PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

Blues de la derrota
por Jorge Raventos


Muy probablemente en Olivos asignen los melancólicos días que el oficialismo tiene ante sí a los cuatro goles que recibió la selección en Ciudad del Cabo. Se sabe que el primer precepto de la filosofía K es que siempre la culpa la tiene otro.

El gobierno imaginaba que un triunfo argentino en el Mundial pondría viento en sus velas políticas e impulsaría un cambio de talante de la opinión pública. Un espejismo, obvio. En esos ámbitos también se quiso creer que la masiva celebración del Bicentenario sería capitalizada por la Casa Rosada; las encuestas mostraron, sin espacio para la duda, que los niveles de rechazo a los dos miembros de la sociedad conyugal gobernante no decayeron un ápice después de aquel festejo.

Con el fútbol la situación es análoga. El entusiasmo social que acompañó al equipo argentino en sus primeras pruebas sudafricanas no pagaba nada al gobierno en el terreno político; ahora, la caída ante Alemania, más allá de la pálida decepción que ocasionó (inclusive a quienes nunca confiaron demasiado en la dirección de Diego Maradona), tampoco incide sobre la imagen del oficialismo. Lo que el gobierno cosecha en las encuestas y en el juicio de la sociedad es producto de su propia acción y merecimientos.

En la última semana en Olivos estuvieron recibiendo malas nuevas de origen diverso. En principio, desde el Congreso, donde el arco opositor ha alcanzado consensos sobre varias cuestiones sensibles que ponen a prueba al oficialismo. Ese consenso se ha expuesto ya, por ejemplo, en los proyectos destinados a elevar la jubilación más baja al 82 por ciento del salario mínimo vital. Actualmente más del 70 por ciento de las jubilaciones que paga el Estado (ANSES) son mínimas, y se encuentran alrededor de los 900 pesos mensuales. El arco opositor promueve llevarlas a alrededor de los 1.300 pesos. El gobierno rechaza la idea; el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, la ha denominado “delirio”. El argumento oficialista es que “no hay plata” para pagar ese incremento. El argumento resulta muy frágil a la luz de los destinos que el gobierno ha reservado para la caja de los jubilados: desde financiar al propio Estado (colocándole bonos a la administración de jubilaciones con un interés del 5 por ciento en un país que tiene una inflación del orden del 25 por ciento), hasta sostener subsidios de distinto orden, financiar a grandes firmas (inclusive transnacionales) o bancar créditos para estimular la venta de televisores, autos o heladeras.

Es evidente que no es dinero lo que falta, sino la decisión política de dirigir esos fondos prioritariamente, con transparencia y objetividad normativa, al objetivo para el que han sido previstos. El gobierno está en problemas. Puesto que el arco opositor ha alcanzado en este punto grados sólidos de cohesión y acuerdo, desde Olivos deben presionar con enorme vigor a su propia tropa para que voten en contra del aumento en las Cámaras. Lógicamente, los diputados y senadores del Frente para la Victoria no tienen demasiada voluntad de aparecer ante sus respectivos electorados oponiéndose al incremento de las jubilaciones. Si, como parece, el oficialismo pierde la batalla en el Congreso, la señora de Kirchner deberá optar entre el fuego y el aceite hirviendo: o se resigna a perder el manejo de esa caja en la que hasta ahora mete mano sin contención o paga el precio político de firmar, nombre y apellido, el veto al aumento.

La estrategia opositora ha apuntado, en principio, a dar respuesta a ciertas urgencias sociales: jubilaciones, perfeccionamiento y universalización del subsidio a la niñez (que en su versión actual desatiende a casi un cuarenta por ciento de los niños del país y, además, establece una tensión inconveniente entre el beneficio y la formalidad laboral). También a recortar las “cajas” con las que el gobierno apela a fondos públicos para financiar su política y apuntalar el llamado “capitalismo de amigos. En este sentido, el arco opositor ha embestido contra los llamados superpoderes del Poder Ejecutivo, que le permiten modificar a gusto el destino del gasto establecido en la norma presupuestaria y, sobre todo, manejar sin control aquellos recursos que superan los que superan las previsiones (deliberadamente subcalculadas) del presupuesto. La cifra involucrada orilla los 75.000 millones de pesos anuales.

Otro blanco del arco opositor es la corrección institucional. En ese sentido los diputados han votado ya una reorganización del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de desarticular el sistema de palo y zanahoria que permite al oficialismo manejar la designación de jueces así como los procedimientos sancionatorios, herramienta que le ha permitido ejercer una fuerte presión sobre el Poder Judicial. Al alivianarse esa presión por el cambio de atmósfera política que se reflejó en la elección de un año atrás, han comenzado a avanzar en Tribunales las causas destinadas a investigar canales de corrupción. Hoy los diarios exhiben con asiduidad las investigaciones judiciales sobre el enriquecimiento de altos funcionarios (Ricardo Jaime es un ejemplo cantado, pero no el único), los negocios vidriosos con Venezuela, el blanqueo de dinero de las mafias de medicamentos y sus vínculos con gremios y fuerzas políticas, los escándalos con subsidios oficiales (desde los canalizados para feed lots hasta los que benefician a sectores del transporte).

Estas causas suponen una amenaza para el gobierno: todos los vaticinios sobre el ritmo al que se desarrollan coinciden en que, a medida que se aproxime el final de esta administración, la velocidad de los procedimientos judiciales tenderá a incrementarse, lo que hace presumir que el epílogo del gobierno puede estar crecientemente impregnado de repercusiones tribunalicias. Es evidente que esos presagios no tienen vinculación alguna con la suerte de la selección en Sudáfrica.

Es inclusive imaginable que el ciego rigor de la Justicia no se limite sólo a decisiones de los magistrados federales o de algunas ramas sensibles de la estructura judicial, sino a la propia Corte Suprema. Esta semana, un artículo editorial del diario La Nación titulado “Reírse de la Justicia” destacó el hecho de que el Poder Ejecutivo hubiera creado el flamante Ministerio de Turismo por un decreto de necesidad y urgencia, cuando “en mayo último, la Corte Suprema de Justicia estableció, en un fallo unánime, que el Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) en forma discrecional, sino que, de acuerdo con la Constitución nacional, sólo podría hacerlo en casos excepcionales, cuando el Congreso no esté en condiciones de sesionar”.

El procedimiento elegido por la Presidente parece, en verdad, un desafío a una Corte de la que se ha quejado ya más de una vez. Si bien se mira, en caso de querer responder al reto del ejecutivo, la Corte tiene en sus manos varios asuntos de peso. Uno en el que inclusive puede considerarse que el desafío es mayor es el caso de la provincia de Santa Cruz.

En mayo de 2009 la Corte, con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay ordenó restablecer en su cargo al ex Procurador General de aquella provincia, Eduardo Sosa, a quien había separado de sus funciones el entonces gobernador provincial Néstor Kirchner en 1995. La orden fue dirigida al gobernador actual, Daniel Peralta, y tenía un plazo de cumplimiento de 30 días, bajo apercibimiento de sanciones penales.

Han pasado no ya 30, sino 400 días de aquella intimación y la orden de la Corte no ha sido cumplida, lo que sin duda resiente la imagen de la máxima autoridad del Poder Judicial. Los aires sociales llevan a estimar que la Corte no tardará demasiado en hacer reparar esa desobediencia. En estos tiempos el escrutinio de la opinión pública se ejerce sobre el conjunto de los actores y las instituciones, si bien hay una lógica tendencia a concentrarlo sobre quienes, a su vez, han procurado concentrar el poder y las decisiones.