PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

La lógica de la guerra
por Jorge Raventos

No es una novedad para nadie que ( en el marco de una amplia ofensiva que persigue el control de la comunicación social en la Argentina) el gobierno K está en guerra con el Grupo Clarín. En cualquier caso, si alguien todavía no había reparado en esa guerra, las palabras empleadas esta semana por el esposo de la presidente y por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para referirse al jefe operativo de aquel grupo empresario, Héctor Magnetto, despejan cualquier duda. Néstor Kirchner calificó a Magnetto de “delincuente” y Fernández lo tildó de “perverso” y “sinvergüenza”; el coordinador del gabinete agregó algunas definiciones sobre los periodistas de Clarín: los llamó “soldados” y “espías”, exhibiendo en ese vocabulario con olor a pólvora la voluntad del oficialismo de promover una atmósfera bélica que, como se verá, podría seguir con alguna toma de rehenes y con la intervención de “bienes enemigos”.

Las explosiones verbales intentan, en rigor, tapar otros ruidos, que suenan ominosos a los oídos del gobierno. En primer lugar, los rumores de retirada que se dejan oír en su frente interno: la reciente renuncia de Jorge Taiana fue un nuevo signo de esa tendencia, que ya se llevó a un número cuantioso de altos funcionarios, ministros y jefes de gabinete, muchos de ellos apreciados por la opinión pública. El primero de esa lista fue –lejos ya en el tiempo- Roberto Lavagna, pero no hay que olvidar a Sergio Massa, a Graciela Ocaña, a Alberto Iribarne, a Martín Redrado. Los aprestos de retirada se observan también en el Congreso, que ha dejado de ser la escribanía que permitió al gobierno varios años de manejo sin controles. Esta semana la Cámara de Diputados votó con una mayoría cómoda la limitación de los llamados superpoderes. Desde Olivos ya se hizo escuchar la voz de Néstor Kirchner anunciando que si la ley atraviesa positivamente la Cámara Alta, su esposa –la presidente- la vetará.

El Congreso también ha iniciado la investigación de las operaciones que llevaba a cabo en Venezuela la llamada “embajada paralela” que –como él mismo acaba de admitir- conducía el ministro de Planeamiento Julio De Vido. Esas operaciones se encuentran bajo sospecha: media docena de prestigiosos ex secretarios de Energía han cuestionado, por ejemplo, que el gobierno compre a Caracas un fuel oil más caro (y además contaminante) que el que Argentina produce y exporta, combustible (además, ni siquiera producido por Venezuela, sino meramente intermediado por el gobierno de Hugo Chávez). Se ha discutido el manejo de un fideicomiso acordado con los venezolanos del que –denuncia del ex embajador argentino en Caracas- de pronto desaparecían por períodos millones de dólares que se dedicaban a la bicicleta cambiaria con las grandes diferencias de valor que facilita la coexistencia en el régimen chavista de un dólar oficial y un dólar negro o paralelo. En fin, ha sido denunciado el reclamo de “comisiones” para colocar productos argentinos en el mercado venezolano en el marco de los negocios que amparaba aquella “embajada paralela”. Se ha adjudicado a los miembros de esa misión paralela –una de cuyas figuras era el ex director ejecutivo del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti- responsabilidad en el traslado de las famosas valijas con dólares que se le descubrieron en el Aeroparque porteño al venezolano Guido Antonini Wilson.

Apenas unas horas después de asumir como sucesor de Jorge Taiana, el flamante canciller Héctor Timmerman había asegurado que la “embajada paralela” en Venezuela sólo existía en la cabeza de algunos periodistas. Su colega De Vido le enmendó la plana.
Cuando informó a los diputados la última semana, el ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, confirmó lo que había declarado ante el juez Ercolini sobre las irregularidades que constató en Venezuela, y en sus respuestas ampliatorias a los legisladores dejó en claro que las actividades de la “embajada paralela” estaban en conocimiento (“no podían ser desconocidas”) del entonces presidente Kirchner. Cualquiera que conozca el estilo K de conducción sabe que, efectivamente, este tipo de asuntos jamás escapa a su atento escrutinio.

Sucede ahora que el escrutinio se invierte y es el gobierno en todos sus niveles el que empieza a ser observado y analizado con cierta minuciosidad; hay congresistas dispuestos y con poder suficiente para encarar esa tarea; hay jueces más atentos.

Y empieza a corporizarse la posibilidad de que se introduzcan cambios en el Consejo de la Magistratura, uno de los instrumentos de disciplinamiento con que ha contado por años el gobierno. Esta semana, por caso, ese organismo desistió de aplicar una sanción al juez federal Carlos Oyarbide, merced al voto de los representantes del oficialismo. Contribuyó a evitarle ese disgusto al magistrado el voto de la consejera Diana Conti El esposo de Conti, Enrique Dratman, se encuentra involucrado en una causa sobre colocación de medicamentos falsos en servicios de obra social que Oyarbide tiene a su cargo, pese a lo cual la consejera no se autoinhibió de votar. El Consejo necesita una transformación que, cuando se concrete, liberará a la Justicia de presiones y protecciones inadecuadas, de hijos y entenados. El sonido de esos cambios en marcha tanto como el eco de estos hechos en la opinión pública produce inquietud en Olivos. De ahí los ruidos de batalla con que el oficialismo intenta ensordecer.

Las declaraciones de Néstor Kirchner tratando de “delincuente” al CEO del más importante grupo de medios del país son, en rigor, la (tardía) declaración de una guerra que se viene librando desde hace meses y en la que ahora un gobierno en retirada decide ensayar una ofensiva.

Que la frase de Kirchner no fue un ex abrupto, sino que constituye parte de un guión lo prueba el hecho de que las mismas palabras del ex presidente ya habían sido empleadas por algunos de los medios financiados por el Estado. El diario El Argentino adelantó que “Héctor Magnetto está a punto de ser procesado y tansformarse en delincuente”. Desde el rincón del gobierno se amplifica lo que parece una información anticipada, una primicia, y es sencillamente el anuncio de una decisión: aplicar un castigo al jefe operativo del Grupo Clarín, en lo posible ponerlo preso y avanzar inclusive sobre la empresa Papel Prensa.

Objetivo de máxima: intimidar a la prensa independiente y hasta llegar a controlar la provisión de papel de diario que requieren cientos de periódicos del país. Objetivo de mínima: demostrar que, golpeado y todo y con parte de sus fuerzas dispuestas a la fuga, el gobierno aún conserva capacidad de provocar daños. Es, sobre todo, un mensaje hacia el propio frente interno y también dirigido a las fuerzas sociales y económicas que ya se mueven con mayor autonomía.

Si aquellas primicias que Kirchner y sus voceros han empezado a difundir llegan a cumplirse, ese mensaje llegará a destino. Es probable que sea interpretado de este modo: estamos ante un gobierno que, a meses de una elección decisiva en la que se presiente derrotado, está dispuesto a emplear hasta el final la lógica de la guerra.