al escenario de la fiesta patriótica”. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma le ofreció una excusa a la señora de Kirchner cuando, tras invitarla a la función que organiza el gobierno porteño, declaró públicamente que "si va con su marido habrá que sentarse al lado, pero no me pone contento”. Una vez más, Beatriz Sarlo recortó el hecho con precisión: Macri –dijo- “hablando como jefe de gobierno, no debe declarar que no estará contento al recibir en el Teatro Colón, el 25 de Mayo, al marido de la Presidenta. Nadie le pide que diga que sentarse al lado de Néstor Kirchner fue su sueño. Nadie le pide que exagere un tenor amistoso que no siente. Simplemente, un político en funciones de gobierno se calla la boca.”

Hay de todos modos una diferencia entre la inhospitalaria frase del jefe de gobierno y la decisión de la señora de Kirchner. Macri señaló que una situación le resultaba incómoda pero adelantó que, como hecho, se resignaría a esa incomodidad; y no dejó de invitar a la presidente y a su esposo.. La señora, en cambio, respondió con palabras (calificó, injustamente, de hipócrita la actitud de Macri que, por el contrario, podría juzgarse de inoportunamente franca) y también con el hecho de la inasistencia. Es el hecho lo que – como en el caso de la no invitación a Cobos y a los ex presidentes- la califica (o descalifica).

Estos chisporroteos polémicos de líderes autorreferenciales y caprichosos son expresiones de una crispación que recorre íntimamente las celebraciones del Segundo Centenario. No debería ser una sorpresa: esa atmósfera nerviosa y confrontativa es la que ha reinado hasta ahora y no será una fiesta la que produzca el milagro de modificarla.

A principios de la semana del Bicentenario, un numeroso grupo de abogados de la Ciudad de Buenos Aires se dirigió al Presidente de la Corte Suprema a través de una solicitada en la que evocó ese clima de enfrentamiento y ensañamiento: “A nuestra Asociación le preocupa, señor Presidente, la situación actual de injusticia y enemistad interna, que también –seguramente- desvela al alto Tribunal”. Alarmados por las consecuencias sobre la administración de justicia de una tensión que se remonta a la década del 70 del siglo pasado, los abogados apuntaron que “a nosotros nos mueve nuestro deber irrevocable de abogados, y nuestra obligación primaria de ciudadanos, por la Justicia y la Concordia. No exaltamos retrospectivamente los crímenes de unos u otros, ni propiciamos repetir hoy las demasías de ayer, como esos grupos de presión que, convertidos en parásitos de la curia, lo hacen a diario. No intentamos, tampoco, legalizar en actas judiciales una versión sagrada de la historia, haciendo que los jueces no juzguen personas sino que juzguen el pasado, como también oímos repetir diariamente. Queremos recuperar un derecho que dé a cada uno lo suyo, sin negar a nadie, por razones ideológicas, lo suyo correspondiente, y queremos recuperar la paz interior para poder, con espíritu de misericordia, acariciar cada herida del pasado y retirar la mano seca, en lugar de dejarlas sangrar a designio”.

La palabra concordia, que pudo haber otorgado un sello de unidad nacional a la ocasión del Bicentenario, estará ausente de los actos oficiales, que han preferido una mirada facciosa, inspirada en la idea de una sociedad dividida entre justos y réprobos, donde los políticos que ejercen el poder comandan a aquellos y están llamados a distribuir absoluciones y castigos.

Sin embargo, aunque en la retórica y el pensamiento del poder el concepto de concordia (tanto como su práctica) esté ausente, en la sociedad empiezan a detectarse señales de búsqueda de esa mirada. Las encuestas muestran el crecimiento de esa expectativa tanto como el incremento en imagen positiva de los dirigentes que despliegan ese mensaje: entre los radicales, tanto Julio Cobos como Ricardo Alfonsín parecen encarnar ese talante. En el peronismo, la prédica a favor de acuerdos básicos de convivencia y políticas de estado proyectadas al futuro en que se ha empeñado Eduardo Duhalde se refleja ya en un marcado descenso de los reparos que antes había sobre él y en un parejo ascenso de su imagen.

La sostenida (y cada día más costosa) acción de propaganda del gobierno no consigue prevalecer frente a esas tendencias de fondo. La opinión pública, en una proporción muy amplia, ha tomado distancia del gobierno y está a la búsqueda de figuras y valores que estén en las antípodas de lo que el oficialismo representa. Muchos actores de lo que el gobierno considera “propia tropa” evalúan modos de toma de distancia del sistema K.

En la actualidad, los gremios no lo hacen tanto por especulaciones electorales (que todavía observan lejanas), como por motivos propios: la distribución del ingreso se ha vuelto regresivo para la mayoría de los trabajadores, incluso para la mayoría de los trabajadores asalariados formales. Cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan en el sector informal de la economía y están, así, como los últimos orejones del tarro del ingreso salarial. De los otros 6, sólo un 20 por ciento cobra salarios importantes, que oscilan entre 5 y 6.000 pesos mensuales. Ese sector vendría a representar en la actualidad a lo que antiguamente se conocía como aristocracia sindical: pertenecen a gremios que, sea porque están colocados de actividades de alta productividad o porque son contenidos por organizaciones políticamente ligadas al sistema de poder kirchnerista, reciben ingresos hasta cinco veces mayores que el resto de la masa trabajadora.
En esa situación de privilegio relativo se encuentran, por caso, camioneros o mineros. Según la consultora Equis, una empresa especializada cercana al oficialismo, el 20 por ciento de los trabajadores privados, vinculados a esos sectores “aristocráticos” capta la mitad de la masa salarial global, mientras el quintil inferior del sector asalariado recibe diez veces menos.

La diferencia distributiva en el seno de la masa de asalariados también es significativa desde una visión territorial. La consultora que conduce Rogelio Frigerio, Economía y Regiones, apunta por caso que mientras el salario privado promedio en Santa Cruz (la provincia emblemática del poder kirchnerista) es de casi 7.000 pesos mensuales, en la provincia de Santiago del Estero a gatas alcanza a los 2.475 pesos.

Esa deficiencia distributiva, regional y sectorial, dependiente de la productividad y también de la presión política, funciona en estos días como motor de una carrera por incrementos de sueldo en las negociaciones paritarias. Los analistas consideran que esa puja tendrá influencia sobre la marcha de la inflación, aunque seguramente la principal fuente inflacionaria residirá en las dificultades del Estado para financiar un gasto creciente. Las ilusiones vendidas por el ministro de economía, amado Boudou, en el sentido de que la Argentina accedería a financiamiento barato razonable merced al canje de deuda que él promovió, parecen destinadas a una frustración.
El diputado Claudio Lozano, uno de los líderes de “Proyecto Sur”, el movimiento que encabeza Fernando Solanas, consideró que "el canje de deuda fracasa estrepitosamente” porque “era desde un comienzo una política equivocada y sinsentido, en un contexto donde el mundo en términos financieros se estaba cayendo a pedazos". Para Lozano la negociación y el canje constituyen “un negociado absolutamente escandaloso" en el que “determinados actores a precios de remate los bonos de la deuda argentina" obteniendo "un 80 por ciento de ganancia en dólares". El canje, sin embargo no redundará, como anunciaba Boudou, en acceso a créditos razonables. La Argentina sigue al margen del mercado de crédito y gasta por encima de sus ingresos.

Los gremios se defienden de la inflación pasada, no convalidada por el INDEC, y también de la futura, a la que contribuyen de todos modos con su puja por ingresos. El gobierno está débil frente a los gremios. También se lo ve débil ante la Justicia, más allá de que aún pueda conseguir que magistrados cautivos procesen a sus adversarios. Conviene observar la reciente sentencia de la Corte suprema sobre decretos de necesidad y urgencia. Ese fallo, referido a un DNU de tiempos en que Eduardo Duhalde presidía el país, se proyecta al futuro. Y no sólo en lo específico, es decir, en la puntualización de que para que esos decretos tengan validez “deben existir circunstancias especiales, como que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor,” o cuando el conflicto "sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes". Ya esos condicionamientos restringen la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida legislar en lugar del Congreso. De hecho, si este fallo hubiera existido unos meses atrás, hay DNU firmados por la señora de Kirchner que habrían caído en la zona de la invalidez.
De todos modos, el fallo de la Corte tiene un alcance si se quiere más significativo. El alto tribunal indica a través de él una decisión de actuar en determinados asuntos como tribunal constitucional, un rol que hasta ahora venía esquivando. Esa función puede volverse especialmente relevante en la discusión sobre la ley kirchnerista de medios, que toca varios puntos de jerarquía constitucional. Hasta el momento, desde fines del 2009, pese a sus denodados esfuerzos, el gobierno no ha conseguido que se aplique esa ley que hizo aprobar a los restos de aquel Congreso-escribanía que le funcionó durante seis años.

El inicio del Bicentenario, un fasto que encontrará su conclusión y perfeccionamiento en 2016, proyecta por ahora sombras de conflicto y debilidad política, del gobierno y de la oposición; de superficialidades, caprichos, tensiones e inquietantes pesquisas sobre corrupción. La Argentina ha conocido otros momentos de vacilación, crispación y decadencia de los que supo salir con la activa pasión de sus ciudadanos. Hace falta que ese mecanismo de control político esté en marcha y en capacidad de imponer condiciones antes de que las normas para votar y contar los votos el año próximo queden en manos de los pícaros.