PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

Cómo no se tomó
el Palacio de Invierno
por Jorge Raventos

Desde semanas antes del 24 de agosto los activistas y voceros del oficialismo lucían agitados, en actitud de vísperas: estaba por lanzarse “la ofensiva”, se los oía decir; se preparaban para una especie de épica toma de La Bastilla (o del Palacio de Invierno) que ocurriría a partir del discurso con que la señora de Kirchner presentaría el informe de Guillermo Moreno paradójicamente titulado La Verdad sobre Papel Prensa. Allí comenzaría a zanjarse la guerra que Néstor Kirchner lanzó meses atrás contra el Grupo Clarín, pues –se aseguraba desde los medios apadrinados por el gobierno- el informe oficial demostraría que los actuales propietarios (Clarín y La Nación) de la principal fábrica nacional de papel de diario compraron el paquete accionario a los herederos de David Graiver en una” operación ilícita, forzada a través del uso irresistible de la violencia ejercida por el terrorismo de Estado”.

Desde el poder se dejaba trascender que se declararía nula aquella operación de compraventa pues por su naturaleza estaba basada en delitos imprescriptibles: se invocaban allí la desaparición temporaria y los tormentos padecidos por los herederos de David Graiver durante la tiranía de los años setenta. Desapropiados Clarín y La Nación de sus acciones, el gobierno promovería la detención y juzgamiento de Héctor Magnetto y de Bartolomé Mitre e intervendría la empresa. Así, el 24 de agosto quedaría asentada la victoria de Néstor Kirchner sobre “la dictadura mediática”.

Sin embargo, el lunes 23 empezaron a ocurrir hechos que no entraban en los cálculos de Olivos. Ese día se conoció, en principio, una carta abierta suscripta por Gustavo Caraballo, un ex secretario legal de Juan Domingo Perón y ex abogado de José Ber Gelbard, que estuvo en los años 70 cautivo en las mismas prisiones clandestinas que la señora Lidia Papaleo de Graiver y que, como ella, sufrió torturas. Caraballo dijo que “la familia Graiver soportó todo tipo de apremios y vejámenes, pero no tuvieron que ver con Papel Prensa. Como alguien que está apremiado por las deudas, ya se había desprendido legítimamente meses antes de Papel Prensa”. Caraballo agregó que “en enero de 1977 ( fecha de la venta de las acciones de la empresa) no había contra esa familia ninguna persecución por parte del gobierno. Por el contrario, siguiendo un proceso que ya había iniciado David Graiver con la contratación de dos expertos en imagen muy vinculados a los militares, buscaba un acercamiento al régimen dictatorial”.

El testimonio de Caraballo constituían una señal de alarma para los planes oficiales, pues desmentía netamente el relato urdido. Golpeaba, además, un flanco sensible para el gobierno pues al señalar las falsedades les atribuía la voluntad de “construir una nueva teoría de los hechos para restituir acciones de Papel Prensa a Lidia Graiver mediante un acuerdo probable con ella, a fin de controlar un insumo básico para la prensa libre” y definía ese hecho como “ofensivo a la dignidad pública e inmoral”.

Lo que no fue

Pese a ello, el gobierno insistió en la convocatoria para el 24 a las 18 horas. Inclusive se exhortó a Hugo Moyano a que adelantara su asunción como jefe del PJ de la provincia de Buenos Aires, para no competir con el acto de la Casa Rosada. Guillermo Moreno y Julio De Vido, en tanto, no cejaban en sus presiones sobre dirigentes de empresas y de entidades empresariales para que dieran el presente cuando hablara la señora de Kirchner. La consigna de Olivos era que había que aislar a Clarín (a Magnetto) del empresariado.

El 24, poco antes del mediodía, el matrimonio presidencial ya estaba anoticiado de varias malas nuevas: la Unión Industrial Argentina se aprestaba a decidir por unanimidad su ausencia del acto oficial y su resolución arrastraría la de otras entidades. Además, desde los tribunales de La Plata le habían informado al Procurador Esteban Righi que se había presentado a declarar Isidoro Graiver, el hermano de David y la persona del grupo familiar que había encabezado en 1976 las negociaciones de venta de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. Poco tardaría en saberse que Isidoro Graiver había declarado allí que la venta de Papel Prensa se había concretado seis meses antes de que él y otros miembros de su familia fueran apresados por grupos de la represión militar, que no había habido presiones para concretar esa operación y que, en rigor, la familia debió deshacerse precipitadamente de muchos bienes y empresas porque su hermano David (muerto en un accidente aéreo meses antes) había dejado muchas y grandes deudas, entre ellas una de 17 millones de dólares con la organización Montoneros, que amenazaba a la familia para recuperar su dinero. David Graiver administraba dinero de la organización guerrillera proveniente del secuestro de los hermanos Born.

Con esas novedades a la vista, el vértice del gobierno discutió con ardor qué hacer esa tarde. Una postura se inclinaba por seguir adelante con los planes, sin modificar ni una coma. Otra –que ese día terminó prevaleciendo - prefería postergar la soñada “ofensiva final” .

Así, la esperada “toma del Palacio de Invierno” se aguó en la sopa. El salón de la Casa Rosada estuvo vacío de rostros empresariales (inclusive de muchos de los empresarios amigos de la casa), de la gran mayoría de los embajadores invitados y hasta de muchos gobernadores. Las plateas estuvieron colmadas de ministros, secretarios de Estado, legisladores y funcionarios menores.

La Presidente reemplazó las medidas que sus cuadros esperaban con 80 minutos de relato (muchos de cuyos capítulos estaban previamente desmentidos por Caraballo, por el hermano y la hija de David Graiver, así como por fiscales y jueces que en el gobierno de Raúl Alfonsín analizaron el caso y determinaron una cuantiosa indemnización por los bienes de que la dictadura les enajenó). La decepción cundió en las filas oficialistas cuando, al llegar a la parte resolutiva del extenso discurso, en lugar de aquellas que aguardaban hubo la mención a un futuro proyecto de ley declarando de utilidad pública la producción de papel para diario y el anuncio de que se girarían al jefe de los abogados oficiales las fojas redactadas por Guillermo Moreno para que analizara las acciones judiciales que correspondieran.

La guerra no ha terminado

Para Néstor Kirchner (y se notaba en su rostro, que suele reflejar sus sentimientos, particularmente cuando trata de disimularlos) el retroceso determinado por los hechos representó un fuerte golpe. El sabía que debía exhibir -en primer lugar a su propia tropa- una demostración de poder en la guerra que ha lanzado contra Clarín y sabía también que la vacilación sería contabilizada como un nuevo signo de debilidad. No ha podido poner en ejecución la ley de medios que hizo votar en 2009 por el Congreso que dominaba ni consiguió tampoco el pronunciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos con el que aspiraba a golpear a la señora Herrera de Noble, recibió un aluvión de cuestionamientos por la pretensión de eliminar a la empresa Fibertel, proveedora de banda ancha. Son muchas muestras de impotencia.

En Olivos hubo de inmediato un análisis de la situación y los obvios pases de factura: duras críticas dedicadas a los que debían garantizar las presencias empresariales, broncas monumentales con los que debían proveer información anticipada sobre la familia Graiver (¿nadie en el costoso sistema de inteligencia advirtió que Isidoro Graiver tendría algo que decir del plan que, invocando los sufrimientos de esa familia, pretendía echar mano a las acciones de Papel Prensa en manos privadas?). Después de ese balance sobre culpas ajenas, la decisión fue volver al ataque.

Derechos humanos y patrimonio

Si alguien pudo pensar que la derivación del tema a la Justicia y al Congreso anunciada por la Presidente podía abrir un espacio a alguna negociación, Néstor Kirchner se encargó rápidamente de disuadirlo: el lenguaje se volvió más hostil y se ordenaron nuevas operaciones, esta vez contra una empresa de cable del Grupo Clarín. Queda claro: Kirchner no se conforma con ningún empate.

Por ahora va perdiendo. La Argentina de Kirchner se ve ahora más aislada, observada por el maltrato a la prensa y por la inseguridad jurídica que puede traducirse en que, apoyándose en un relate falso, el gobierno puede determinar la expropiación de una empresa y el enjuiciamiento de sus accionistas, alentar el acoso sindical a una firma o torcer las estadísticas para perjudicar a tenedores de bonos de la deuda soberana.

Los empresarios, que hasta hace muy poco vacilaban con temor antes de exhibir algún reparo hacia la Casa Rosada, han comenzado a tomar distancia y a ganar en autonomía.
El gobierno, por su parte, ha devaluado brutalmente su conexión con una de las banderas que más rédito le diera desde sus comienzos: la de los derechos humanos. Al vincular la cuestión de los derechos humanos a un enfrentamiento faccioso, al “construir una nueva teoría de los hechos” (elegante expresión que Gustavo Caraballo utilizó como sinónimo de falsear la verdad) y emplear la excusa del terrorismo de Estado para tomar el control de una empresa el oficialismo ha abierto una brecha que le hará mucho daño, entre los derechos humanos como reivindicación socialmente respetada y compartida y “Derechos Humanos S.A.”, es decir, la conexión de esa bandera sagrada con intereses menores, políticos o crematísticos.